El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado el recurso presentado por los propietarios de la finca 19.063 de la urbanización El Hornillo, en Maspalomas, y suspende de manera cautelar el proyecto de reparcelación de dicho terreno que había aprobado el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para este 20 de agosto, en el marco de las operaciones para construir un nuevo parque comercial en el sur de Gran Canaria.
El pleito judicial de El Hornillo viene de largo. La Justicia anuló el plan, que pretende levantar un parque comercial (con Mercadona, Decathlon, McDonald's y otros negocios) y más de 300 viviendas en una pieza de suelo de 175.000 metros cuadrados el pasado mes de mayo, tras declarar que la Corporación local se extralimitó de sus funciones y no puso de relieve la titularidad controvertida de una de las fincas que conforman la unidad de actuación, la 7451, sino que reconoció a los promotores de la operación, Sonneland Inversiones, S.L. y Borneiriña, S.L., como propietarios de una superficie cuya propiedad es litigiosa.
Sin embargo, los promotores se apoyan en otra sentencia, esta vez dictada el mes de enero por la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que desestima los recursos interpuestos contra la aprobación del Gobierno de Canarias de la revisión del Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana, acordado el 6 de octubre de 2016. La urbanización de El Hornillo solo contemplaba originalmente (1996) edificios con dos plantas. Con la nueva modificación ese límite sube a seis y la zona comercial también aumenta.
El abogado del principal promotor del plan, Carlos Rial, señaló que el fallo publicado en mayo “no tiene recorrido jurídico porque al recurrirse una desestimación presunta del recurso, pero luego haberse resuelto de forma expresa, prevalece el acuerdo municipal del 20 de noviembre de 2020”, es decir, “al existir un posterior acuerdo, la sentencia decae por sí sola”.
En este sentido, el abogado ya anunció que la operación seguía adelante y que las obras se iban a iniciar en cuestión de meses. El Ayuntamiento acordó el 16 de julio de 2021 continuar con el proyecto de reparcelación y expropiación, y convocó el levantamiento de la acta de ocupación de la finca 19.064 para este viernes 20 de agosto. Según ha podido saber este periódico, la Corporación local autorizó las obras ante la insistencia del promotor a funcionarios, incluidos altos mandos policiales del sur de Gran Canaria.
Por el momento la Justicia solo ha suspendido de forma cautelar la ocupación de la finca 19.064. Queda por saber qué ocurrirá con el resto de las expropiaciones forzosas que aprobó el Ayuntamiento, un total de ocho, las cuales seguirán adelante a la espera de que se conozcan nuevos autos judiciales.