El Juzgado de lo Social número 10 de Gran Canaria ha concedido la incapacidad permanente total con derecho a pensión a una matrona de 40 años, por considerar que las funciones que desempeñaba en la sanidad canaria le ha provocado tales transtornos que es una “trabajadora quemada”.
La matrona solicitó la incapacidad permanente en 2014, alegando que desde diez años antes venía sufriendo una serie de circunstancias en el trabajo (competencia con otros empleados del Servicio Canario de Salud, precariedad personal o sobrecarga) que le condujeron a una baja por ansiedad, a la que siguieron otras.
La sentencia, adelantada por La Provincia, explica que la demandante describe su propia situación como una “mezcla de queme, que corresponde al síndrome de burnout” (o trabajador quemado, en castellano), y de acoso laboral por parte de algunos de sus jefes.
El Juzgado relata que una de sus bajas, de 15 meses de duración, permitió a esta empleada pública “ir generando un mejor control de su estado anímico”, no solo porque obtuvo un diagnóstico de su situación (síndrome del trabajador quemado), sino porque ese periodo “no fue pasivo”, sino que lo dedicó “a la práctica del deporte, mantener actividad intelectual y practicar meditación”.
Sin embargo, al regresar a su puesto de trabajo -estima acreditado la sentencia-, volvió a sufrir una “situación estresante” que le provocó de nuevo ansiedad, insomnio e irritabilidad.
El juez considera probado que esta matrona tiene una “vivencia de injusticia en las condiciones laborales en el ejercicio de su profesión”, con agotamiento físico y mental, así como sentimientos de frustración laboral, lo que conduce a que “muestre una dificultad para adaptarse a su trabajo habitual en un paritorio”.
“Como concluye el perito psiquiatra, la existencia de un desgaste mantenido en el tiempo ha ido minando sus mecanismos personales de defensa, con repercusión en áreas añadidas de su vida, fuera de la estrictamente laboral. Ese desgaste acabó en un síndrome de 'burnout'”, argumenta el magistrado Javier Ramón Díez Moro.
El juez concluye que seguir en su puesto actual de trabajo (matrona en un hospital público) impide a la demandante “una evolución correcta” y le hace “recaer de nuevo”, circunstancias por los que cree procedente otorgarle la incapacidad permanente total que la Seguridad Social le negaba, con derecho a pensión por el 55 % de su base reguladora, que es de 2.548 euros.