Nuevo varapalo al protocolo de atención de menores migrantes del Gobierno de Canarias. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido cautelarmente la ejecución del acuerdo adoptado por la Presidencia del Ejecutivo regional que pedía a las ONG que no recibieran menores migrantes sin una autorización expresa de la comunidad autónoma. De esta manera, la Sala de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.
Esta orden, denunciada ante el TSJC, solicitaba a las entidades que “no recibieran nuevos migrantes con cargo a la comunidad autónoma salvo la previa comunicación de conformidad o la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes”. Según justificó el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, “en orden a proteger el interés de los menores no acompañados que ya están atendiendo”.
La resolución ha sido dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Las Palmas, al ser en esta provincia donde se emitió el acuerdo recurrido.
El TSJC accede a la medida al apreciar la “especial urgencia” que alegaba la ONG, pues, expone, la decisión del Gobierno canario “supone que, desde la adopción del acuerdo impugnado, los nuevos menores migrantes que lleguen a las costas de Canarias no van a ser recepcionados de manera automática en los centros de acogida gestionados por las entidades colaboradoras contratadas por el Gobierno del Canarias, sino que esta recepción queda supeditada a la previa comunicación de conformidad o a la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes”.
Agrega la Sala que del texto del acuerdo se desprende, además, “que la pretensión de la Comunidad Autónoma es que los menores queden bajo la guarda y custodia de la autoridades estatales encargadas de su recogida en el mar y posterior identificación, suspendiendo la recepción de nuevos menores migrantes a cargo de los recursos autonómicos, y expone: ”Como puede advertirse, nos encontramos ante una medida que altera de manera sensible el procedimiento de entrega y asistencia de los menores migrantes no acompañados que hasta entonces se venía observando, y cuya puesta en práctica puede comprometer los intereses de este colectivo especialmente vulnerable, de ahí que apreciemos la especial urgencia en la adopción de la medida“.
Recuerda el Tribunal que sigue el criterio mantenido por el auto con el que el pasado viernes la Sala de Santa Cruz de Tenerife acordó suspender de forma cautelarísima la resolución dictada por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia que el pasado 10 de septiembre estableció el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en la Comunidad Autónoma de de Canarias.
El auto no supone el cierre definitivo del procedimiento, sólo da respuesta a la petición de suspensión con carácter provisionalísimo, sin dar audiencia a la parte por motivos de extrema urgencia.
Ahora se abre una nueva fase en la que la Comunidad podrá hacer las alegaciones que estime oportunas.