Prevaricación, malversación, fraude a la Administración, falsedad documental, cohecho, blanqueo de capitales… Y pertenencia a organización criminal. Prácticamente todos los delitos incluidos en el catálogo de la corrupción han sido atribuidos al expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés, de Coalición Canaria, en el auto por el que se iniciaron las investigaciones del conocido como caso Minutas en el que también se investiga al abogado Ignacio Calatayud, a la esposa de este y a la empresa de la que es titular el ineludible Felipe Fernández Camero, la salsa de todos los platos de corrupción en la isla las últimas décadas.
La investigación, que lleva el Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife, se inició hace más de un año a raíz de las acciones judiciales emprendidas por el Consorcio Insular del Agua y la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa). Ambos organismos dependientes del Cabildo detectaron una supuesta apropiación indebida por parte de Ignacio Calatayud de costas judiciales pertenecientes a ambas entidades por un importe superior a 800.000 euros. Esta sospecha fue puesta en conocimiento de la Asamblea del Consorcio e Inalsa, que acordó iniciar acciones penales para recuperar los fondos públicos sustraídos a ambas entidades aprovechando los procedimientos incidentales que rodearon el concurso de acreedores en que se vio inmersa la empresa pública.
Calatayud, que se iniciaba en los años bajo sospecha en el ejercicio del derecho como profesional independiente, y carecía por tanto de experiencia o especialización que pudiera justificar su elección, fue contratado por Pedro San Ginés de manera supuestamente irregular y sin más méritos que la intensa relación de amistad que sostenía con el que era en esa época presidente del Cabildo y máximo responsable de los entes públicos perjudicados.
Esta relación, llegó a ser reconocida por San Ginés sin que, paradójicamente, se abstuviera de contrataciones en favor de su amigo. Ahora, a partir de la investigación del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil, ha quedado acreditada gracias, entre otras pruebas, a numerosas imágenes intervenidas en varios dispositivos electrónicos que demostrarían la intensidad de ese vínculo pues recogen momentos de especial intimidad, como viajes compartidos y celebraciones privadas.
A lo largo de la investigación, que ha supuesto un año y medio de diferentes pesquisas a cargo del ECO, se ha acreditado que la apropiación de estas costas, pertenecientes a ambos entes públicos, se llevó a cabo con pleno conocimiento y con la complicidad de Pedro San Ginés, quien complementó los onerosos encargos con otros que supusieron para su letrado amigo unos ingresos por un importe de más de 1.500.000 euros.
Un posible delito de cohecho
Los investigadores están detrás del rastro que ha dejado el dinero y si el expresidente insular llegó a recibir alguna cantidad para cuyo blanqueo podría haber recibido la ayuda de los demás investigados.
El auto de incoación ya deja algunas pistas por la relación de los delitos imputados inicialmente a expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, se concretan en prevaricación, malversación, fraude a la administración, falsificación documental, cohecho y blanqueo de capitales que se extienden a deslealtad profesional en el caso de Calatayud.
Sin embargo, el aspecto más llamativo de esta calificación provisional realizada por el magistrado instructor es la inclusión del delito de “pertenencia a grupo u organización criminal”, esto es “la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”.
La organización criminal estaría compuesta, siempre según el auto de incoación, por Pedro San Ginés, Ignacio Calatayud y Juana Fernández de las Heras, esposa de Calatayud e hija del controvertido abogado Felipe Fernández Camero.
La acreditada presencia en el caso y el papel relevante de los integrantes del clan familiar liderado por Fernández Camero ha supuesto, incluso, la imputación en la causa como persona jurídica de su sociedad Adelfas 24 S.L. Una sociedad conocida en el mundo judicial y político insular pues es la sociedad con la que Camero facturó más de un millón de euros al Ayuntamiento de Yaiza por su asesoramiento urbanístico en los contenciosos que enfrentaron al ayuntamiento sureño con el Cabildo. La misma sociedad que facturó y cobró al Ayuntamiento de Arrecife una minuta también cuestionada correspondiente a la fallida defensa del consistorio en el conocido como caso Ginory.
Fue precisamente la consideración como organización criminal de las personas investigadas la que justificó el rastreo de cuentas ordenado por el instructor y el registro llevado a cabo en sus viviendas el pasado 28 de marzo, al considerar los investigadores que “el entramado delictivo (…) fue diseñado y participado por personas con diversos conocimientos técnicos, en tanto ostentan la condición de letrados y presidentes de corporaciones y entes locales, lo que permite inferir que los datos hallados hasta el momento no reflejan la totalidad de los hechos, cuya reconstrucción pretende la instrucción penal y han podido ser ocultados para evitar cualquier tipo de comprobación por parte de los tribunales”.
La casa de San Ginés
Respecto a la empresa Adelfas 24 S.L., la investigación señala que “fue utilizada por el entramado criminal familiar vinculado a la misma para hacer efectiva la entrega de un inmueble al investigado Pedro San Ginés Gutiérrez”. El juez se refería así a la vivienda en la que San Ginés reside desde hace más de una década, y que sigue constando a nombre de Adelfas 24 en el Registro de la Propiedad.
De ahí que investigación de la cesión de esta vivienda a San Ginés constituya un elemento central de las pesquisas del ECO ya que todos los datos obtenidos apuntan a que los pagos realizados por San Ginés están muy por debajo del precio real que alcanzaría en el mercado.
San Ginés ha llegado a reconocer haber pagado casi 100.000 euros en dinero negro, lo que ha conducido a sospechar que es un intento del investigado por eludir la acusación de cohecho. Un intento que parece condenado al fracaso toda vez que el representante de Adelfas 24, Felipe Fernández Camero, se negó a confirmarla en su comparecencia ante el instructor.
Tampoco ayuda al líder local de Coalición Canaria la declaración voluntaria de Juana Fernández de las Heras ante la Guardia Civil. La hija de Fernández Camero firmó como apoderada de la mercantil varios de los contratos referidos a la vivienda, y sostuvo de manera espontánea ante preguntas de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que el precio fue de “270.000 euros aproximadamente” y que “todos los pagos se realizaron mediante transferencias bancarias, y que consta en las cuentas anuales de la mercantil», lo que desmontaría la supuesta confesión de San Ginés.