El Gobierno de España no considera que, en base a la ley de Memoria Democrática, deba revisar de oficio y revocar la Cruz de la Orden de la Guardia Civil que recibió en 2014 el exjuez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por cohecho, prevaricación y falsedad, ya que no se concedió en periodo predemocrático.
Es la respuesta del Ejecutivo central a una pregunta al senador de Compromís Carles Mulet, que había alegado que la condena del exjuez “de extrema derecha” incluye la pérdida “de todos los honores anejos a su condición de juez”.
“El juez corrupto Salvador Alba irá a la cárcel luciendo la Cruz de la Orden de la Guardia Civil que el Gobierno de Rajoy le concedió en 2014 con distintivo blanco, de la que se hacen acreedoras personas que destaquen por su conducta ejemplar o sus relevantes cualidades profesionales”, apuntaba Compromís.
Mulet preguntaba así por las medidas que iba a adoptar el Gobierno, “bien a iniciativa propia, bien en coordinación con la Guardia Civil, para retirar la Cruz del Orden a todas aquellas personas a las que se les haya concedido y se haya constatado con posterioridad no cumplían los requisitos de conducta ejemplar”.
Sin embargo, en su respuesta el Gobierno ha señalado que “cada una de las propuestas y concesiones de recompensas de la Orden al Mérito de la Guardia Civil se corresponden con actos administrativos individuales e independientes, cuya motivación de propuesta atiende a unos méritos y circunstancias únicas, concurrentes en un momento temporal específico, cuya veracidad ha sido atestiguada en el curso del correspondiente expediente administrativo”.
Por otro lado, el Gobierno señala que la ley de Memoria Democrática establece la revisión de oficio y la revocación de este tipo de honores son aplicables a las resoluciones de concesión de recompensas “anteriores a la entrada en vigor de esta Ley”.