Clavijo insiste ante la jueza del caso Grúas para que lo mande al Supremo
El expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo ha vuelto a pedir a la jueza instructora del caso Grúas que envíe la causa al Tribunal Supremo por su condición sobrevenida de senador por la Comunidad Autónoma. En un escrito presentado por su abogado, José Antonio Choclán, el investigado se queja de que la Fiscalía aún no se haya pronunciado sobre su primera petición en el mismo sentido, y ha recordado a la magistrada que no ha perdido su condición de senador a pesar de haber sido disueltas las Cámaras ante la convocatoria de unas nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre próximo.
Clavijo forma parte de la Diputación Permanente del Senado y no ha de revalidar su escaño ante las urnas por ser un senador designado por una comunidad autónoma, por lo que su mandato expirará cuando lo haga la legislatura autonómica, no la nacional.
Fernando Clavijo aprieta a la jueza para esquivar que sea el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna el que instruya el caso Grúas, en el que se le investiga a él y al último alcalde de su partido, Coalición Canaria, por la gestión del servicio de retirada de vehículos de la vía pública en esa ciudad patrimonio de la humanidad. El investigado ha intentado desde el principio mantener su privilegio de aforamiento, primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por su condición de presidente del Gobierno autonómico, y ahora ante el Senado, después de conseguir que el Parlamento regional le designara como senador después de haber declarado públicamente que su intención era ejercer la oposición como presidente del grupo parlamentario de Coalición Canaria.
La aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias en noviembre de 2018 impidió que se le mantuviera su aforamiento ante el TSJC, a pesar de varios recursos en sentido contrario. Y ahora las acusaciones se han opuesto a que se le afore ante el Supremo por lo avanzada que está la instrucción y por tratarse de hechos que sucedieron cuando el investigado ni siquiera era aforado en la Comunidad Autónoma porque ejercía como alcalde de La Laguna.
