El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decretó este miércoles la ejecución de la sentencia que en septiembre de 2019 condenó al juez Salvador Alba Mesa a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación, entre otras penas, por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La decisión se produce después de que el pasado 25 de noviembre el Tribunal Supremo ratificara esa sentencia en todos sus extremos.
Como primera medida para ejecutar esta condena, la Sala de lo Civil y Penal ha decidido requerir al condenado para que ingrese voluntariamente en prisión en un plazo de diez días, “bajo apercibimiento de acordarse su busca y captura” en caso de desobediencia. Igualmente le insta a que ingrese en una cuenta bancaria del TSJC la cantidad de 12.150 euros, correspondientes a la multa a la que también ha sido condenado, y que su compañía aseguradora, Allianz, ingrese otros 85.000 de fianza que se decretó en las diligencias penales, para que de esa cantidad se abonen 60.000 a la magistrada Victoria Rosell en concepto de indemnización, como se fijó en la sentencia de ese tribunal ratificada hace 50 días por el Supremo.
Del mismo modo se decreta en el mismo auto la devolución de las fianzas de 3.000 euros depositadas por Podemos y por Carlos Sosa para ejercer la acción popular en la causa que ahora termina.
A pesar de estar condenado en firme y de que en la sentencia se contenga una condena a 18 años de inhabilitación como juez con la pérdida de los honores anejos, Salvador Alba sigue siendo juez oficialmente a día de hoy. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto acordar este jueves la apertura de un expediente para su expulsión, dándole al interesado trámite de audiencia y escuchando a la Fiscalía. En realidad, el expediente de expulsión de Alba había quedado en suspenso cuando se decretó la apertura de juicio oral en 2018 y se decidió asimismo suspenderlo en sus funciones como juez. Sin embargo, durante todo el tiempo transcurrido desde entonces ha venido cobrando un sueldo base, de en torno a 1.800 euros netos al mes, conforme al reglamento de la carrera judicial. Cuando el CGPJ decida su expulsión -si la decide- deberá devolver todo ese dinero al Ministerio de Justicia, que es el que paga las nóminas de jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia.