Un juzgado sin togas, sin rigideces, sin puertas cerradas, que incluso invita a romper las reglas, a quitarse los zapatos o a correr. Un juzgado con gafas de realidad virtual, una pizarra en la pared, pufs de colores pastel o una moqueta de césped. Es más que una estructura física. Es “un modo de trabajo”, describe el magistrado Tomás Martín, impulsor de un proyecto pionero, el primer juzgado de España especializado en la infancia y la adolescencia. Está en Las Palmas de Gran Canaria, en la quinta planta de la torre cuatro de la Ciudad de la Justicia, y opera desde hace seis meses. Todo está estudiado al milímetro para intentar proteger a las niñas y los niños que hayan podido sufrir algún tipo de violencia y deban enfrentarse al trance de tener que acudir a un entorno hostil como el de una sede judicial a declarar o a ser valorados por forenses. Para no ocasionarles un segundo trauma, para no revictimizar.
Desde el pasado 1 de octubre, todos los procedimientos penales abiertos en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria por presuntos delitos con víctimas menores de edad se remiten al Juzgado de Instrucción 3 de la capital, del que es titular Tomás Martín. Hasta este viernes se habían tramitado 185 expedientes. En este periodo, la media ha superado las 30 causas al mes, por encima de las previsiones iniciales, que se situaban en una horquilla de entre 16 y 23.
La experiencia piloto, aprobada por el Consejo General del Poder Judicial y apoyada por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias, se desarrollará durante un plazo máximo de 24 meses, aunque hay voluntad de permanencia y de erigirse en precursora para su instalación en otros puntos del Archipiélago y del territorio nacional. El equipo de trabajo es multidisciplinar. Junto al juez, el fiscal, la letrada de la Administración de Justicia y los funcionarios adscritos al Juzgado de Instrucción 3 ejercen, en esas mismas instalaciones y codo con codo, dos médicas forenses y una psicóloga del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, además de un grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Desde la entrada de los y las menores a las instalaciones judiciales se les intenta proteger y procurar un ambiente amable, alejado de la frialdad de las salas de vistas. No entran al edificio por la puerta principal, sino que acceden a través del punto de encuentro familiar y, de allí, son conducidos, junto a su acompañante, al espacio habilitado para el denominado Juzgado contra la Violencia en la Infancia y la Adolescencia.
Al llegar, se les recibe en la sala de estancia. Los colores (tonos pastel), las plantas, la ubicación de los sofás, de los pufs... Todo está basado en el concepto de “arquitectura de la víctima”, en la configuración de un espacio organizado para procurar el mayor bienestar a los menores, para reducir la tensión y la ansiedad propias de la visita a los juzgados. Hay un área de esparcimiento para los más pequeños con lápices de colores, también una estantería donde se entremezclan los cuentos infantiles con las revistas para adolescentes. En la televisión se puede ver una película infantil, un documental o, simplemente, un fondo con música relajante. Aquí no solo se pueden romper las reglas, sino que se les incita a ello.
También dispone de un espacio polivalente en el que los niños y sus familias pueden permanecer antes, durante y después de las diligencias que se deban practicar. En esta “zona de descompresión”, como la define el magistrado Martín, hay una pizarra vileda en la pared, para que los más pequeños puedan pintar, un banco de libros que se va reponiendo constantemente y cuyos ejemplares los menores se pueden llevar cuando se marchen del juzgado, e, incluso, tecnología y recursos más enfocados a la adolescencia, como unas gafas de realidad virtual.
Una única declaración en todo el proceso
En la sala de exploración se practican las denominadas pruebas preconstituidas. El juez toma declaración a la víctima en un ambiente distendido. Las puertas están permanentemente abiertas. Entra luz natural, hay plantas y varios sofás. El vinilo de colores verdosos que cubre una de las paredes sirve de fondo para la grabación. La cámara se sitúa en el otro extremo, se controla de forma remota y puede registrar cualquier rincón de la sala. El niño o la niña se sienta junto al magistrado en torno a una mesa. A partir de la experiencia de estos meses, Martin cree que hay que cambiar dos elementos. La mesa debe ser de cristal, para ver el movimiento de las manos de las víctimas, y el micrófono debe poder moverse, porque no es lo mismo el torrente de voz de un menor de catorce años que el de uno de cinco.
Durante la entrevista los menores pueden salir cuantas veces quieran sin necesidad de pedir permiso. “Se acentúa la autonomía, que sientan que están en su espacio”. No hay relojes, se adapta el ritmo al de los niños. La declaración que presten en ese momento será la única de todo el proceso. No tendrán que volver a comparecer en juicio. La grabación obtenida en esta fase será válida para la vista, para su valoración por parte del órgano enjuiciador. Por eso se llama prueba preconstituida. Se trata, de nuevo, de evitarle el trance, siempre respetando las garantías procesales tanto para la víctima como para la persona investigada.
Este concepto de sala de exploración deja atrás la denominada cámara Gesell, un espacio conformado por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral. Es decir, donde el niño o la niña no puede ver lo que hay al otro lado, pero los que están al otro lado sí pueden verlo a él o a ella. Con respecto a la sala Gesell, Martín ha explicado que se ha encontrado con casos en los que la simple percepción de que detrás del espejo podía estar la persona mente agresora generaba “auténticas perturbaciones” en la víctima.
En el otro extremo de la planta se encuentra la sala de observación. “El menor ni se imagina que existe”. Este espacio sí responde a la estructura tradicional de una sala de vistas y es donde el fiscal, la letrada de la administración de Justicia, la persona investigada, los abogados y la psicóloga forense visionan en alta resolución, y gracias a un software y unas aplicaciones desarrolladas por las empresas Codimg e Inetum, la declaración de la víctima.
