El juez Salvador Alba Mesa, condenado a seis años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad documental, quiere que la justicia le trate como a un indigente. Al menos en lo que concierne a la multa a la que también ha sido condenado, un total de 12.150 euros, a razón de 15 euros diarios durante 27 meses. En un escrito que su abogado elevó esta misma semana al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el juez corrupto ha pedido que esa cuota se rebaje a los dos euros diarios, una cantidad que, según la jurisprudencia, sólo es de aplicación a personas indigentes, y que en este caso se vería reducida a 1.620 euros, solo el 13,3% de la condena impuesta.
Para reclamar esa gracia, Alba ha alegado que desde 2018 ha visto reducidos sus ingresos como consecuencia de la decisión del Consejo General del Poder Judicial de suspenderlo en sus funciones al decretarse la apertura de juicio oral en su contra. Desde entonces, no obstante, cobra un sueldo de más de 1.800 euros netos al mes correspondiente a las retribuciones mínimas que perciben todos los jueces y juezas de España sin complementos. Esa cantidad, no obstante, la deberá devolver al haber sido condenado, de acuerdo con el reglamento que opera para estos casos, según ha asegurado a este periódico una fuente oficial del Consejo General del Poder Judicial. En total, el juez corrupto habrá de devolver unos 80.000 euros.
El dinero es un asunto que parece acuciar bastante a Salvador Alba. No solo ha solicitado que se rebaje su multa a la cantidad que él mismo como juez sólo podía aplicar en su caso a personas indigentes, sino que además, quiere que se le permita pagarla a plazos.
Casi tres meses después de que el Tribunal Supremo convirtiera en firme su condena, Alba Mesa todavía no ha pagado ninguna de las condenas dinerarias que se incluyeron en su sentencia. La indemnización de 60.000 euros a la víctima de sus delitos, la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, fue satisfecha por la aseguradora Allianz, que en su día afianzó al juez Alba cuando se decretó la apertura de juicio oral. El condenado intentó sin éxito que esa indemnización la pagara el Estado alegando que sus delitos fueron en realidad errores, que es la única vía que prevé la ley para que sea el erario público quien sufrague las consecuencias los mismos. Alba no cometió errores, cometió delitos, y así lo establece la sentencia contra la que trata de combatir a pesar de haberse convertido en firme el pasado mes de noviembre de 2021.
Allianz, por su parte, intentó que el TSJC le reclamara primero al condenado para, en su defecto, hacer valer el aval depositado, pero la Sala de lo Penal del tribunal canario ordenó que la aseguradora ingresara los 85.000 euros que afianzó, no sólo para poder pagar la indemnización a Rosell, sino también para hacer frente a los intereses legales y las costas en primera instancia a las que el juez corrupto fue también condenado. A partir de ahora, Allianz podrá repetir su cliente si quiere cobrarle las cantidades pagadas a su favor.
La pensión alimenticia a su primer hijo
Pero no solo combate Alba contra las decisiones judiciales en el terreno exclusivo de su sentencia condenatoria, que adquirió firmeza tras su paso por el Supremo el pasado mes de noviembre. También ha acudido a la jurisdicción civil para tratar de ahorrarse la pensión alimenticia que desde hace años ha venido pagando a su hijo mayor, el que tuvo en su primer matrimonio con una abogada cordobesa.
Alba pidió a la justicia en diciembre pasado que la pensión de 500 euros mensuales que transfería a su hijo fuera suprimida, o que en su defecto, se adaptara a sus actuales circunstancias salariales. Una jueza de Telde resolvió finalmente que el juez continúe pagando la pensión a su hijo primogénito, pero reducida a la mitad (250 euros) y hasta junio próximo, fecha en la que se prevé que el joven acabe sus estudios y pueda ser ya una persona independiente.
Sólo estará exento Alba de pagar la pensión alimenticia si antes de junio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba echándolo definitivamente de la carrera judicial y, en consecuencia, el Ministerio del Interior cancela el pago de su nómina actual.
Para enfrentarse a este caso civil, Salvador Alba se hizo con los servicios del abogado Jorge Alberto Rodríguez Pérez, ex alto cargo del PP, ex senador de ese partido y reciente candidato frustrado a los órganos de control de la Radio Televisión Canaria. Rodríguez intentó ser juez suplente del TSJC en la última convocatoria lanzada por el Poder Judicial, pero tuvo que renunciar al descubrirse que en su solicitud ocultó una causa concreta de incompatibilidad: haber intervenido como abogado en una causa que se vio en la instancia en la que pretendía ser juez.
Jorge Rodríguez, experto en pleitos urbanísticos y empresariales, pidió a la jueza de Telde que resolvió este pleito de familia que le permitiera querellarse contra la exmujer de Alba, su abogado y su procuradora, por considerar que en su escrito de contestación de la demanda y durante el juicio, que se celebró en enero pasado, se vertieron afirmaciones que pudieron haber sido atentatorias contra el honor y el buen nombre de su cliente, Salvador Alba. La jueza le denegó la licencia para la querella alegando que las afirmaciones vertidas quedaban amparadas en el derecho a la libertad de expresión.