La jueza del caso Grúas continúa la instrucción y llama a declarar al primer dueño de la empresa
La jueza titular de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco, ha decidido continuar investigando el llamado caso Grúas, en el que se encuentran involucrados, entre otros, el expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el exalcalde de la ciudad, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
La magistrada ha citado a declarar para el día 14 de noviembre en calidad de testigos a José Padilla, primer propietario de Grúas Poli, la empresa que en 2004 ganó el concurso para la prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública. Ese mismo día deberá declarar también como testigo el actual propietario, José Tacoronte, que se hizo cargo de la empresa después de que esta pasara por las manos de un grupo de trabajadores.
Estas testificales, a las que se unen las de otras cuatro personas el día 15 de noviembre, muestran que la jueza instructora ha decidido continuar adelante con las investigaciones a pesar de tener pendiente de resolver la petición de Fernando Clavijo de que la causa sea remitida al Tribunal Supremo dada la condición de senador por la Comunidad Autónoma a la que accedió una vez se constituyó el Parlamento tras las últimas elecciones autonómicas y después de haber perdido el aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía cuando aún era presidente de la Comunidad Autónoma.
Los testimonios del primer propietario y del actual dueño de Grúas Poli pueden ser trascendentales. En el primer caso, para comprobar si José Padilla se ratifica en todas las afirmaciones que ha hecho primero ante la Guardia Civil y luego ante diferentes medios de comunicación de que fue presionado por Fernando Clavijo para que contratara a una serie de trabajadores, algunos de los cuales luego se convirtieron en propietarios al verse obligado a venderles la empresa y la concesión por presiones que él mismo situó en el entorno del Ayuntamiento, que le retrasaba los pagos por el servicio para hacerle pasar penurias económicas.
Tacoronte, por su parte, habrá de explicar cuáles fueron los trámites para que adquiriera una empresa con 700.000 euros de pérdidas después de la mala gestión que aquellos trabajadores hicieron en el corto intervalo entre ambos propietarios.
