Dos juezas han paralizado de forma cautelar la suspensión de seis meses de empleo y sueldo impuesta por el Ayuntamiento de Mogán a dos policías locales expedientados por no haber ejecutado supuestamente una orden de precinto de un restaurante en la localidad de Puerto Rico. Las titulares de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 2 y 6 de la capital grancanaria han estimado los recursos de dos de los cuatro agentes sancionados por este motivo y han adoptado como medida cautelar “provisionalísima” la suspensión de la resolución decretada por la corporación local.
El abogado de ambos policías locales, Raúl Santana, solicitó esta medida con arreglo al artículo 135 de la Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, relativo a cuestiones de agilización procesal. El mencionado artículo estipula que el tribunal podrá suspender una resolución sin oír a la parte contraria (“inaudita parte”), en este caso el Ayuntamiento de Mogán, cuando los afectados aleguen circunstancias de especial urgencia.
Las juezas defienden en los autos (ambos fechados el 12 de marzo) que concurren estas circunstancias, puesto que, de mantenerse la suspensión hasta que la justicia ordinaria se pronuncie, se podría ocasionar “graves perjuicios” a los demandantes en caso de que finalmente les dieran la razón.
En uno de los autos, la magistrada cita a un representante de la corporación local y al policía demandante a comparecer el próximo jueves a las 10.00 horas en el juzgado para prestar declaración. El segundo da un plazo de tres días al Ayuntamiento para que presente las alegaciones y se pronuncie sobre el levantamiento o mantenimiento de esa suspensión. Las resoluciones judiciales no paralizan los expedientes disciplinarios abiertos a los agentes, que también se encuentran judicializados. Cabe recordar que la sanción de empleo y sueldo decretada contra los policías es una medida cautelar de la corporación local mientras se tramita ese expediente.
El abogado de estos dos agentes ha relatado a Canarias Ahora que los hechos se produjeron en un restaurante de Puerto Rico a las 20.00 horas del pasado 2 de febrero. Según su versión, los cuatro policías locales que participaron en esta intervención comunicaron al propietario del restaurante la obligación de cerrar el local por orden del Ayuntamiento, a lo que se negó alegando que le causaría un grave perjuicio de imagen, ya que el restaurante se encontraba en ese momento repleto de comensales.
Los agentes redactaron entonces una denuncia contra el dueño por desobediencia a la autoridad pública, con base en la Ley de Seguridad Ciudadana. Posteriormente la presentaron en el Ayuntamiento con el objetivo de que fuera elevada al Cuerpo Nacional de Policía o a un juzgado de guardia. De momento no tienen constancia de que el gobierno municipal haya tramitado esta denuncia.
Raúl Santana sostiene además que la sanción de seis meses de empleo y sueldo impuesta por el Ayuntamiento no tiene cobertura legal, puesto que a los policías locales no se les aplica el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, que sí contempla esa medida para las faltas graves, sino lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2010 del Cuerpo Nacional de Policía, que fija para estos supuestos tres meses de suspensión de empleo y sueldo.
Pleno en el Ayuntamiento de Mogán
Para Nueva Canarias (NC) y el Partido Popular (PP), formaciones en la oposición en el Ayuntamiento de Mogán, estas decisiones judiciales representan “la más potente justificación para seguir adelante con la convocatoria de una sesión plenaria” para que la alcaldesa, Onalia Bueno (Ciuca); el concejal de Seguridad y Recursos Humanos, Mencey Navarro, y el jefe de la Policía Local, Tomás Hernández, den explicaciones sobre la decisión de suspender de empleo y sueldo a los agentes. El Ayuntamiento ha evitado la comparecencia de este último en el pleno aludiendo a un informe del secretario municipal que concluye que “no es un órgano directivo, sino un simple funcionario”.
NC y el PP solicitan a los portavoces de Ciuca y del PSOE, los partidos que sustentan el gobierno local, que rectifiquen y accedan a la celebración de ese pleno a tenor de las últimas resoluciones judiciales.
Para ambas formaciones, estos dos últimos autos suponen “un nuevo varapalo a la política de personal que desarrolla el bipartito de Mogán, que acumula más de quince sentencias desfavorables anulando traslados de funcionarios, subidas de categoría profesional, incrementos de complementos específicos y la asignación de productividades a trabajadores municipales”.