La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido cautelarmente el Catálogo de Vestigios Franquistas del Gobierno de Canarias porque que solo incluye los de Santa Cruz de Tenerife.
El auto, adelantado por Europa Press, responde a un recurso interpuesto por el Ayuntamiento, dirigido por José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) y afirma que es un “grave quebranto” de forma la aprobación de un catalogo autonómico bajo la consideración de aprobación inicial, “que suponemos definitiva para el Santa Cruz de Tenerife, porque el Gobierno de Canarias no dispone de los datos relativos a los símbolos, calles y monumentos que deban figurar en el mismo para el resto de los sitios”.
Una cuestión que considera “arbitraria” y afea que el Gobierno de Canarias no explique por qué se comienza por Santa Cruz de Tenerife. Sobre ello, cabe recordar que este mismo alcalde había encargado un trabajo previo en materia de memoria histórica que supuso un impulso para el desarrollo de dicho catálogo y que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias habían avalado que podría publicarse por partes.
El auto añade que esta decisión genera “indefensión” al Ayuntamiento porque no le permite tener criterios comparativos con otros municipios y censura que se haya omitido la “previa y preceptiva aprobación” por el Consejo de Gobierno, previo debate en el Parlamento de Canarias, de la Estrategia para la Memoria Histórica que fije los criterios de elaboración de un catálogo de ámbito regional.
Asimismo, la Sala ve “difícilmente explicable” la falta de audiencia en la elaboración del catálogo, que no se hubiera publicado de forma íntegra en el BOC y que “solo se ha diseñado en exclusiva” para Santa Cruz de Tenerife cuando es un documento de rango autonómico.
No obstante, cabe recordar en este punto que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sí que fue invitado a la Comisión Técnica de Memoria Histórica que aprobó el Catálogo de Vestigios Franquistas. Tanto el alcalde como el concejal Guillermo Díaz (PP) votaron en contra.
Un voto particular
Sobre el fondo del catálogo el auto apunta que “no basta con cualquier relación con el franquismo” sino tener una “participación activa y relevante en la sublevación” y ocupar “cargos de máxima importancia”, hecho que no ocurre en algunos ejemplos como José Calvo Sotelo, “que ni falleció en la guerra civil, ni fue militar, ni voluntario de nada” o el busto y la glorieta del Arquitecto Marrero; la calle dedicada al Pintor José Aguiar, y su declaración de hijo adoptivo en 1970, fundamentada en razones puramente artísticas, o el busto de Joaquín Amigó de Lara, elevado por su condición de fundador del colegio de Aparejadores, “todos ellos personas reconocidas por su capacitación profesional o artística y no por su participación activa en la sublevación ni ocupación de cargos de máxima importancia con el régimen anterior”.
De hecho, señala la Sala, al menos tienen “el derecho a disentir de que esto sea así y de que personas honorables puedan ser manchadas con el deshonor de aparecer como represores de víctimas del franquismo”.
El auto cuenta con el voto particular de un magistrado, que está favor de la suspensión cautelar, pero difiere del análisis histórico y entiende que solo debía limitarse a constatar los defectos de carácter procedimental o adjetivo y en particular la falta de intervención efectiva del Ayuntamiento en la elaboración del catálogo así como el carácter municipal en vez de regional.
Esta es la segunda resolución del TSJC en pocas semanas tras otro auto en el que se exigía al Ejecutivo la publicación íntegra del catálogo en el BOC y no solo en la página web de la Consejería de Educación.
Hasta tres leyes incumplidas
El recurso del Ayuntamiento fue presentado en enero de este año tras la publicación del Catálogo, un documento de más de 3.000 páginas que recoge los más de 80 elementos que la capital tinerfeña debería retirar por incumplir hasta tres leyes de memoria histórica. Dicho Catálogo se irá actualizando con el resto de ayuntamientos canarios progresivamente, pero, según explicaron fuentes del Gobierno cuando se redactó, se comenzó publicando el de la capital tinerfeña por el que más vestigios concentra, con gran diferencia respecto al resto.
El Gobierno de Canarias aseguró en enero que, de ser admitido a trámite el recurso del Consistorio, presentaría toda la documentación que avala que el Catálogo podía ser aprobado por partes. El viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, señaló entonces que se estaban estudiando todas las vías con la nueva Ley de Memoria Democrática y que el Gobierno no descarta actuar de oficio para poder retirar el monumento ante la negativa del consistorio.
El Ayuntamiento, en contra de la retirada
Son múltiples las excusas que desde el Ayuntamiento, gobernado por Coalición Canaria con apoyo del Partido Popular y una concejala tránsfuga, se han dado para no acatar la ley y proceder a la retirada de los vestigios franquistas en la ciudad. La más recurrente es que no se hará hasta que no se publique el Catálogo completo de Vestigios Franquistas en Canarias, que abarque todos los existentes en el Archipiélago. El Gobierno de Canarias, ante la gran cantidad de homenajes, monumentos, placas y otros honores al dictador y sus simpatizantes en la capital tinerfeña optó por publicar en primer lugar un catálogo específico para este municipio. Y a eso se ha agarrado el Ayuntamiento, aduciendo que el Gobierno estaba estigmatizando a la ciudad, señalándola y otros argumentos para defender su decisión de no acatar la ley de Memoria Histórica. Sin embargo, tal y como le recordaron quienes elaboraron el Catálogo, no hace falta tener el documento de toda Canarias para proceder a cumplir la ley en un municipio concreto. Es decir, el Ayuntamiento podía retirarlo si hubiera tenido voluntad para ello.