El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciudadanos por el Cambio- Ciuca), por incumplir una sentencia. En concreto, la resolución judicial que, en marzo de 2021, anuló el sobresueldo de más de 15.000 euros anuales que, en concepto de complemento específico, el gobierno municipal había concedido a un policía local, A.L.M., encargado de elaborar planes de seguridad y de la prevención de riesgos. Un año y medio después del fallo, la corporación no ha reclamado aún el funcionario el reintegro de ese incremento retributivo.
La sanción a Bueno, ya incorporada al proyecto de Coalición Canaria (CC) para las próximas elecciones, asciende a 1.200 euros y será reiterada cada diez días “hasta la completa ejecución” de la sentencia, recogen dos autos del TSJC. El primero fue dictado el pasado mayo, tres meses después de que el mismo tribunal advirtiera a la administración local de que multaría a la persona responsable de la ejecución del fallo (la alcaldesa) en caso de incumplimiento. El segundo fue notificado a finales de julio y rechaza las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento en su recurso de reposición. La decisión aún no es firme. Se puede recurrir en casación ante el propio TSJC o ante el Supremo. Este periódico ha preguntado al gobierno local si tiene intención de hacerlo, pero no ha obtenido respuesta.
El origen de este procedimiento se remonta a la aprobación plenaria del presupuesto y la plantilla municipal para 2018. La Federación de Empleados de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT) llevó ese acuerdo a los tribunales, entre otras cuestiones, porque concedía el incremento salarial “a dedo” a este policía sin que se hubiera producido la preceptiva negociación colectiva con los representantes de los trabajadores, “creando una discriminación y diferencia salarial” con el resto de los agentes municipales.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC dio la razón a la organización sindical y, en una sentencia fechada el 10 de marzo de 2021, anuló el complemento específico otorgado al policía A.L.M., recordando que, según la doctrina asentada por el Supremo, la concesión de estos pluses exige tanto una negociación previa con los sindicatos como una valoración del puesto de trabajo que pondere su “especial dificultad, técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad”. Nada de ello se hizo.
Transcurridos los plazos legalmente establecidos sin que el Ayuntamiento de Mogán hubiera emprendido actuación alguna, UGT instó la ejecución forzosa de la sentencia en noviembre a través de un incidente que fue estimado por el TSJC a principios de año. El tribunal canario acreditó el incumplimiento y advirtió a la alcaldesa de que sería sancionada si no ejecutaba íntegramente la resolución, si no anulaba el plus y ordenaba la devolución del dinero.
La administración dijo entonces que había dado traslado de los requerimientos al servicio de Intervención, a Recursos Humanos y a la jefatura de la Policía Local y que se estaba tramitando. La respuesta del TSJC, en su auto de mayo, fue tajante. “No es de recibo que se argumente por la demandada, casi un año después de dictada la sentencia y unos tres meses después de dictado el auto de ejecución de la misma, que se encuentra llevando a cabo los trámites pertinentes para dar cumplimiento a lo sentenciado”, exponía.
En su recurso frente a ese primer auto, el Ayuntamiento alegó que el funcionario había realizado las tareas que le habían sido encomendadas y que tomó decisiones y asumió responsabilidades que le hacían “merecedor” de ese sobresueldo. Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, esas cuestiones resultan “no solo absolutamente improcedentes, sino totalmente irrelevantes”. “Su obligación es simplemente cumplir la sentencia recaída en el procedimiento”, recalcaba el juez ponente, Francisco Plata.
Lo cierto es que el pasado 26 de mayo la Junta de Gobierno de Mogán aprobó una propuesta de los servicios jurídicos que, aún reconociendo que el pago al policía era indebido, concluía que no era posible reclamar al funcionario la devolución de ese complemento específico porque “ha prestado efectivamente unos servicios” y ello originaría, a su juicio, un “enriquecimiento injusto a favor de la administración”.
La letrada municipal que firmó ese informe aludía a “la máxima del Consejo de Estado de servicio prestado, servicio retribuido” y a casos en los que la administración había sido condenada a pagar “prestaciones efectivamente realizadas aunque no había nombramiento o era ilegal”. En la sentencia de Mogán, lo que se anula no es una designación, sino un incremento salarial.
Este último caso guarda una similitud casi absoluta con el de otros ocho trabajadores municipales que, tras la llegada al poder de Ciuca en 2015, también fueron gratificados con un incremento del complemento específico que sería anulado por la justicia. Al igual que ha ocurrido ahora, la Junta de Gobierno local estimó las alegaciones presentadas por los funcionarios en cuanto a la improcedencia de reclamar el reintegro de los pagos indebidos dado que supondría “un enriquecimiento injusto de la administración”.
