El magistrado Salvador Alba, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por fabricar con un empresario una declaración para perjudicar a la exdiputada de Podemos Victoria Rosell, ha contratado a Nicolás González-Cuellar Serrano, abogado particular del exministro José Manuel Soria. González-Cuellar representa a Alba en la causa que se instruye en un juzgado de Las Palmas a raíz de la denuncia que presentó el juez contra el dueño de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, por difundir la grabación de la reunión que ambos mantuvieron el pasado 16 de marzo en su despacho.
Alba estaba citado a declarar este lunes ante Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria, para ratificarse en su denuncia. Sin embargo, tanto su comparecencia como las de Ramírez y el abogado que acompañaba al empresario en el mencionado encuentro, Sergio Armario, han sido aplazadas sine die después de que el magistrado alegara que González-Cuellar no podía asistir al tener un juicio en la Península este lunes. Estas declaraciones ya se habían pospuesto el pasado 14 de junio porque Alba formaba parte de la Sala de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que debía juzgar un caso de corrupción en las Islas.
Tras declararse “víctima” en este proceso y denunciar que no se le habían leído sus derechos como tal, Alba ha manifestado este lunes ante el juez instructor que su declaración en esta causa como testigo denunciante le podría perjudicar en otro proceso que se instruye de forma paralela en el TSJC contra el juez por los presuntos delitos de prevaricación, coacciones y negociación prohibida a funcionario público por la reunión que mantuvo con Ramírez cuando lo investigaba en sustitución de Victoria Rosell en Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
Alba también ha pedido la nulidad de las actuaciones practicadas hasta el momento en esta causa, ya que sostiene que no ha sido informado de la citación de los tres testigos que comparecieron el pasado 14 de junio, entre ellos el responsable de seguridad de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que ratificó que Alba había ordenado que Ramírez accediera al edificio por el circuito restringido. El juez instructor le ha recordado que ya en ese momento estaba personado y que, por lo tanto, tenía acceso a todas las diligencias, por lo que ha descartado que se encuentre en una situación de indefensión.
“No es normal que un denunciante plantee tantos problemas para ratificar la denuncia”, llegó a espetarle un sorprendido Passaro a Alba durante la vista de este lunes. El instructor, visiblemente molesto en ocasiones, se quejó de las trabas para poder avanzar en la causa e incidió en que la denuncia está incompleta, puesto que los denunciados no saben de qué se les acusa y Alba no ha aclarado sus términos. Aunque en un principio se negó a aplazar la declaración de Alba, finalmente accedió a la suspensión, advirtiendo, eso sí, de que la comparecencia no tendría lugar hasta septiembre u octubre.
El fiscal José Antonio Díez ha solicitado el archivo de la denuncia de Alba contra Miguel Ángel Ramírez, mientras que el magistrado ha pedido la recusación del representante del Ministerio Público porque, según recordó, en 2012 mantuvo un enfrentamiento con la mujer de Díez, una jueza a la que denunció a través de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en relación a un proceso de elección de sustitutos en el TSJC. El fiscal dijo conocer de forma vaga estos hechos, pero negó que afectaran a su imparcialidad.
Abogado de Soria en la primera querella contra Rosell
El nuevo abogado de Alba ha representado a José Manuel Soria en numerosas causas penales y civiles. Fue González-Cuellar quien presentó en diciembre de 2015 en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid la primera querella del exministro contra Victoria Rosell por injurias y calumnias. Soria retiró la querella tres meses después y presentó otra ante el Tribunal Supremo que impulsó Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, amigo íntimo del abogado que contrató Soria para esta segunda acción judicial, el exfiscal general del Estado Eligio Hernández, y coautor, junto a González-Cuéllar, de la obra La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015.
La causa abierta a raíz de la querella de Soria contra Rosell se instruye ahora en el TSJC, por lo que sería el Supremo quien tendría que pronunciarse en los recursos a las resoluciones que adopte el tribunal canario.
González Cuellar es también el autor de la demanda que Soria presentó en agosto del año pasado contra Diario de Prensa Digital, editoria de eldiario.es, y contra los directores de ese periódico y de Canarias Ahora, Ignacio Escolar y Carlos Sosa, respectivamente, por la información sobre sus vacaciones en Punta Cana a precio de saldo. Los dos periodistas deberán declarar el 26 de julio en Madrid.