La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ultima estos días el traslado del exjuez corrupto Salvador Alba Mesa a la prisión de Estremera, en Madrid, para el cumplimiento de la condena de seis años y medio de cárcel que le fue impuesta por conspirar en 2015 y 2016 contra la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. El traslado desde Gran Canaria a Madrid es inminente, probablemente este próximo miércoles, y se realizará en avión, sin que las fuentes consultadas por este periódico hayan podido concretar en qué tipo de vuelo. No se descarta que su destino final no sea la prisión madrileña sino Sevilla 1.
Durante los once días transcurridos desde que ingresó en la prisión Las Palmas I (Salto del Negro), el exjuez ha sido sometido a la preceptiva evaluación por parte de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias en aplicación del protocolo vigente ante presos que hayan tenido relación con la persecución de delitos (policías, militares, guardias civiles, jueces o fiscales), al tiempo que se le ha sometido a un protocolo de aislamiento respecto al grueso de la población reclusa para evitar incidentes.
Fuentes de la prisión han dicho que Salvador Alba ha presentado un comportamiento normal y que se ha adaptado bien a la disciplina carcelaria. Desde su ingreso viste chándal y luce en su cabellera una pequeña coleta.
Pero su condena sólo puede ser cumplida en alguna de las cinco prisiones con módulos habilitados para este tipo de condenados. Estremera y Sevilla 1 son dos de ellas. Inicialmente será trasladado a la de Madrid por vía aérea a pesar de que en su momento el penado presentó un certificado médico en el que se desaconsejaba ese medio de transporte. Los forenses, tanto de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife, han concluido que ninguna de las dolencias médicas que ha alegado Alba le impiden cumplir su condena en una cárcel.
La Sala de lo Penal del TSJC, encargada de ejecutar la sentencia que condenó a este exjuez a seis años y medio de prisión, 18 de inhabilitación, el pago de 60.000 euros de indemnización a su víctima y 12.150 de multa, ya ha declarado, a instancias de Instituciones Penitenciarias, lo que se conoce como liquidación de condena por la que se fija que el cumplimiento de la pena de cárcel concluirá el 13 de abril de 2029, casi diez años después de que fuera condenado.
Así las cosas, de todas las penas impuestas, a este exjuez le queda por satisfacer la de la multa de 12.150 euros que viene pagando desde hace ocho meses a razón de 587,57 euros al mes al declararse insolvente por la pérdida de ingresos profesionales. Alba perdió definitivamente la condición de juez en marzo pasado, fecha a partir de la cual dejó de percibir un salario base de 1.800 euros al que tenía derecho pero que ha de devolver una vez su condena adquirió firmeza y resultó expulsado definitivamente de la carrera judicial. El Ministerio de Justicia habrá de reclamarle unos 70.000 euros.
Además, tiene pendiente la reclamación que le ha hecho la compañía de seguros Allianz, que tuvo que responder por los 60.000 euros de indemnización a los que fue condenado. A esa cantidad habría de añadirse las costas judiciales que aún debe a la parte acusatoria y la minuta de sus abogados, Nicolás González-Cuéllar y Pedro Ayala, así como las periciales de las que se valió para tratar de defender su inocencia en el juicio que se celebró en junio de 2019.
Salvador Alba ingresó voluntariamente el pasado día 18 en la prisión del Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria, pocas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decretara una orden de busca y captura contra él por haber incumplido el plazo que se le había dado.
En los próximos días será trasladado al centro penitenciario Madrid VII, en Estremera, a la que entrará luciendo la Cruz de la Orden de la Guardia Civil con distintivo blanco que le fue concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. De ese Gobierno formaba parte el ministro José Manuel Soria, quien aparece citado una decena de veces en la sentencia del exjuez Alba como beneficiario directo de las artimañas que le conducen ahora a la cárcel. El Ministerio del Interior alega que no se le puede retirar porque no está previsto en el reglamento de concesión.