El accionista de referencia de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, ha defendido este viernes que no ha hecho “nada ilegal”, que sufre una “persecución” y que, en las causas que tiene abiertas por fraude a la Seguridad Social, no se le trata “como a un ciudadano más”.
“Estoy sufriendo una campaña de acoso y derribo que no me va a amedrentar. No me voy a rendir, ni me voy acobardar. Voy a luchar, porque tengo la razón”, ha manifestado Ramírez, que sostiene que si no fuera el presidente de un club de fútbol, la UD Las Palmas, no sería más que “uno de los muchos empresarios que desgraciadamente tienen en este país problemas laborales o con la justicia”.
En una rueda de prensa convocada en el estadio de Gran Canaria para valorar las consecuencias del descenso de su equipo a Segunda, Ramírez se ha pronunciado extensamente sobre las querellas que la Fiscalía de Delitos Económicos le ha interpuesto en los últimos años por la política salarial seguida por Seguridad Integral Canaria.
Esta compañía aprovechó la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012 para descolgarse del convenio nacional del sector y pactar con su plantilla un acuerdo de empresa con sueldos mucho más bajos que los de su competencia, lo que le permitió ganar numerosas licitaciones públicas convocadas mediante subasta a la baja.
Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó en 2016 ese acuerdo y condenó a Seguridad Integral a pagar a sus empleados los salarios del convenio nacional del sector con efecto retroactivo, lo que llevó a la empresa a declararse en suspensión de pagos.
La Fiscalía aprecia en la política salarial de esa empresa varias irregularidades: en 2014 denunció a Ramírez por un delito contra Hacienda y otro contra la Seguridad Social por un fraude de varios millones de euros consistente en pagar por sistema a su plantilla las horas extras como si fueran dietas, que tributan menos, y ahora ha vuelto a querellarse contra él al entender que ha dejado de cotizar al menos un millón y medio de euros al no abonar los sueldos del convenio nacional.
Ramírez se ha mostrado hoy convenido de que ganará ambos pleitos y ha defendido su derecho a crear una empresa de vigilancia “low cost”, a semejanza de lo que pasa en otros sectores.
“Me hace gracia: una compañía aérea puede montar una aerolínea 'lowcost', una compañía de supermercados puede tener productos 'low cost'... Aquí todo el mundo puede tener productos 'low cost', pero una empresa de seguridad hace un convenio para ser una compañía 'low cost' y es delito”, ha argumentado.
Tras enfatizar que desde 2011 no tiene ninguna responsabilidad en la gestión de Seguridad Integral Canaria, de la que dice querer retirar parte de sus inversiones, porque ya “ni pisa” su sede, Ramírez ha insistido en que sufre una persecución, en la que ha incluido directamente a los sindicatos, a las empresas de la competencia y a la Fiscalía y, de forma implícita, al juez que lo puso en busca y captura.
Ramírez sostiene que el Supremo tumbó el convenio de su empresa “por un recurso de la competencia presentado a través de los principales sindicatos del sector” y se queja que la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, le ha puesto ya varias querellas, una de las últimas por un alzamiento de bienes en la que cuestiona su separación matrimonial.
En cuanto al procedimiento que le acaban de abrir, entiende que podía haberse resuelto en vía administrativa, abonando por parte de Seguridad Integral Canaria el millón y medio de euros que la Seguridad Social le reclama en cotizaciones no pagadas.
Sin embargo, en lugar de eso, ha añadido, se optó por imponer a su empresa una sanción adicional de otro millón y medio de euros -que ha tenido que pasar por el Consejo de Ministros debido a su cuantía, ha enfatizado-, y por abrirle una nueva causa por fraude.
En cuanto al juez que lo puso en busca y captura, ha opinado que adoptó una medida “totalmente desproporcionada”, porque además sostiene que él no faltó a ninguna citación.
“Cuando se cita a alguien para acudir a una comparecencia judicial, si no puede acudir, le dan otra fecha y no pasa nada. Lo mío es peor que eso. A mí nunca se me citó y no ha habido ni un medio de comunicación que haya dicho la verdad. Nunca fui citado para acudir al juzgado. Dejaron la citación en Seguridad Integral canaria y yo hace años que no voy allí”, ha argumentado.
Ramírez ha anunciado, además, que sus abogados pedirán que ese juez se inhiba en favor del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, porque entiende que el nuevo delito que ahora le atribuyen es el mismo por el que está procesado desde 2014.
Al frente de ese juzgado se encuentra la magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell, a la que la Audiencia de Las Palmas acaba de confirmar como instructora de esa causa, al desestimar la recusación formulada contra ella por Hacienda y la Fiscalía.
Ramírez se ha aventurado, incluso, a opinar sobre cuál debe ser el desenlace de ese procedimiento: “La señora Rosell, en diferentes ocasiones y en autos judiciales, ya ha dicho que existe una trama entre la Fiscalía, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria contra Miguel Ángel Ramírez. Eso está escrito, no lo digo yo, sino una juez. Espero que ahora actúe en consecuencia”.