Este viernes finaliza el plazo que la justicia ha concedido a Gloria Esther Sánchez para que derribe su vivienda ubicada en el municipio de Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Una sentencia firme declaró ilegal la construcción, levantada en suelo rústico de protección agraria, y ordenó la restitución de la realidad física alterada. Es decir, su demolición. La casa se ubica en la zona rural de La Berlanga junto a otras edificaciones residenciales similares sobre las que, sin embargo, no consta ninguna denuncia urbanística.
En un escrito al que ha tenido acceso Canarias Ahora, el abogado de Gloria ha solicitado la suspensión de la orden de derribo al Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, el órgano judicial donde ahora se sustancia en su fase de ejecución el procedimiento penal.
Dos son los motivos esgrimidos por su defensa. En primer lugar, sostiene que hay posibilidad de legalizar la vivienda. Gloria compró la parcela en diciembre de 2013 y ejecutó las obras declaradas ilegales entre 2014 y 2017. En el momento de adquisición, en la finca ya había una nave y una pequeña casa que esta vecina amplió. Al anterior propietario le habían concedido licencia para la construcción de un aljibe.
Un atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil abrió el procedimiento que ha concluido con la orden de demolición. Según el Plan General de Ordenación (PGO) vigente en Ingenio, aprobado en el año 2000, la vivienda se sitúa en suelo rústico de protección agraria, donde está prohibido el uso residencial.
Entre la apertura del expediente de infracción urbanística y la sentencia firme de derribo, la defensa de Gloria alegó que la zona de La Berlanga, que cuenta con “más de diez edificaciones residenciales, calles, plazas, caminos, asfalto, alumbrado público, luz, agua, teléfono e internet”, cumple con los requisitos exigidos en la Ley del Suelo de Canarias para ser considerada asentamiento rural y que, por tanto, se pueda residir en ella.
El proyecto de modificación del PGO que el Ayuntamiento de Ingenio tramita desde 2017 también contempla la clasificación como asentamiento rural para este núcleo de viviendas, tal y como solicitaron Gloria y otros 18 vecinos a través de un escrito. Aunque esa revisión del planeamiento urbanístico sigue sin ser aprobada siete años después, para los abogados de esta ciudadana se trata “de una realidad cierta y próxima, diríamos que inminente, nada de una hipótesis futurible” y permitiría legalizar la casa.
No obstante, y sin perjuicio de que considere que ese plan pendiente de aprobación ya permitiría regularizar la construcción y evitar su derribo, la defensa de Gloria presentó la semana pasada un nuevo escrito con una opción alternativa, la última. En concreto, ha solicitado el cambio de uso de la parcela a almazara (molino de aceite) y almacén agrícola. Los letrados sostienen que el propio Ayuntamiento de Ingenio reconoció en una resolución dictada en agosto la posibilidad de “implantación de una almazara” dentro de suelo rústico, según lo estipulado en el PGO vigente, aprobado hace ya más de dos décadas.
“Resulta incongruente que se emita una información o cédula urbanística (por parte del Ayuntamiento de Ingenio) que concluye la compatibilidad de las construcciones de ser destinadas al referido uso agrícola y, paralelamente, por parte del juzgado, se acuerde la demolición de aquellos bienes materiales que cumplen con la normativa vigente y cuya tramitación -en curso está supeditada a criterios estrictamente formales”, reza el escrito.
Gloria solicitó el pasado 31 de octubre la licencia para almazara y almacén complementarios a una explotación agrícola y acompañó esa petición con un proyecto que ha elaborado un ingeniero agrónomo y que contiene adaptaciones y una memoria justificativa. En el escrito presentado la semana pasada ante el Juzgado de lo Penal 2 de Las Palmas de Gran Canaria, el abogado hace referencia a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o del Supremo que, entre otras consideraciones, concluyen que “carece de sentido la demolición de algo que puede ser inmediatamente construido al amparo de una nueva licencia” o que es contrario “al principio general y lógico, también jurídico, de aceptación de lo absurdo” derribar como ilegal una vivienda “para levantarla como legal y exactamente igual seguidamente, sin beneficio de nadie”.
La defensa de Gloria sostiene, en síntesis, que es posible legalizar la construcción si se convierte en almacén y, por ello, ha pedido al juzgado que suspenda la demolición.
Delicado estado de salud
Al margen de las consideraciones urbanísticas, el escrito de la pasada semana también alude a un segundo motivo, la situación de vulnerabilidad de Gloria por su delicado estado de salud, producto de los dos procesos oncológicos en avanzado estado que padece la mujer, que tiene 56 años y que también sufre una fibrosis pulmonar grave y EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). “Requiere de dependencia de oxígeno y la necesidad de un trasplante de pulmón, teniendo una movilidad prácticamente nula”, afirma.
Su defensa habla de un pronóstico “muy desfavorable” por esas enfermedades y los “síntomas psicopatológicos” que sufre Gloria y que asocia a que “su única vivienda -carece de medios para poder acceder a otra- lleve años siendo objeto de litigio, mientras que las construcciones de a su alrededor ni siquiera han sido denunciadas”.
Los abogados han insistido a lo largo de este procedimiento en que la zona en la que se encuentra la casa es “un núcleo consolidado de población donde existen construcciones similares, si no más grandes” y que La Berlanga es “a todas luces” un asentamiento rural y que esta clasificación está prevista en la modificación del PGO de Ingenio que “tarde o temprano será aprobada”.