Era el máximo responsable de la Consejería de Industria donde se ideó el presunto amaño del concurso eólico convocado en Canarias en 2004 y el político que designó director general del área, un cargo de confianza, a Celso Perdomo, el principal acusado de la trama de sobornos. Su nombre también aparece vinculado a la causa por un viaje a la ciudad alemana de Magdeburgo, en pleno proceso de tramitación del concurso, para visitar las turbinas de una empresa germana en compañía, entre otros, del también procesado -y arrepentido, tras haber reconocido los hechos- José Ignacio Esquivel, representante de una de las sociedades interesadas en concurrir en aquel procedimiento, y Javier Esquivel, propietario del chalet donde, por esas mismas fechas, su hermano, el exministro José Manuel Soria, entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria, vivía gratis.
Luis Soria, consejero de industria del Gobierno de Canarias entre 2003 y 2005, ha declarado este martes en calidad de testigo en el juicio del denominado caso Eólico para sostener, en síntesis, que nunca supo nada. Que no autorizó a uno de sus colaboradores más estrechos, Celso Perdomo, a facilitar información privilegiada a determinadas empresas que aspiraban a recibir potencia eólica en ese concurso ni tuvo conocimiento de los tejemanejes del director general de Industria con los responsables de esas sociedades. “Mientras estuve en la consejería, nunca”, respondió a una pregunta formulada por el fiscal Luis del Río.
Lo único que sabía, a tenor de su testimonio ante el tribunal de jurado, es que “circulaba información” con los terrenos que contaban con un mayor potencial eólico en las Islas, una de las principales bazas para poder concurrir con éxito al concurso. Sin embargo, Luis Soria ha afirmado desconocer quién difundió esa relación de parcelas públicas y privadas y ha negado que hubiera algún tipo de instrucción desde la consejería que lideraba.
Según el hermano del exministro, dedicado desde hace años a la actividad privada tras su breve paso por la política, el concurso eólico era un proyecto de gran envergadura, “no sólo por la importancia de los recursos renovables” en las Islas, sino porque “brindaba oportunidades empresariales”. Soria ha explicado que se trataba de un negocio de riesgo controlado, en el que “se sabia de antemano” la inversión requerida y también los costes. “Había mucho interés” en este procedimiento y, por ello, se reunió con asociaciones de empresarios, con sindicatos y con representantes de distintas administraciones, ha añadido.
El testimonio del exconsejero supone un nuevo argumento incriminatorio contra Celso Perdomo, quien fuera uno de sus hombres de confianza dentro de la consejería. Y es que Luis Soria ha negado que desde el departamento que dirigía se hubiera divulgado información sobre el concurso antes de la publicación de las bases, como sostiene la defensa del ex director general para tratar de minimizar la importancia de dos correos enviados a empresarios con el borrador del concurso y un listado con la relación de terrenos para instalar parques eólicos, así como contactos del sector público y del privado.
Luis Soria nunca fue imputado por el caso Eólico. Entre las numerosas conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación policial a Celso Perdomo no figura ninguna con su superior jerárquico, el consejero. Tampoco fue objeto de estas pesquisas el ya citado viaje a Magdeburgo. La operación fue dirigida por el actual jefe de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, Ignacio Bádenas, entonces jefe de la Brigada de la Policía Judicial y, posteriormente, director general de la Policía Canaria y comisario de Interior en la Embajada de Cuba, cargos a los que accedió cuando José Manuel Soria era, respectivamente, vicepresidente del Gobierno regional y ministro de Industria.
Correos a empresarios
En la sesión de este martes también ha declarado el primer denunciante, Alberto Santana, trabajador de la empresa de Wilebaldo Luis Yanes, uno de los receptores de los correos enviados por Celso Perdomo con el borrador del concurso y el listado de terrenos. En esos mensajes, el director general de Industria no sólo explicaba el contenido de esos documentos adjuntos, sino que sugería a Yanes que se dirigiera a los números “públicos” que figuraban en uno de los archivos en primer lugar y que hiciera uso de “su contacto” en el Cabildo de Gran Canaria. Incluso le planteaba que se comunicara primero a través de teléfono fijo y, si no hubiera respuesta o fuera “pillado de tiempo”, que recurriera al móvil.
Santana ha ratificado que presentó la denuncia porque consideró que de esos correos se derivaban actuaciones “presuntamente delictivas”. Las defensas han intentando cuestionar la forma en la que el extrabajador de Yanes tuvo acceso a esos documentos, que aparecieron “en un CD en su mesa”, pero el denunciante ha insistido en que no recordaba nada y se ha remitido al archivo de la querella que contra él presentó su antiguo jefe precisamente por ese motivo. Las “respuestas evasivas” de Santana enervaron a los abogados de Celso Perdomo y Mónica Quintana y el presidente del tribunal, el magistrado Pedro Herrera, tuvo que recordarle en tres ocasiones que se encontraba bajo juramento.
El empresario Daniel Fernández de Salamanca, trabajador de Recursos Renovables de Canarias, una de las empresas interesadas en el concurso, y el propio Wilebaldo Luis Yanes, que colaboró con el primero como contacto de la compañía en Las Palmas, admitieron haber recibido esos correos de Celso Perdomo, aunque negaron que fuese información privilegiada o que hicieran uso de ella. Aseguraron que el borrador del concurso fue publicado en la web de la consejería antes de la publicación de las bases, una tesis que fue negada por Luis Soria y cuestionada por otros funcionarios que testificaron este martes. “Lo que me dieron a mí se lo dieron a todo el mundo. Nunca fue un privilegio”, aseveró Yanes.
Otro testigo, el empresario Francisco José Delgado, tumbó la excusa de las defensas de Celso Perdomo y Mónica Quintana para tratar de justificar uno de los pagos de empresarios, según la cual la transferencia se habría realizado como contraprestación a un supuesto servicio de intermediación que el director general habría prestado para la construcción de una nave industrial en Granadilla de Abona. “Me lo encargó directamente el director general de Carboneco (la empresa que se instaló en ese solar)”, manifestó Delgado, que sostuvo que ni conocía ni había hablado nunca con los acusados.El propietario que vendió esa parcela a Carboneco, Luis Alberto Lara, también desmintió esa labor de intermediación de Perdomo y Quintana:“Sólo tuve contacto con los de la inmobiliaria”.
El albañil Benjamín Valido tampoco supo explicar por qué parte de la reforma que había hecho en la casa de los procesados, en concreto 12.700 euros, la pagó una de las empresas que aspiraba a concurrir al concurso de asignación de potencia eólica, Promotora de Recursos Eólicos, representada por José Ignacio Esquivel y Alfredo Briganty, dos de los acusados que han reconocido los hechos. “Se dijo que era porque (Celso Perdomo) había hecho un proyecto de ingeniería a la empresa y no podía cobrar porque era funcionario (...) A mí me mandaron un papel para hacer la factura”, aclaró.
El carrusel de testigos que desfilaron este martes ante el tribunal de jurado lo completaron tres funcionarios del Gobierno de Canarias: Sinda Hernández, que era entonces jefa de servicio de Desarrollo de Nuevas Energías; Ángel Alexis Montesdeoca, secretario general técnico de la consejería en el momento de los hechos, y Antonio Elías, jefe de servicio del área de Industria.