La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado reabrir la investigación que había sido previamente archivada por el promotor de la Acción Disciplinaria de este órgano, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, respecto del magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba Mesa por grabar a varios de sus compañeros jueces cuando deliberaban en una estancia de la sede judicial.
El promotor había acordado el archivo de las actuaciones, iniciadas a raíz de una denuncia de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) tras la publicación del contenido de dos grabaciones presentadas por el propio Alba en un Juzgado en el que se tramita un procedimiento en el que está personado.
Tras revisar la decisión del promotor disciplinario, los siete vocales que integran la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha acordado comunicarle que debe continuar con sus investigaciones sobre este asunto. Estas diligencias se unen a las que se tramitan contra Alba desde el pasado mes de noviembre por actuar de forma irregular durante su investigación al empresario Miguel Ángel Ramírez y utilizar esta causa para perjudicar a su antecesora que en ese momento era diputada nacional por Podemos.
En su día, JpD denunció ante el CGPJ que un diario canario publicó la transcripción de esas conversaciones grabada por Alba a sus compañeros, y que dicha información incluyó casi 15 minutos de grabación a los cuatro magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia “debatiendo asuntos altamente comprometedores sobre casos abiertos”. Los grabados fueron Emilio Moya, presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, el propio Salvador Alba, José Luis Goizueta y Carlos Vielba.
Una de las grabaciones recoge conversaciones mantenidas por los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, mientras que la otra se trata de una conversación de Salvador Alba con un abogado, según ha precisado este jueves el propio CGPJ.
El promotor acordó el archivo de la diligencia informativa al considerar que en la primera de las grabaciones no se revela ningún hecho conocido en el ejercicio de la función judicial, sino que se trata de conversaciones informales sobre temas personales y profesionales; y que la segunda también trata de hechos ajenos a la función judicial, que afectan a la esfera privada de algunas personas, por lo que carece de relevancia disciplinaria.
Además, el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca Herrero, investiga desde el pasado mes de mayo otra grabación relacionada con este magistrado, la que mantuvo con el empresario Miguel Ángel Ramírez también en sede judicial.
Ramírez, presidente del UD Las Palmas, es el mismo al que investigaba antes de su marcha a Podemos la propia Rosell por presuntos delitos contra la seguridad social. Las presuntas irregularidades cometidas por la exdiputada en la instrucción del procedimiento contra Ramírez le valieron la apertura de una causa en el Tribunal Supremo -finalmente archivada- que se basó, precisamente, en un informe en el que Alba la denunció de forma muy contundente.
Según la denuncia realizada por JpD, Alba utiliza el contenido de las nuevas grabaciones realizadas a sus compañeros para incriminar a los posibles intervinientes o para defenderse en procedimientos penales abiertos por él o contra él“.