Al ser una prueba preconstituida y, por tanto, la única oportunidad en todo el procedimiento penal de entrevistar al menor, la representación letrada del investigado puede ejercer su derecho de defensa y de contradicción. Es decir, puede preguntar cuantas veces quiera. Para llevar a cabo este trámite protegiendo al menor es el propio juez quien abandona la sala de exploración para dirigirse a la de observación, recabar las cuestiones planteadas por los abogados y regresar con los menores para formulárselas. Va y vuelve las veces que sean necesarias. El magistrado dice que en todo este tiempo tan solo ha denegado una pregunta.
Una vez concluida la entrevista, comienza el “proceso de relajación” con la víctima. Se corta la grabación y el juez comienza a preguntarle por cuestiones ajenas a la investigación antes de despedirlo. Los niños y niñas se pueden quedar en los juzgados después de su declaración. Martín señala que algunas entrevistas han durado más de dos horas y media y que se han desarrollado con múltiples interrupciones, siempre respetando los ritmos de la infancia, y que, en cambio otras, y recuerda una reciente de una menor de ocho años, apenas se han prolongado durante veinte minutos por el “nivel de detalle” en la descripción de los hechos, que hizo incluso que ninguna de las partes formulara cuestiones adicionales.
Unidad de valoración forense
En este juzgado también se encuentra la Unidad de Valoración Forense Integral de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. En ella trabajan dos médicas forenses, Eva Bajo y Cintia Sánchez-Vasconcellos. La primera de ellas, subdirectora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, explica que durante estos meses se han ido “afianzando” los procedimientos técnicos, como las evaluaciones o la toma de muestras, ajustándolos a estándares internacionales “superiores incluso a los que se exigen en España”. Pone como ejemplo un kit de recogida de muestras que han desarrollado junto a un laboratorio de genética forense para asegurar que esa prueba tenga la máxima calidad. “La cadena de custodia está reforzada para darle la máxima seguridad a esas evidencias que se puedan obtener en un reconocimiento forense en un caso de abusos sexuales, por ejemplo”, sostiene Bajo, que incide en que tanto ella como su compañera se están formando para convertirse en expertas en el campo de la pediatría forense.
Mónica Rincón es psicóloga forense, encargada de realizar los informes periciales. “Es un trabajo muy intenso. Nos centramos siempre en el menor, más que en la visión del adulto. En principio íbamos a ser tres psicólogas, nos falta algún recurso, pero nos sobran ganas”. Su trabajo de los últimos meses, integrada en el equipo del juzgado especializado, es “muy diferente” al que estaba acostumbrada a realizar. “Te obliga a actualizarse, los retos son cada vez distintos y hay que adaptarse a los menores. Se dan situaciones que en otras circunstancias hubieran sido impensables”. Alude, como ejemplo, al caso de un niño con una discapacidad intelectual y severos problemas de lenguaje. “En otro juzgado, seguramente se diría que no se puede, pero en este tipo de intervención buscamos todas las alternativas posibles de comunicación, no solo el lenguaje, para llegar a la persona. Finalmente se consiguió”. Rincón se refiere también a la barrera lingüística en el caso de los menores migrantes. El magistrado Martín recuerda que para realizar una prueba preconstituida hubo que movilizar a dos intérpretes para traducir del bambara (idioma hablado en Malí) al francés y después al español.
Una de las últimas personas en incorporarse al proyecto, hace aproximadamente un mes, ha sido la doctora y psicopedagoga Zaira Santana. Pertenece a un equipo de cuatro investigadoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que, con fondos de la Fundación Mapfre, intervienen en el proceso y evalúan el proyecto, lo avalan científicamente. Se trata de comprobar si las iniciativas impulsadas en esta experiencia piloto obtienen los resultados previstos. Es decir, si reducen los niveles de estrés y ansiedad en los menores y en qué medida.
Santana es especialista en el uso de nuevas tecnologías en trastornos del espectro autista. A ella se debe la introducción de nuevos recursos, entre ellos las gafas de realidad virtual. “Tenemos que buscar herramientas que se adapten a sus motivaciones para lograr la reducción del estrés, sobre todo después de las entrevistas, pero hay veces que incluso antes, para que entren de la mejor manera posible para que cuenten todo lo que tengan que contar en la prueba preconstituida y que no tengan que volver a hacerlo”, explica. Uno de los próximos objetivos es empezar a trabajar con pulseras de frecuencia cardiaca para saber la situación de cada menor en cada momento de su estancia en el juzgado, para recoger datos cuantitativos que permitan analizar si el espacio es agradable o si las intervenciones están dando resultado.
Antes de salir, cada familia y cada víctima rellena un cuestionario de evaluación confidencial que aborda diversos aspectos, desde el recibimiento hasta las sensaciones durante las pruebas o las evaluaciones psicológicas o forenses. Hasta en los niños más pequeños, de tres y cuatro años, se ha hecho una adaptación para que elijan con las pegatinas que mejor se adapten a su estado de ánimo. “Por primera vez en un juzgado se evalúa lo que hacemos”, concluye Martín, que también destaca la estrecha colaboración con la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia y con los equipos de servicios sociales. Cuando no se aprecia una conducta tipificada en el código penal pero sí una situación de vulnerabilidad de un menor se asegura, antes de cerrar el expediente, que esos recursos van a seguir trabajando. “Hay que evitar la victimización terciaria, el abandono de la víctima”, zanja el magistrado.
Los impulsores del proyecto ya se están planteando cómo crecer. De momento, se han habilitado dos terminales en un espacio anexo en esa misma planta para funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que las unidades dedicadas a la infancia de la Policía Nacional y la Guardia Civil tengan también su hueco en este juzgado, para crear una pequeña comisaría. En materia de personal, se espera la próxima incorporación de una trabajadora social.