Siete quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y siete archivos. El órgano de gobierno de los jueces ha tumbado la última denuncia de Salvador Alba contra Victoria Rosell, esta vez por un mensaje publicado por la magistrada en su cuenta de Twitter a propósito del inicio del juicio por el caso Faycán, que presidió el polémico juez.
El comentario de Rosell, enlazado a una noticia difundida por la Cadena Ser el 14 de enero, un día antes del comienzo de la vista oral, era el siguiente: “Aquí quería llegar el juez Alba, imputado por 6 delitos. Retrasa su propio juicio con mil maniobras (recusaciones múltiples, querellas) para presidir éste (Faycán) con demasiada relación con el PP de su gran amigo Soria (2005). Tendría que repetirse. Y lo saben”.
En el escrito remitido al Poder Judicial, Alba acusaba a Rosell de sembrar dudas sobre su imparcialidad e independencia entre los “más de 26.000 seguidores” de la magistrada en Twitter. El polémico juez hablaba en su queja de una “auténtica persecución mediática” y de un “acoso personal” que, en su opinión, eran merecedores “cuando menos” de reproche disciplinario.
El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ no aprecia en las palabras de Rosell el “atentado contra la independencia judicial, el honor y la dignidad personal” que denunciaba Alba. Ricardo Conde Díaz considera que las “personalísimas manifestaciones y valoraciones” de la jueza en la red social no exceden los límites de la libertad expresión ni alcanzan una significación “ultrajante u ofensiva”.
Más allá de que se pueda percibir como “inapropiado desde el prisma del respeto que debe mediar entre colegas”, el mensaje de Rosell contra Alba se limita a “cuestionar implícitamente la conveniencia de haberse abstenido” en el caso Faycán debido a su situación procesal, puesto que al juez, ya procesado, se le investigaba por la presunta comisión de seis delitos en la operación maquinada para perjudicar a la magistrada.
Tal y como explicaba tanto el mencionado artículo de la Cadena Ser como otra publicación de Canarias Ahora, el juicio del caso Faycán, que tenía prevista una duración de cuatro meses (finalmente se redujo hasta los dos), corría peligro ante la posibilidad de que Alba, designado presidente del tribunal y ponente de la sentencia, fuera apartado cautelarmente de la carrera judicial durante la celebración de la vista. Sobre el magistrado pesa una propuesta de suspensión del Poder Judicial que se encuentra paralizada a expensas de la causa penal en su contra, por lo que deberá dejar de ejercer en cuanto la magistrada instructora, Margarita Varona, dicte el auto de apertura de juicio oral, un trámite inminente después de que las acusaciones hayan presentado sus escritos de calificación. Ya ha transcurrido un mes desde la finalización del juicio de Faycán y aún no hay sentencia.
Las “llamativas actuaciones” de Alba
En el informe remitido al promotor de la Acción Disciplinaria para responder a las acusaciones de Alba, Rosell sostiene que no son sus palabras las que ponen en duda la imparcialidad del juez, sino sus “llamativas actuaciones” en el ejercicio del cargo. Entre ellas citaba su decisión de anular las grabaciones iniciales del caso Unión, una de las principales tramas de corrupción de las Islas, en un auto que la Fiscalía criticó “en términos muy duros”; su reunión con un empresario investigado “para amañar pruebas” en su contra; la grabación que realizó a sus compañeros de sección mientras deliberaban; su intercambio de correos con un delincuente para tratar de obtener información comprometedora contra la magistrada, o sus constantes recusaciones, tanto contra el promotor de la Acción Disciplinaria como contra la jueza instructora de la causa en su contra en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Según Rosell, el tuit recoge la opinión “no sólo legítima, sino fundada” de que el juicio del caso Faycán corría “un riesgo cierto de ser anulado y repetirse”. “No es ofensivo ni irrespetuoso, ni actúo en el ejercicio de mi cargo, Opino en el legítimo ejercicio de mi libertad de expresión y como víctima de los presuntos delitos de Alba”, añade.
La magistrada y exdiputada de Podemos denuncia en ese informe la “utilización espuria de la vía disciplinaria” por parte de Alba y la “indebida publicidad” de las denuncias a través del portal Confilegal, vinculado a uno de los abogados del juez, Nicolás González-Cuéllar, con la pretensión de “seguir dañando el honor personal y profesional” de la jueza.
Rosell también responde a una de las afirmaciones que vierte Alba en su queja sobre el “respeto” que profesa a sus compañeros en general y a la denunciada “en particular”. Un comentario que, a juicio de la magistrada, “podría ser tomado como un mal chiste si no estuviera incluido en una denuncia disciplinaria”. La exdiputada de Podemos recuerda que el juez procesado realizó “al menos cuatro informes” contra ella, remitidos al Poder Judicial y al Supremo, que obran en la causa por presunta falsedad.
El órgano de gobierno de los jueces ha expedientado a Alba en dos ocasiones. Además de la propuesta de separación (expulsión) de la carrera judicial por la operación urdida contra Rosell, ahora en suspenso mientras se resuelve la causa penal por los mismos hechos, el magistrado fue multado con 500 euros por falta de consideración a sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a quienes grabó mientras hablaban de varios casos, entre ellos del juicio por la trama Unión.