La jueza de Tenerife a cargo del caso Mediador se ha reafirmado en su decisión de que las seis partes que han pedido personarse en la causa, entre ellas el PSOE, el PP, Vox y la Asociación Unificada de Guardias Civiles, compartan un mismo letrado si quieren participar en el procedimiento.
El pasado 21 de marzo, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cácares ya hizo saber a las defensas que aceptaba que el caso Mediador tuviera una acusación adicional a la que representa el Ministerio Fiscal, pero solo una, por lo que conminaba a las seis partes que habían pedido personarse a que se coordinasen.
Ello obligaba a PSOE, PP, Vox, AUGC, Fuerza Canaria (un partido local de Arona) y la asociación de consumidores de agua Aguaiuris a compartir un mismo letrado y a unificar su estrategia legal en el procedimiento como una sola acusación popular.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, la juez rechaza los recursos formulados contra esa decisión por cinco de las partes que querían personarse (todas, menos Fuerza Canaria) y se ratifica, con el apoyo de la Fiscalía, en admitir a una sola acusación popular.
La magistrada subraya que es una opción que le permite la ley para evitar los inconvenientes que puede provocar lo que define como “hipertrofia acusatoria”, como son “la lentitud, complicación innecesaria y ralentización de los procedimientos”, detalla, citando la jurisprudencia del Tribunal Supremo que le avala.
“No solo porque puede afectar al derecho de defensa”, añade, “sino porque puede convertir el proceso en aún más lento y crear una pluralidad de acusaciones públicas que, cuando no son ofendidas por el delito, no pueden tener en el proceso penal un interés diferente al representado por el Ministerio Fiscal”, la defensa de la ley.
Por ello, cree que dar cabida a todas las partes que le han pedido personarse es lo más adecuado para garantizar “el derecho a formar parte del proceso de las acusaciones populares consagrado constitucionalmente”, pero con esa condición: que se coordinen bajo la dirección de un solo letrado.
Recuerda al respecto que la ley pone en sus manos dos posibilidades para evitar los “efectos perniciosos” que genera la presencia de múltiples acusaciones populares: rechazar aquellas en las que aprecie un “manifiesto abuso del derecho” en quien quiere personarse o unificarlas en una sola; y se decanta por la segunda.
La juez sí acepta que las partes que finalmente se personen queden exentas de presentar querella, porque el procedimiento ya se ha iniciado, pero se reafirma en exigirles que depositen una “finanza global” de 2.000 euros para poder ejercer la acusación.
Y subraya al respecto que, hasta que se deposite esa fianza, “no se han cumplido los requisitos para ser parte y, por lo tanto, la acusación popular no puede intervenir en las diligencias que pudieran practicarse en ese período de tiempo”.
En el auto, se recoge que tanto el PSOE como la AUGC ya habían anunciado a la juez que apelarían ante la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife si no corregía su criterio de unificar la acusación, por lo que la instructora ordena que se dé trámite a sus recursos.
En el caso Mediador, se investiga una trama de corrupción que supuestamente cobraba comisiones a empresarios para favorecerles en contrataciones públicas y concesión de ayudas o para evitarles inspecciones y expedientes sancionadores.
Al frente, la juez instructora y la Fiscalía sitúan a exdiputado del PSOE en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes (sobrino del anterior) y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el único de los doce imputados que se encuentra en prisión provisional.