El magistrado Salvador Alba, procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la presunta comisión de cuatro delitos (prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos) en la operación urdida para perjudicar a la también jueza Victoria Rosell, acumuló durante el año 2017 sustituciones, refuerzos o comisiones de servicio en al menos dos secciones de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la Tercera y la Cuarta (de la jurisdicción civil), en contra de las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El servicio de inspección del órgano de gobierno de los jueces examinó durante la tercera semana de enero de 2017 la actividad de la Sección Sexta (de ámbito penal) de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la que ejerce como titular Salvador Alba, que sigue presidiendo desde este órgano relevantes juicios por corrupción en las Islas, entre ellos el caso Faycán, una trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria.
Según han explicado a Canarias Ahora fuentes oficiales del CGPJ, en el informe derivado de esa inspección se hizo constar que, a pesar de que los indicadores de asuntos resueltos por los magistrados que conforman la Sección Sexta habían sido positivos durante el curso anterior, el número de procedimientos pendientes de despachar seguía siendo muy elevado. Las mismas fuentes han precisado que el documento concluía con la “indicación” o “recomendación” de que los jueces de esta sección no cubrieran sustituciones en otros juzgados para poder así centrarse en poner al día los asuntos con retraso.
De hecho, el TSJC reforzó este órgano en abril de 2017, al permitir que la jueza de adscripción territorial Mónica Herreras, que hasta ese momento prestaba servicios de manera exclusiva en la Sección Segunda, pudiera desempeñar labores en las otras dos secciones de la jurisdicción penal de la Audiencia de Las Palmas, la Primera y la Sexta.
Los miembros de la carrera judicial tienen derecho a percibir una retribución especial por el desempeño conjunto de sus funciones con las correspondientes a otro órgano jurisdiccional, siempre que las sustituciones sean por un plazo de diez o más días.
Al menos quince sentencias en otros juzgados
Ni la Audiencia Provincial ni el TSJC han facilitado a este periódico la información solicitada formalmente en tres ocasiones, los días 30 de enero, 27 de febrero y 8 de marzo, sobre las sustituciones, refuerzos o comisiones de servicio concedidas el año pasado a todos los magistrados que han pasado por la Sección Sexta (Emilio Moya, Salvador Alba, Carlos Vielba, José Luis Goizueta y Oscarina Naranjo).
Sin embargo, un exhaustivo recorrido por las resoluciones publicadas en el Fondo Documental de Jurisprudencia del CGPJ (CENDOJ) permite comprobar que Alba dictó en 2017, en calidad de ponente, al menos quince sentencias y un auto en las secciones Tercera y Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Del resto de magistrados, sólo consta en ese fondo una sentencia firmada por Carlos Vielba en otro órgano jurisdiccional, en concreto en la Sección Tercera, en abril y sobre un caso de sustracción internacional de menores.
A tenor de las resoluciones colgadas en el CENDOJ, la actividad de los magistrados de la Sección Sexta y, en especial, de Salvador Alba, fue frenética en la semana del 9 al 13 de enero de 2017, previa a una inspección del CGPJ avisada con varios meses de antelación. El juez ahora procesado dictó en cuatro días 30 autos y 25 sentencias. Los otros magistrados del mismo órgano, siempre según los datos publicados, emitieron como ponentes un número considerablemente inferior de resoluciones: Emilio Moya puso seis, Carlos Vielba, cuatro, y José Luis Goizueta, quince. Alba aparece además en varias de ellas formando sala con otros dos compañeros.
La primera sentencia dictada por Alba en el año 2017 en un juzgado distinto a la Sección Sexta data del 19 de enero, la misma semana de la inspección. Ese mes prestó servicios en las secciones Tercera y Cuarta de la Audiencia Provincial, donde firmó en cinco días un total de cuatro resoluciones sobre litigios entre empresas y particulares o por la guarda y custodia de un menor. Entre el 24 de febrero y el 21 de marzo emitió cinco sentencias en la Sección Tercera relacionadas con procedimientos de pensiones compensatorias por divorcio, alimentarias o sobre la patria potestad de un menor, además de resolver un conflicto sobre un contrato de compraventa con una cadena hotelera de por medio.
La tercera oleada de resoluciones, también en la Sección Tercera, se concentra en el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 26 de junio de 2017. Entre esas fechas, Alba resolvió cinco procedimientos que versaban sobre asuntos tan variados como el negocio turístico del timesharing, la incapacidad de un trabajador o una quiebra contractual. Las dos últimas sentencias del juez investigado en el mismo órgano están fechadas el 19 de septiembre y tratan de conflictos entre particulares por cuestiones de servidumbres.
Se da la circunstancia de que en esas resoluciones de la Sección Tercera también forma parte de la sala Ricardo Moyano, el magistrado que sustituyó en dos ocasiones a Margarita Varona, instructora de la causa contra Alba, cuando este la recusó.
Al ser cuestionado por estas sustituciones, el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, se ha limitado a afirmar que todas las actuaciones se enmarcan dentro de la legalidad.
Sustituciones en el TSJC
Salvador Alba está procesado por haber maquinado una operación junto a un empresario al que investigaba con el objetivo de perjudicar la carrera política y profesional de Victoria Rosell, a la que sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando la magistrada decidió pedir la excedencia y presentarse a las elecciones generales de diciembre de 2015 en las filas de Podemos.
Como informó Canarias Ahora en junio de 2016, el TSJC concedió esa sustitución voluntaria al magistrado a pesar de que ya había rebasado el cupo legal, fijado en 180 días al año. Un acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ cuatro meses después de que Alba accediese a ese destino permitió regularizar su situación y autorizarle a ejercer en el juzgado de Instrucción 8 de la capital grancanaria hasta mayo de 2016.
Según ha podido saber este periódico, el TSJC ha vuelto a otorgarle este año una sustitución en un órgano unipersonal por la baja de su titular, en concreto en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana (antiguo Mixto número 6), donde, entre otras cuestiones, se tramita el caso Góndola, que investiga una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán, gobernado por el PP, desde el verano de 2006.