Nueva Canarias Mogán, partido en la oposición en el Ayuntamiento grancanario, presentó este miércoles un escrito ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas en el que solicita al fiscal Javier Ródenas que investigue si la autorización a Anfi Tauro para realizar el paseo marítimo de la playa de Tauro está ajustado a la realidad.
Santiago adjunta en el escrito el acta de la junta de gobierno local del 29 de noviembre de 2011 en el que se deja claro, en el punto segundo, que las obras se debieron iniciar en el plazo máximo de dos años a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de otorgamiento de la Licencia Urbanística, y que tenían un plazo de 11 meses para concluirlas. Mientras, en el punto tercero se alega que transcurridos estos plazos se procederá a la caducidad de la licencia.
Según Santiago, no consta que ni el anterior alcalde, Francisco González (Partido Popular), ni la actual alcaldesa, Onalia Bueno, hayan acordado a la junta de gobierno local la caducidad de la licencia ni el inicio de cualquier trámite que indique que se ha iniciado la tramitación del correspondiente expediente, hecho confirmado por la propia Bueno.
La edil de Nueva Canarias denuncia que Onalia Bueno “sin cuestionar ni una sola coma, da por bueno todo lo que en él (el acta) se contiene, pasando por alto la situación de caducidad de la licencia urbanística”. Así, el decreto1249 de fecha 13 de mayo de 2016 por el que se dio permiso para las obras del paseo, en opinión de Santiago, “parece un claro intento por evitar la caducidad de la licencia, pues no es usual que se eleve a definitivo cinco años después un acuerdo de junta de gobierno, que fue ejecutivo desde el mismo momento que se dictó”.
Por tanto, desde Nueva Canarias entienden que la resolución dada por Bueno “tenía una clara intencionalidad de salvaguardar los intereses empresariales, eludiendo así el cumplimiento del mismo acuerdo, y por ende del procedimiento administrativo”. Con todo, insta a la Fiscalía a que realice las gestiones oportunas para determinar si los hechos relatados son constitutivos de algún delito.
Dominio Público advirtió que se debía parar la obra
Según desvela este jueves La Provincia, la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre advirtió al destituido José María Hernández, jefe de Costas en Canarias, que debió suspender las obras de Tauro hasta resolver los incumplimientos del Grupo Anfi en la concesión para rehabilitar la playa y explotar durante cinco décadas los servicios de temporada.
Esto, junto a las irregularidades detectadas son las dos razones que han forzado sus destitución justo después de que la Guardia Civil preguntara por qué se siguió la obra cuando Dominio Público aconsejaba que se parara los trabajos.
Cuando en febrero de este año el Ministerio registró dos actas de replanteo distintas, una la de un técnico que advertía de irregularidades en el proyecto y en la otra, firmada por Hernández, en la que se aseguraba que estas objeciones ya habían sido resueltas, en marzo la subdirectora de Dominio Público Marítimo Terrestre realizó una inspección en la que constató las irregularidades tanto en el acta de replanteo como en la que acredita la entrega de los terrenos.
Así, a finales de abril la subdirectora emitió una memoria en la que dictaba que las obras no podían comenzar hasta que se resolvieran estas anomalías, sobre todo el hecho de que el promotor no podía demostrar la titularidad del suelo colindante, una de las condiciones para lograr el proyecto. Sin embargo, desde julio de 2015 había comenzado los trabajos en la zona y en mayo de este año se cubrió con arena saharaui los callaos.
Como comenta el citado periódico, el Grupo Anfi obtuvo la concesión gracias a que aportaba al dominio público 3.811 metros de los que todavía no tiene al 100% la titularidad. La empresa de la familia Lyng y los Hermanos Santana Cazorla ganó el concurso frente a la propuesta del empresario Miguel Cazorla, que no incluía esta contraprestación.