El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, ha asegurado este lunes que su departamento está al día en el pago por el servicio de asistencia jurídica gratuita, mientras que el grupo Popular ha afirmado que ese pago se retrasa hasta en cinco meses.
Hernández Spínola y el diputado del grupo Popular Antonio Luengo mantuvieron esas diferencias en la comisión parlamentaria en la que el consejero compareció a instancias del principal grupo de la oposición para tratar sobre el servicio de asistencia jurídica gratuita al que se acogieron durante 2014 unas 55.000 personas en Canarias.
Según el consejero, ese servicio, reconocido por la Constitución, tiene como finalidad garantizar el acceso judicial a aquellas personas que no tienen recursos, y ha señalado que la ciudadanía precisa cada vez más de este servicio, por lo que a lo largo de la legislatura su departamento le ha prestado una cobertura preferente y le ha destinado este año 16,3 millones de euros para su financiación.
Ha insistido en que la Consejería está al corriente de los pagos de ese servicio con abogados y procuradores, y ha explicado que ya se han pagado tres trimestres de 2014 y próximamente se pagara el último del año.
Ante las afirmaciones del diputado Antonio Luengo de que una de las reclamaciones de los colegios oficiales de abogados y procuradores es que se aumente el importe del baremo por procedimientos, Hernández Spínola ha dicho que el baremo que se cobra en Canarias es uno de los más alto de España y muy superior al se cobra en el territorio del Ministerio de Justicia y en comunidades gestionadas por el PP, como la de Madrid.
El consejero se refirió a las tasas judiciales y al respecto ha subrayado que de los 15 millones de euros que se recaudaron por este concepto hasta julio de 2014 en Canarias, el Ministerio de Justicia no ha dedicado ni un euro a financiar la asistencia jurídica gratuita.
Ha señalado que en la última visita del ministro de Justicia, éste le adelantó la firma de un convenio para destinar los 500 millones de euros que se han recogido en toda España por este concepto para ayudar en la financiación de este servicio pero hasta la fecha no tiene noticia de su desarrollo.
El consejero ha señalado que se está pendiente de qué es lo que ocurre con el proyecto de ley que modifica la presentación de la asistencia jurídica gratuita, que se encuentra “encallado” en el Congreso y que ha sido muy contestado, entre otros, por el Consejo de Abogacía.
Además se ha referido a la puesta en marcha dentro del programa Atlante de una aplicación informática para las comisiones de asistencia gratuita en los colegios profesionales, que ya se ha implementado en Gran Canaria y próximamente se hará en Tenerife y Lanzarote.
Antonio Luengo, del grupo Popular, ha recordado que el derecho de asistencia de justicia gratuita tiene su encaje en la Constitución y en la normativa estatal y ha considerado que es de vital importancia no solo para los justiciables de la comunidad autónoma sino también para los profesionales que lo ejercen y que sólo en Tenerife ascienden a 800.
Al respecto puso en valor la labor de los abogados y procuradores que desempeñan este servicio que se gestiona desde el punto de vista privado por los colegios profesionales y ha criticado la “complacencia” del consejero ante la labor que realiza el departamento que dirige.
Luengo ha aludido a que los colegios profesionales piden un aumento de los baremos, que se redujeron en 2010, y se quejan del retraso en el pago del servicio, que se cobra a mes vencido, lo que hace que los profesionales tengan que prefinanciarlo.
Manuel Fajardo, del grupo Socialista, ha subrayado que se trata de una protección constitucional y ha afirmado que durante esta legislatura se ha abordado este tema con bastante seriedad con los límites presupuestarios impuestos.
Ha señalado que “gracias a dios” está hibernando el nuevo proyecto de ley de asistencia gratuita y también ha agradecido que se de marcha atrás a la ley de tasas.
Marisa Zamora, del grupo Nacionalista, se ha congratulado de la eliminación de las tasas judiciales, cuyo objetivo era recaudatorio, y ha señalado que el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo con la justicia gratuita.
Ha mostrado su preocupación por el proyecto de ley que parte ha sido avanzado por un decreto donde incorpora aspectos “horribles” como una presunción de abuso de derecho por parte de la ciudadanía.