La concesión de pluses salariales a funcionarios afines al partido de Onalia Bueno y Mencey Navarro -primer teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos- ha sido objeto de una de las líneas de investigación abiertas por la Guardia Civil a partir de la trama original sobre la presunta trama de compra de votos por parte de Ciuca en las elecciones de 2015, una causa que fue archivada por la prescripción de los hechos. El juez instructor desgajó el procedimiento en cuatro piezas separadas, siendo una de ellas la que investigaba si esos complementos específicos se concedieron a trabajadores municipales por su relación con el partido de gobierno o por haber participado como “captadores de votos”. Entre los agraciados con esos sobresueldos se encuentra un primo de la alcaldesa.
Casi cinco meses después de que el decanato recibiera para su reparto las cuatro piezas separadas, tan solo se han iniciado diligencias para dos de ellas, las que indagan sobre los contratos concedidos a la empresa familiar de un asesor de Onalia Bueno y el supuesto amaño de un proceso de mediación para favorecer al presunto financiador de la campaña electoral de 2015 de Ciuca, el empresario Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín.
UGT: la alcaldesa “premia a sus incondicionales”
Para UGT, el gobierno municipal está haciendo una “utilización interesada” del complemento específico como “premio a alguno de sus incondicionales” y “castigo para el resto de funcionarios”. “Muy agradecida tiene que estar la alcaldesa con este policía como para exponerse y arriesgarse tanto a ser sancionada como a que se le exijan responsabilidades penales por no querer dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, expone Eugenio Hernández, portavoz de este sindicato.
La organización explica que el agente A.L.M. se encuentra liberado del servicio diario y se dedica “en exclusiva” a la realización de los planes de emergencia en los eventos municipales, aparte de participar en “los tribunales de nuevas contrataciones, de oposiciones y en la apertura de expedientes a otros policías”.
UGT señala que lleva cobrando ese plus desde 2017 hasta la actualidad, incluso durante 2020, a pesar de que, debido a la alerta sanitaria por la pandemia de Covid-19, “estaban suspendidas las fiestas y los eventos”, y la plantilla se encontraba “desbordada” por los servicios relacionados con la vigilancia de la normativa para evitar los contagios, por las bajas y por la crisis migratoria en el Muelle de Arguineguín. La central recuerda que en aquellas fechas la alcaldesa llegó incluso a reclamar un mayor apoyo de la Guardia Civil.
“En muchos casos estábamos bajo mínimos de operativos, de hecho algunos policías se prestaban a realizar servicios dobles empezando a las seis de la mañana y terminando a las diez y media de la noche, más que nada para no vernos desprotegidos en algunos servicios nosotros mismos, algo que hasta el momento no ha sido capaz de agradecer ni la alcaldesa ni su concejal de Policía y mucho menos el Jefe de Policía, que le llegaba a molestar que los policías quisieran cobrar las horas extras”, denuncia el representante sindical para contraponer esta situación con la del policía beneficiado con el incremento del plus, liberado del servicio diario y ascendido a oficial, por decreto, a principios de año junto a otros cuatro agentes, entre ellos un condenado por torturas.
La organización destaca, además, que este policía ha actuado de secretario en al menos cuatro expedientes disciplinarios abiertos a otros agentes, dándose la circunstancia de que todos ellos eran “afiliados a UGT”. También recuerda que hace unos años recibió más de 6.000 euros en horas extra después de que el servicio de Intervención instara a paralizarlo al entender que esa elevada cantidad revelaba un anormal funcionamiento de la administración. A.L.M. recurrió a la justicia y el Ayuntamiento de Mogán se allanó en ese procedimiento, accedió a las pretensiones del agente y le abonó ese dinero.
UGT sostiene que lleva años intentando que se negocie el complemento especifico para todos los trabajadores municipales y que siempre se ha topado con la negativa de la alcaldesa y de su concejal de Recursos Humanos. “El grupo municipal despilfarra cada año en estos complementos específicos diferenciados una cantidad que supera los 500.000 euros, todos asignados a dedo por el grupo de gobierno y apoyados por sindicatos, como son SEPCA y el Sindicato de Policías y Bomberos, del que casualmente es delegado sindical el mencionado A.L.M.”, el agente gratificado con ese plus de 15.000 euros.