El recién elegido alcalde de La Oliva (Fuerteventura), Domingo González Arroyo, ha defendido este martes su inocencia después de que una sentencia lo inhabilite para ejercer cargos municipales durante nueve años por prevaricación por la explotación de una cantera y no piensa dimitir.
“Parece que no gusta que vuelva a ser alcalde”, ha señalado González Arroyo, que hace dos semanas recuperó la presidencia de la Corporación después de tres legislaturas de ausencia.
Una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, ha condenado al regidor de La Oliva por haber permitido el funcionamiento en el Lomo del Pájaro de una cantera “que ha causado un importante perjuicio al paisaje protegido de Fuerteventura, sin que se haya ofrecido la posibilidad de rehabilitación o restauración del daño causado”.
El líder del PPMajo ha asegurado, en declaraciones a Efe, que este expediente lleva 20 años y fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el 2003 cuando él era diputado autonómico “porque no había material”.
El actual consejero en el Cabildo de la isla ha señalado que la finca donde se encuentra la cantera fue heredada de su padre y vendida por él en 1984 y “todo eso fue posterior”, cuando la finca no era ya suya.
El que fuera durante más de 20 años alcalde de La Oliva hasta que los nacionalistas le arrebataron la alcaldía en 2003, ha señalado que respeta el trabajo de la Justicia, pero anuncia que apelará ante la Audiencia de Las Palmas e, incluso, llegará al Tribunal Supremo.
González Arroyo, al que aún no han notificado la sentencia, ha subrayado que no es “un prevaricador” y que no piensa dimitir, porque solo estará “condenado cuando acabe el último tribunal”.
“No tiene sentido que se me inhabilite como alcalde y no como consejero del Cabildo”, apunta González Arroyo, pues la sentencia no lo inhabilita de su puesto de consejero en el Cabildo majorero, donde su partido obtuvo representación con dos consejeros tras las elecciones del 24 de mayo.
La sentencia también condena a dos concejales a inhabilitación para cargo y empleo público durante nueve años por prevaricación y a un técnico por ser cómplice responsable del delito de prevaricación a cuatro años de inhabilitación para cargo o empleo público.
Por otro lado, la que fuera alcaldesa de La Oliva hasta las elecciones de mayo, Claudina Morales (CC), ha señalado a Efe que este fallo “no es firme y tiene la posibilidad de recurrir, pero de todas formas no es una imputación sino una sentencia”.
Según la nacionalista, la sentencia a la que se enfrenta el primer edil de La Oliva añade “más incertidumbre a la inestabilidad que ya hay en el Ayuntamiento”, donde González Arroyo gobierna en minoría con cinco concejales tras no haber sido posible llevar a cabo ningún pacto de gobernabilidad tras las elecciones.