El juez corrupto Salvador Alba Mesa no esperó un solo día para insistir en su estrategia de esquivar la prisión. El mismo 1 de septiembre, al término de las vacaciones judiciales, su abogado, Nicolás González-Cuéllar Serrano, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un escrito reiterando que su cliente sufre unas enfermedades que son incompatibles con la cárcel. “Ante la gravedad de la enfermedad diagnosticada”, dice de una de ellas, “y su persistencia, solicitamos sea valorada la misma por los médicos forenses designados por este tribunal”.
Dos días después de ese escrito, Salvador Alba Mesa se exhibía sin problemas en un lugar público, la playa de Salinetas, en la localidad grancanaria de Telde. En compañía de su esposa, la secretaria judicial Teresa Lorenzo Establier, cumplía con su rito de cada fin de semana, sombrero de paja y silla plegable en ristre, de disfrutar de una mañana en la arena y de un saludable y reconfortante baño en las aguas del Atlántico medio. El matrimonio prefiere la playa antes que la polémica piscina que se hizo construir en su casa en julio de 2019, en pleno juicio en el que resultó condenado el exjuez.
De aceptar las pretensiones de Alba, reiteradas el jueves, no sería la primera ocasión, ni tampoco la segunda, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, encargado de ejecutar la condena a seis años y medio de prisión, confirmada por el Supremo en noviembre de 2021, accedería a que las dolencias de Alba sean evaluadas por forenses adscritos al Instituto de Medicina Legal. Pero habrán de ser los de Santa Cruz de Tenerife, porque a todos los de Las Palmas de Gran Canaria los recusó con éxito el condenado alegando amistad con la víctima de sus delitos, la magistrada en servicios especiales Victoria Rosell, actualmente delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Los forenses de Santa Cruz de Tenerife ya dictaminaron hace meses que las dolencias que dice padecer el condenado son compatibles con su ingreso en prisión, pero ni así se decretó su internamiento en uno de los cinco centros penitenciarios habilitados para este tipo de penados relacionados con la persecución del delito. Porque entonces Alba recusó al presidente del TSJC por haber contestado oficialmente a una pregunta de un diputado en el Parlamento de Canarias. La recusación fue presentada en junio pasado y tres meses después aún sigue sin resolverse.
Grabando con su teléfono: vida normal
La inejecución de la condena se encamina ya a los 300 días desde la sentencia del Tribunal Supremo y cuando se cumplen tres años de la de primera instancia, dictada por el TSJ de Canarias. Alba fue condenado a seis años y medio de cárcel, 18 de inhabilitación, 12.500 euros de multa y 60.000 de indemnización a su víctima, Victoria Rosell, a la que intentó perjudicar en connivencia con el entonces ministro del PP José Manuel Soria, rival electoral de la jueza. Los delitos que cometió fueron prevaricación, cohecho y falsedad en documento judicial. No podrá volver a ejercer como juez nunca más.
Mientras el TSJ de Canarias decide su ingreso en prisión, Salvador Alba y su esposa han interpuesto una querella en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) contra el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, por los delitos de odio, acoso, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal por el conjunto de informaciones relativas a sus andanzas delictivas desde 2015. El abogado para esta acción, el exdirigente del PP Jorge Alberto Rodríguez Pérez, ha pedido a la jueza que instruye la querella que dicte una orden de alejamiento para que Carlos Sosa no se acerque a Salvador Alba.
Salvador Alba continúa haciendo vida normal. Además de acudir a la playa con asiduidad, asegura estar trabajando como abogado (sin colegiar) en el despacho del mencionado Jorge Alberto Rodríguez. Hace unos días pudo vérsele en el concierto de la banda colombiana Morat, en el Gran Canaria Arena, mientras se prodiga con una de sus aficiones favoritas: grabar a los demás. Lo hace con frecuencia sobre el que fuera su amigo, padrino de su hija y excompañero en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas Carlos Vielba, cuando ambos coinciden en la playa, en el paseo o en la puerta del colegio privado en el que estudian las hijas de ambos. Y lo hizo este sábado con el vecino que lo fotografió en la playa de Salinetas y sus alrededores. Para amedrentar a esa persona le indicó que debía borrar todas las imágenes captadas, para lo cual la amenazó con llamar a la Policía. Las imágenes no fueron borradas y la Policía jamás apareció.