“Mi gran reto hoy es tratar de contenerme y no decir ni lo que sé ni lo que pienso”. Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, ha manifestado este jueves que responderá “en sede judicial y en el momento procesal oportuno” a las acusaciones vertidas por Salvador Alba en su comparecencia de este miércoles en el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que tramita la denuncia que interpuso el juez contra el empresario.
En declaraciones a los periodistas tras la presentación del documental sobre los 67 años de historia de la Unión Deportiva Las Palmas, Ramírez se ha declarado víctima, “a pesar de lo que se publica”, del caso Alba, destapado tras la divulgación de los audios de una reunión en la que el juez y el empresario maquinan un plan para perjudicar a la que, en ese momento (16 de marzo), era diputada de Podemos en la provincia de Las Palmas y magistrada en excedencia, Victoria Rosell.
Ramírez ha asegurado que se vio “obligado” a grabar ese encuentro para garantizar su propia seguridad y “no ser objeto de una trampa” de un juez “que no estaba proponiendo precisamente cosas serias”. “En sede judicial es donde único vale lo que yo sé y lo que yo tengo que decir, nada saco con estar aireando cosas a través de ustedes (medios de comunicación) porque no tiene ninguna validez jurídica”, ha aseverado el empresario, que espera que “al final las cosas se pongan en su sitio”.
El presidente de Seguridad Integral Canaria ha preferido no pronunciarse sobre el último giro del caso, la grabación en la que el juez Carlos Vielba, compañero de Alba en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, le ofrece a este hablar con el empresario para intentar llegar a a un acuerdo extrajudicial que ponga fin a las hostilidades. Este ofrecimiento se habría producido después de una reunión entre Vielba, Ramírez y uno de los abogados del grupo Ralons.
Alba aportó este miércoles al titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro. la grabación de su conversación con Vielba y amplío su denuncia a su compañero de la Sección Sexta; a su exalumna María Montoro, esposa del director de Comunicación de la Unión Deportiva Las Palmas, Larry Álvarez, y al periodista Pedro Guerra, por supuestas presiones para favorecer al empresario en la causa que instruía contra él por fraude fiscal.
A pesar de que, en su denuncia inicial, Alba acusaba a Ramírez y al abogado Sergio Armario de descubrimiento de secreto, falsedad, calumnias, injurias y coacciones, en su comparecencia de este miércoles la ha reducido a un único delito, el de fraude procesal.
En su declaración ante Passaro, Alba volvió a negar la autenticidad de la grabación descubierta por la Guardia Civil en la papelera del dispositivo utilizado por Ramírez e insistió en que los audios están manipulados.
El juez de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha citado a declarar a Ramírez y Armario este martes, aunque la comparecencia podría suspenderse debido a que el abogado del empresario tiene un compromiso que le impide acudir a esta cita.