El juez promotor de la Acción Disciplinaria ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha imputado al juez Salvador Alba dos faltas muy graves -inobservancia del deber de abstención y revelación de secretos- y una falta grave -exceso o abuso de autoridad al desviarse del objeto de las diligencias penales para adentrarse en una investigación ajena al procedimiento- derivado de su actuación al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de la magistrada Victoria Rosell, entre el 3 de noviembre de 2015 y el 3 de mayo de 2016.
Estas infracciones pueden ser castigados con la separación de la carrera judicial, decisión que sólo puede tomar el pleno del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, según explica este jueves Canarias 7, Fonseca-Herrero por el momento ha cerrado la primera fase de la tramitación del expediente disciplinario incoado al juez el pasado 8 de noviembre calificando las faltas que él entiende que ha cometido tras tomarle declaración como expedientado durante dos horas en la sede del CGPJ en Madrid el pasado 29 de noviembre y practicar otra serie de diligencias, entre otras llamar a declarar el pasado diciembre en calidad de testigo al empresario Miguel Ángel Ramírez.
Las explicaciones dadas por Alba ante Fonseca-Herrero y ante el teniente fiscal del Supremo Luis Navajas no parecen haber resultado muy convincentes ya que el promotor de la Acción Disciplinaria ha confirmado la imputación de las tres faltas por las que abrió el expediente al juez a raíz de la denuncia inicial de la magistrada Victoria Rosell, ampliada después de oficio por el propio Fonseca-Herrero con las grabaciones.
En el caso de que el juez promotor no decida ordenar practicar nuevas pruebas, en las próximas semanas podría formular la propuesta de resolución del expediente para su remisión al pleno del Consejo General del Poder Judicial. De todos modos, la decisión final llegará después de que se resuelva el proceso penal que el magistrado Alba tiene abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que se le imputa hasta cinco delitos: revelación de secretos, prevaricación judicial, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, delitos contra la Administración de Justicia y falsedad.
El Promotor de la Acción Disciplinaria entiende que el magistrado investigado pudo cometer una falta grave de exceso o abuso de autoridad al desviarse del objeto de las diligencias penales para adentrarse en una investigación ajena al procedimiento. Además, entiende que se pudo cometer la falta muy grave de revelación de secretos al filtrarse al diario El Mundo y a La Provincia el contenido de un informe que Alba envió al Tribunal Supremo fruto de aquella declaración de Ramírez para ser incorporado a la querella que el ex ministro José Manuel Soria interpuso contra Victoria Rosell. Esa querella se encuentra en estos momentos tramitándose en el TSJ de Canarias.
A ello hay que añadir que Salvador Alba pudo haber cometido otra infracción muy grave al no haberse abstenido en todo lo referido a Victoria Rosell por existir enemistad manifiesta hacia ella, sentimiento que se demostraría en la grabación incorporada al expediente donde se le oye llamarla “cabrona, hija de puta”.
El expediente disciplinario contra Salvador Alba se generó después de las diligencias informativas abiertas tras una denuncia de la magistrada Victoria Rosell, a la que se unió el 11 de mayo el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ tras divulgarse en eldiario.es la grabación registrada por el empresario Miguel Ángel Ramírez de una conversación que mantuvo con el magistrado. En esa conversación, celebrada en el despacho de Alba el 13 de marzo pasado, éste ofrecía al empresario beneficios en una causa por fraude fiscal que se sigue en Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria a cambio de que se prestara a declarar en contra de Rosell.