La causa contra Salvador Alba se encuentra paralizada desde hace dos semanas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sin magistrado que la instruya. La designada en un principio, Margarita Varona, se ha apartado temporalmente del procedimiento hasta que se resuelva de forma definitiva el incidente de recusación que contra ella presentó el juez, investigado por la presunta comisión de hasta seis delitos en la operación maquinada para perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell, exdiputada de Podemos por la provincia de Las Palmas. Por su parte, Ricardo Moyano, que ya sustituyó a Varona en junio, tampoco ha asumido las competencias sobre las actuaciones y el pasado viernes preguntó por escrito al TSJC a quién corresponde ahora la instrucción ante las dudas suscitadas.
La clave de este limbo en las diligencias previas 10/2016 se encuentra en la respuesta de la Fiscalía a la penúltima maniobra de Alba para intentar apartar a la primera instructora. Varona retomó la causa después de las vacaciones de agosto. Antes, el 18 de julio, el TSJC, a través de un auto dictado por César García Otero, había rechazado el incidente de recusación presentado contra ella por el juez investigado. Sin embargo, Alba sostiene que ese auto no es firme porque ha reclamado al alto tribunal canario una aclaración sobre el mismo y entiende, por lo tanto, que la magistrada no puede intervenir en el procedimiento. Al compartir este criterio del juez, el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, forzó el pasado 18 de septiembre a la magistrada del TSJC a volver a apartarse de la causa.
En este rompecabezas judicial entra otra pieza, la del sustituto, Ricardo Moyano, y un debate de fondo, el que trata de determinar si se puede o no se puede recurrir la inadmisión de un incidente de recusación. El propio Moyano ya ha reclamado una aclaración al respecto para determinar si debe instruir la causa. Y es que numerosos tribunales, entre ellos la Audiencia Nacional, han manifestado que ese tipo de auto no es recurrible, salvo en un efecto puntual. Según este criterio, sólo se podría revisar el auto que rechazó apartar a Varona de la causa si Alba hubiera recusado también a García Otero, el juez que dictó esa resolución, algo que no ha hecho.
Y a pesar de lo manifestado en su anterior escrito, es el criterio que ahora, en un último informe notificado a las partes esta misma semana, ha adoptado también el fiscal jefe. En su exposición, Vicente Garrido explica que García Otero se ha alejado de la interpretación de la Audiencia Nacional y de otros tribunales sobre la mencionada controversia jurídica y ha aceptado que un órgano superior, en este caso la Sala de lo Penal del TSJC, pueda revisar su auto con la aspiración de “revestir su decisión de mayor garantía”.
Estas diferencias de criterio son las que han llevado a Ricardo Moyano a pedir un pronunciamiento al propio instructor del incidente de recusación y a no responder, de momento, al último escrito que le ha dirigido la defensa del juez Alba con el convencimiento de que debe ser él quien instruya. Con Varona apartada y su sustituto sin saber si debe intervenir en la causa o no, se han tenido que suspender declaraciones previstas en una investigación que ya se encuentra en su fase final después de más de 16 meses de instrucción.
La Fiscalía vuelve a oponerse a la recusación
La Fiscalía ha emitido tres escritos en relación a la recusación planteada por Salvador Alba contra Margarita Varona. El primer informe, fechado en junio, rechazaba las pretensiones del juez, al que acusaba de presentar ese escrito con el “evidente ánimo” de dilatar la causa, de establecer “artificiosas uniones” y exponer “desvariadas ideas” en su “intento de apartar a una magistrada que está en condiciones de decidir mediante resolución judicial qué cauce procesal debe seguir el procedimiento”. Garrido llegó a calificar de “abuso de derecho” la actuación de la defensa del juez, ejercida por el abogado Nicolás González-Cuéllar, letrado particular también del exministro José Manuel Soria.
En su segundo escrito, la Fiscalía sí que se posicionó del lado de Alba al concluir que el auto que rechazaba la recusación de Varona no era firme y que, por lo tanto, la magistrada debía volver a inhibirse en el procedimiento, hecho que se consumó el pasado 18 de septiembre.
Sin embargo, el último escrito del Ministerio Público ha supuesto un nuevo varapalo para el juez investigado. Y es que, además de poner de relieve que Alba sólo podía recurrir el auto del 18 de julio si recusaba a su vez al juez que lo dictó, César García Otero, vuelve a entrar en el fondo del asunto y se opone de nuevo a apartar a Varona de la causa. Los argumentos son exactamente los mismos que los que esgrimió en el primer informe. Ni la instructora tenía un interés “directo o indirecto” en facilitar la personación de Victoria Rosell como acusación particular en el proceso, en calidad de víctima, ni una “predisposición” contra el juez investigado por haber archivado ya la querella que el exministro José Manuel Soria había interpuesto contra la exdiputada de Podemos y que el Supremo había admitido gracias a un informe redactado por el propio Salvador Alba.
El juez, que a lo largo de la instrucción ha presentado más de treinta recursos e incidentes, ha extendido sus actuaciones contra la magistrada que lo investiga al ámbito disciplinario y ha presentado una denuncia contra Margarita Varona ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A su vez, el órgano de gobierno de los jueces mantiene en suspenso una propuesta para expulsar de la carrera judicial a Salvador Alba por una falta muy grave de desatención en el cumplimiento de sus deberes. La decisión definitiva ha quedado aplazada hasta que se resuelva la causa penal en su contra en el TSJC. Además, el CGPJ mantiene abierto otro expediente disciplinario contra el juez por grabar a otros compañeros en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas mientras hablaban de asuntos judiciales.