La investigación policial sobre el denominado caso Mediador, sobre una presunta trama de sobornos a cargos públicos, sitúa al exdiputado socialista y principal encausado, Bernardo Fuentes Curbelo, como líder de la organización, informa Canarias 7 en su edición de este domingo.
Fuentes Curbelo reclamaba de manera continua al intermediario del caso, Marco Antonio Navarro, que le hiciera llegar dinero “sin importar origen ni procedencia”, y esos pagos eran “una obligatoriedad”, según concluye la Policía Nacional en un informe remitido a la jueza instructora.
La magistrada María de los Ángeles Lorenzo Cáceres ultima la instrucción del caso Mediador, con una quincena de investigados, sobre una presunta trama corrupta que hacía creer a empresarios que conseguirían un trato de favor de las administraciones públicas si pagaban comisiones.
El informe policial detalla el material requisado en los registros policiales de los detenidos y las pruebas aportadas por el empresario investigado Miguel Ángel Robayna, quien decidió colaborar con la justicia y entregó grabaciones de conversaciones suyas con otro de los investigados, José Suárez Esteve.
Según la Policía, “las peticiones de dinero del líder de la trama a su mediador no son en este caso ninguna excepción, ya que en sus chats por Whastsapp con el mismo llega a enviar unas 19 veces sus cuentas bancarias, siempre con ocasión de contactos y/o reuniones con empresarios, ya que sus servicios deben ser retribuidos”.
Fuentes Curbelo compartió once veces con el intermediario la cuenta de la Asociación Deportiva La Vega de Tetir, que habría sido usada para camuflar las comisiones; en siete ocasiones, dos cuentas personales, y en otra, la de la Asesoría Tetir S.L., con la que pretendía registrar en la Zona Especial Canaria a empresas de inversores vinculados en la trama.
Según el informe de la Policía, “eso denota el proceder habitual y contenido, no aislado, del exdiputado, que exige continuamente ingresos a Navarro Tacoronte”.
Y “le llega a reclamar, o incluso enfadarse, cuando el Mediador no consigue ingresos, lo cual deja claro que no es un acto voluntario del Mediador, sino un acto obligado dictado por su jefe, el exdiputado”.
La investigación ha acreditado pagos de varios empresarios, que también utilizaron para las presuntas comisiones cuentas del propio Navarro y de su entorno más próximo.
Cuando los empresarios vieron que no lograban trato de favor alguno, amenazaron a Fuentes Curbelo y a Navarro con el inicio de acciones judiciales si no recuperaban lo pagado, pero no llegaron a dar ese paso, según relata la Policía y detalla el periódico Canarias 7.
El informe policial destaca la figura de Fuentes Curbelo al frente de la trama, pues, “además de asumir el liderazgo del grupo criminal, es la pieza clave de este entramado para denotar de cara a los empresarios con su presencia, un alto poder social y político, con la intervención de un diputado y sus potenciales relaciones, al que los empresarios visitarán y este recibirá en su despacho en la Cámara Baja, algo que a la mayoría de empresarios encandilaría por el nivel político y de poder que proyectaban a través de las visitas a ese entorno inaccesible”.
En esa cúpula de la trama, junto a Fuentes Curbelo y Navarro Tacoronte, la Policía Nacional sitúa al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa y al que fuera director general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes, sobrino de 'Tito Berni' y quien le sucedió al frente de ese departamento autonómico en la legislatura presidida por el socialista Ángel Víctor Torres en el Gobierno de Canarias.
Según la Policía Nacional, “Fuentes Curbelo con órdenes sutiles dirige la trama y a su sobrino, que a su vez es la puerta de entrada a la Dirección General de Ganadería. Ambos sujetos, junto a Espinosa Navas, desde su significada posición política, tendrían capacidad suficiente para hacer creer a los empresarios que sus aspiraciones se harían realidad, siempre y cuando asumieran una serie de pagos”.
Entre los pagadores, la investigación señala a los empresarios Alberto Montesdeoca, que quería liquidar un expediente sancionador a su ganadería; a Antonio Bautista, interesado en colocar placas fotovoltaicas en negocios del sector primario y de otras actividades; a José Suárez, que vendía drones; al matrimonio formado por Esteban Banús e Inmaculada Roca, que querían ampliar su negocio y conseguir ayudas públicas, y a Miguel Ángel Robayna, que hacía facturas para supuestamente encubrir los pagos de las comisiones, enumera el Canarias 7.