Catorce acusados se sentarán en el banquillo por un presunto fraude de 1,7 millones en cursos de formación de UGT Canarias

Una década después de que comenzara la investigación sobre un presunto fraude en las subvenciones públicas concedidas entre los años 2006 y 2009 a la Fundación para el Desarrollo Social de Canarias (Fundescan), vinculada a UGT, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, Florencio Luis Barrera, ha decretado la apertura de juicio oral contra catorce procesados. Además, les impone fianzas que suman 14,7 millones para hacer frente a las responsabilidades civiles (incluida la del propio sindicato) que se pudieran derivar de una eventual condena y las multas correspondientes.

El presunto fraude está cuantificado en 1,7 millones de euros. Según la acusación, ejercida por la Fiscalía de Las Palmas, por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y por otras dos denunciantes a título particular, la fundación desvió íntegra o parcialmente el dinero procedente de subvenciones del Servicio Canario de Empleo (SCE) para cursos de formación a fines ajenos a los objetivos de estos contratos programa cofinanciados con fondos europeos. En concreto, a cubrir gastos de UGT, a financiarlo. Cuando el juez dictó el auto de procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral, el sindicato difundió un comunicado en el que defendía su actuación y explicaba que esos cursos se impartieron “a plena satisfacción” de sus destinatarios. La dirección de la central sostenía que contrató a Fundescan para la ejecución de esas subvenciones, pero se reservó una cantidad, “en ningún caso superior al 15%”, para hacer frente a los gastos derivados de “la gestión, divulgación y justificación” de estas subvenciones.

El Ministerio Público, que dirige la acusación solo contra nueve de los catorce procesados, reclama penas de cárcel que van desde los tres a los nueve años y solicita multas que ascienden a 41,3 millones de euros, una cantidad que se fija calculando para cada uno de ellos y por cada uno de los delitos que se les imputan el triple de la cuantía de lo defraudado. A esa cifra hay que agregar los 1,7 millones de la responsabilidad civil que deberán asumir los acusados, en caso de una sentencia condenatoria, de manera solidaria.

A lo largo de la instrucción llegaron a estar imputadas 31 personas, decretándose en distintos momentos procesales el sobreseimiento libre para 17 de los investigados, entre ellos el exsecretario general de UGT Juan Francisco Fonte (fallecido el pasado verano) o el exconsejero del Cabildo de Gran Canaria Gilberto Díaz, que formó parte de la Ejecutiva Regional del sindicato entre noviembre de 2005 y abril de 2007 y que, en su momento, denunció la “infundada” acusación en su contra, ya que nunca tuvo que ver con el destino de esas subvenciones. El auto de apertura de juicio oral archiva la causa contra el último de ellos, Rafael del Castillo, secretario de la Comisión Ejecutiva del sindicato entre junio de 2008 y el mismo mes de 2009, al no quedar acreditada su participación en los hechos.

Entre los procesados se encuentran Alicia María Rodríguez y José Lorenzo López, que presidieron el patronato de la fundación durante los años en los que se produjeron los hechos denunciados, el segundo a partir de noviembre de 2009; Manuela Fernández y Carmen Dumpiérrez, que ejercieron como secretarias de Fundescan; o Juan Ramón Núñez, Antonio Martín, Andrés Pérez, José Yanes y Carmen Guadalupe, que fueron vocales en algún momento de esta etapa. La mayoría de ellos formaba parte de la Ejecutiva Regional de UGT, al igual que los otros cinco acusados que no figuran en el escrito de acusación de la Fiscalía: Jesús Trancho, José Antonio Montesdeoca, Miguel Pérez, Dulce María Quintana y Carlos Ucha. Este último fue, además, secretario general del sindicato en Canarias, y fue contratado por Fundescan como asesor.

El Ministerio Público aprecia tres delitos contra la Hacienda Pública en la modalidad de fraude de subvenciones, castigada con penas de cárcel en el artículo 308 del Código Penal. El primero de ellos está vinculado con el supuesto desvío de una subvención para cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP Canarias 2008). UGT percibió en el año 2008 por este contrato programa un anticipo de 744.426 euros que “no aplicó a los fines legalmente previstos”. Al no haber justificado su correcto destino, el SCE reclamó al sindicato el reembolso íntegro de esa cantidad a través de tres resoluciones firmadas entre marzo de 2010 y junio de 2012, sin que haya constancia de que esos fondos hayan regresado a las arcas públicas.

También en 2008, en concreto en mayo, el sindicato recibió 302.163,42 euros para el mantenimiento del Servicio Técnico de Fomento de la Economía Social, un programa para ese ejercicio y el siguiente. Según la Fiscalía, el patronato de la fundación cumplió el primer año, pero el segundo destinó cerca de 194.000 euros, el 65% de los fondos, a otros fines. Al igual que en el primer caso, en abril de 2010 el Gobierno de Canarias reclamó, sin éxito, esa cantidad.

La tercera subvención fue firmada en julio de 2009 y tenía como objetivo financiar acciones de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo. UGT recibió 1.099.567,84 euros por este programa y solo pudo justificar 247.535,6, el 23% del total.

El Gobierno de Canarias, por su parte, formuló acusación contra 26 personas, para las que reclamaba penas de hasta diez años de prisión por un fraude que cuantificó en algo más de un millón de euros y que estaba relacionada con otras subvenciones recibidas por la fundación.