La Justicia ha tumbado el gran proyecto del Partido Popular (PP) en materia de personal en el mandato que acaba de finalizar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital ha anulado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por el anterior grupo de gobierno, al concluir que el polémico documento, contestado con contundencia por parte de los sindicatos y de la oposición durante toda su tramitación, no fue negociado con los representantes de los trabajadores.
En la sentencia notificada este jueves, la juez Esperanza Ramírez estima en su integridad el recurso presentado por las secciones de Intersindical Canaria (IC), UGT y CSIF en la corporación capitalina e impone el pago de las costas procesales al Consistorio.
El fallo alude a la doctrina del Tribunal Supremo que establece la necesidad de que las RPT sean negociadas con independencia de su resultado. “A la vista del expediente administrativo, no consta que la RPT en sí se negociara, no siendo suficiente que la negociación se lleve a cabo respecto a criterios generales”, expone la magistrada.
En su fundamentación, recuerda que para la aprobación de este “instrumento idóneo” para modificar el contenido de cada puesto de trabajo y valorar los complementos que perciben los empleados municipales es necesario, en primer lugar, el informe del jefe de departamento de personal al inicio del expediente. A este primer documento del órgano tramitador le sucederá la consulta o negociación con los representantes de los trabajadores, un trámite que la juez cree necesario a pesar de que la jurisprudencia “ha sido oscilante” respecto a su obligatoriedad.
La tramitación de la RPT debe continuar, según explica la resolución judicial, con el informe con la propuesta de acuerdo elaborada por el departamento de personal, que será sometido al dictamen de la Comisión Informativa correspondiente antes de su aprobación en el pleno.También será necesario el informe del interventor sobre la procedencia de nuevos servicios o la reforma de los existentes para evaluar la repercusión económica de la propuesta.
En su recurso, los tres sindicatos sostenían que el Ayuntamiento había incurrido en al menos siete irregularidades en la resolución impugnada. Además de la principal, la falta de negociación, mencionaban otras como la ausencia de motivación en la cobertura de distintos puestos, la incompetencia del órgano que la aprobó (la Junta de Gobierno en lugar del pleno municipal), la vulneración del principio de igualdad a la hora de establecer el denominado Complemento Personal Transitorio (CPT) o el polémico cambio de vínculo, de personal laboral a funcionario interino, de más de 600 empleados.
Aunque la decisión aún no es firme -contra la misma cabe interponer recurso de apelación-, la sentencia dada a conocer este jueves supone la estocada a la política de personal que abanderaron Claudio Alberto Rivero, ex coordinador general de Recursos Humanos, y José María Cabrera, director general del área, con el respaldo del exalcalde Juan José Cardona.
La llegada de la nueva cúpula de personal en enero de 2012, en sustitución del concejal Martín Muñoz García de la Borbolla, enturbió las relaciones con los representantes de los trabajadores en una escalada de tensión que alcanzó su cenit con la RPT, judicializada antes de su aprobación. IC denunció al coordinador y al director general de Personal por adjudicar un contrato -por el procedimiento negociado sin publicidad- de 62.790 euros a la empresa Estrategia y Gestión Pública, administrada por Juan Fernando Fariña, a quien el sindicato situaba en el círculo de amigos de José María Cabrera. Aunque Rivero y Cabrera fueron imputados, la causa fue finalmente archivada al no quedar probada esta relación.
Pero fue la conversión del personal laboral en funcionario interino la decisión que más quebraderos de cabeza dio al PP en los últimos dos años. Los conservadores se vieron obligados, tan solo tres meses después de su aprobación, a corregir la RPT tras cuatro sentencias en su contra y bajo amenaza de sanción.