El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha afirmado este jueves que, ante la situación en la que se encuentra la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria tras la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2014, ha trabajado para, “desde el respeto a la decisión judicial”, explorar “todas las vías posibles contempladas el nuestro ordenamiento jurídico” que puedan resultar alternativas a la demolición de la biblioteca.
El Gobierno central indica en un comunicado que el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha mantenido conversaciones tanto con representantes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como con la Delegación del Gobierno en Canarias para tratar de encontrar una postura común y una actuación coordinada entre las administraciones públicas.
Con esta finalidad, el Ministerio anuncia que convocará en breve una reunión para analizar conjuntamente con el Consistorio capitalino y la Delegación canaria las posibles vías de solución a adoptar “desde el respeto a la legalidad”.
El actual portavoz del Partido Popular (PP) en la ciudad y anterior alcalde, Juan José Cardona, ha revelado hoy a Efe que una de las opciones que preparó con el Ministerio durante su mandato en previsión de que la sentencia de derribo deviniese firme era la de que el Consejo de Ministros expropie los derechos de ese fallo, por su impacto sobre el interés general. EFE