El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de San Sebastián de La Gomera ha ordenado la suspensión de la expulsión definitiva del alcalde y una concejala del PSOE de Valle Gran Rey. La dirección socialista en las Islas tomó la decisión de retirarles el poder en el municipio por negarse a votar la candidatura de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en lugar de la propia, poniendo así “en riesgo” el apoyo del partido que dirige Casimiro Curbelo al gobierno de Ángel Víctor Torres. Así, la magistrada María Lourdes Goya Ravelo ha dispuesto la imposición de costas del proceso cautelar a los demandados, y los demandantes deberán pagar el importe de 500 euros como caución para responder de los daños y perjuicios que la adopción de la suspensión pudiera causar en el patrimonio del partido demandado.
La jueza establece que debe admitirse la suspensión ante “el riesgo real de pérdida de los bienes o derechos en juego” de los solicitantes, pues “no podrían participar en la organización del partido mientras se sustancia el proceso, de forma que cuando se dicte la sentencia, si esta fuera estimatoria, sería imposible reintegrarlos en dicha participación en los debates pasados, elecciones internas, o incluso le podría afectar en la participación de las listas de cara a elecciones futuras y estarían privados de las condiciones políticas, materiales y económicas de las que ahora han venido disfrutando, imposibilitando su derecho de participación política en condiciones de igualdad”.
La magistrada entiende que el PSOE incumplió su propio estatuto al expulsar al alcalde Cristopher Marrero y a la concejala de Bienestar Social, Festejos y Juventud, Sabina Rodríguez, ya que no se esperó a que presentaran alegaciones “por lo que se han podido vulnerar derechos fundamentales al no notificarse el periodo probatorio, ni notificar pliego de cargo alguno, limitándose a notificar la expulsión”.
En noviembre de 2019, el alcalde y la concejala se quedaron sin sueldo, después de que el pleno de Valle Gran Rey confirmara el paso de los ediles al grupo de no adscritos, por lo que interpusieron un contencioso contra el Ayuntamiento. El objetivo era además que los propios jueces presentaran una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley Canaria de Municipios por equiparar a los expulsados con la figura del tránsfuga.
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, Roi López Encina, acordó reponer sus salarios. Además, el mismo juez planteó el pasado 2 de junio un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 28 de la ley de los municipios de Canarias, por considerar que contraviene el 23 de la Carta Magna referido al derecho a la participación política y el 149 sobre las competencias estatales. El auto recuerda que Marrero y Rodríguez pasaron a ser considerados no adscritos tras ser expulsados del partido por el que concurrieron a las elecciones cunado ya había sido elegido alcalde el primero de ellos. Cristopher Marrero continúa gobernando en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, con el apoyo de Nueva Canarias y Sí se Puede, cada uno con otros dos concejales.
“No estamos ante una medida sancionadora adoptada con la finalidad de convertir en inoperativa poliÌticamente la previa salida del grupo poliÌtico para alcanzar la alcaldiÌa”, recoge el auto. “Antes al contrario: la salida del grupo poliÌtico la provoca la propia medida sancionadora, que (...) no se impone a concejales que previamente han abandonado el partido para alterar el reÌgimen de mayoriÌas derivado de los resultados electorales obtenidos por los respectivos grupos o partidos, sino a aquellos, que desde el seno de la propia agrupacioÌn, alcanzan la alcaldiÌa bajo las mismas siglas con las que se presentaron a las elecciones”.
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