El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha transformado en expediente disciplinario las diligencias informativas abiertas hace seis meses al magistrado Salvador Alba. El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, entiende que Alba pudo cometer dos faltas muy graves y otra grave en su actuación al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria durante los meses en los que sustituyó a Victoria Rosell cuando la magistrada pidió la excedencia y decidió presentarse a las elecciones generales en las listas de Podemos.
Sin embargo, Alba podrá seguir ejerciendo en la sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a la que está adscrito, ya que la apertura del expediente no contempla de momento la suspensión cautelar de su carrera judicial, una medida que han solicitado, entre otros, la asociación Jueces para la Democracia o el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
El juez ahora expedientado se reunió el pasado 16 de marzo en su despacho con el empresario Miguel Ángel Ramírez, investigado por fraude fiscal, para maquinar una declaración contra Rosell con el objetivo de lograr información que pudiera perjudicar a la jueza y reforzar la querella que contra ella había interpuesto José Manuel Soria. El exministro de Industria, Energía y Turismo habría estado al tanto de esta operación, según acredita el contenido de la grabación completa de la reunión entre Ramírez y Alba, descubierta por la Guardia Civil en la papelera del dispositivo utilizado por el empresario para registrarla.
El CGPJ ha emitido a mediodía de este martes un comunicado en el que informa que Alba ha podido infringir el artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que alude a “la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas”, y el 417.2, que hace referencia a “la revelación por el magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o cualquier persona”. Se trataría de dos faltas muy graves que podrían acarrear su expulsión de la carrera judicial. El expediente también contempla la posible comisión de una falta grave, tipificada en el artículo 418.5 y referida al “exceso o abuso de autoridad”.
El promotor de la Acción Disciplinaria tendrá a partir de este martes seis meses para concluir el expediente y elevar una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria, que es la que debe tomar la decisión definitiva. Si para entonces el procedimiento penal contra Alba que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sigue abierto, el Poder Judicial no podrá dictar una resolución hasta que aquel finalice.
La denuncia contra Alba ante el Poder Judicial fue formulada a principios de mayo por Victoria Rosell. El promotor de la acción disciplinaria incorporó posteriormente a las diligencias informativas los audios difundidos por eldiario.es en los que se descubre el amaño del juez Alba para perjudicar a la entonces diputada de Podemos
En el acuerdo por el que decide incoar el expediente contra Alba, el promotor de la Acción Disciplinaria concluye que el juez pudo cometer una falta grave de abuso de autoridad al utilizar su condición de instructor de la causa contra Ramírez por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social para llevar a cabo actuaciones que no estaban amparadas por la investigación ni por las competencias derivadas de su cargo. Esto es, habría aprovechado su puesto para desarrollar una investigación “indebida” contra Victoria Rosell y la pareja de la magistrada, el periodista Carlos Sosa, por los negocios de la empresa de este último con sociedades administradas por Miguel Ángel Ramírez.
El promotor de la Acción Disciplinaria añade en el acuerdo de incoación del expediente que la posible comisión de una falta muy grave de revelación de secretos se deriva de la publicación en diversos medios de comunicación de un informe redactado por Alba a raíz de la declaración pactada con Ramírez y que resultó clave para que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella de Soria contra Rosell.
Según Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Alba también pudo cometer otra falta tipificada como muy grave por no abstenerse en la causa contra Ramírez por la relación de “enemistad” que mantiene el magistrado con Victoria Rosell y con su pareja, según puso de manifiesto la jueza en su denuncia. El promotor de la Acción Disciplinaria cree que Alba podía tener, por lo tanto, “un interés directo o indirecto” en el proceso, “revelado posteriormente con el contenido de la grabación previa a la declaración de Ramírez”.
La apertura del expediente disciplinario a Salvador Alba se ha comunicado el mismo día en el que el juez ha retirado la denuncia que interpuso contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por descubrimiento de secreto, falsedad, calumnias, injurias y coacciones tras la divulgación de los audios en los que se les escucha conspirar contra Rosell.
La resolución ya ha sido notificada al magistrado expedientado, a la denunciante, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía General del Estado.