La Justicia ha vuelto a dar la razón a otro de los policías locales de Mogán suspendidos por el Ayuntamiento de sus funciones el pasado mes de febrero por ejecutar el precinto de un local el día después a la fecha prevista. Los cuatro agentes alegaron en el informe policial que tomaron esta decisión para no alterar el orden ya que el dueño se negó en ese momento al precinto cuando el establecimiento estaba lleno.
El juzgado de lo contencioso administrativo número tres de Las Palmas de Gran Canaria estima el recurso del agente y considera que la medida adoptada por el Consistorio es “desproporcionada”.
El fallo concluye que los agentes “dentro de sus posibilidades” adoptaron las medidas que pudieron para evitar males mayores por lo que “pudiera ser discutido el incumplimiento que se achaca al recurrente e incluso el desprestigio a la imagen del cuerpo policial y de la administración que, en cualquier caso, tampoco consta en el expediente administrativo”.
La sentencia, contra la que no cabe recurso, declara nula la resolución del Consitorio y le obliga a pagar las costas procesales.
Esta no es la única resolución judicial a favor de los agentes. Este mismo mes, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria estimaba parcialmente el recurso interpuesto por otro de los agentes expedientados por el Ayuntamiento de Mogán.
La magistrada consideró entonces que la justificación que había empleado el consistorio para tomar esa medida era insuficiente porque “debe venir vinculada a que resulte indispensable o muy necesaria para garantizar la normalidad del servicio público o para no perjudicar la instrucción del expediente”.