La candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas, Victoria Rosell, ha registrado un escrito ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas en la que solicita el archivo y la declaración inmediata de nulidad radical de las diligencias preprocesales incoadas contra ella por el Ministerio Público por las que se pretende valorar si la juez en excedencia cometió una infracción disciplinaria.
La Fiscalía investiga si Rosell debió haberse inhibido en la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, acusado de un delito de fraude fiscal en una de sus empresas, por el acuerdo económico al que el Club Deportivo llegó con su pareja sentimental y propietario de la empresa Clan de Medios, Carlos Sosa.
Según se desprende del escrito, presentado en la Fiscalía el pasado día 9, Victoria Rosell denuncia que la actuación de el Ministerio Público “solo puede interpretarse como una actuación realizada a sabiendas, voluntaria y conscientemente fuera de toda previsión legal o por ignorancia inexcusable, y que vulnera de forma flagrante y directa mis derechos fundamentales y las más elementales garantías procesales”.
Al respecto, señala que “ha prescindido absolutamente de las normas de competencia y procedimiento”, motivo por el que pide el archivo definitivo de las diligencias y la paralización de las que aún no se hayan practicado.
En referencia a la falta de competencia, la jueza en excedencia explica que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial precisa que un procedimiento como el que se sigue contra ella solo podría ser iniciado por el Promotor de Acción Disciplinaria y por decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es decir, en ningún caso por parte de la Fiscalía, que según señala “no tiene competencia específica alguna en esta cuestión más allá de su posibilidad de presentar, como cualquier otro organismo o particular, la denuncia correspondiente”.
La candidata asegura no haber tenido conocimiento de la investigación al no habérsele permitido el acceso a la información, pese a habérsela solicitado en persona al Fiscal Jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, el pasado día 3 de diciembre. Como resultado del encuentro, recuerda que no se le permitió comparecer, se le recomendó presentar un escrito y se le dijo que era muy dudosa la posibilidad de su personación. A su juicio, esto supone una situación de “absoluta indefensión y falta de garantías”.
Rosell señala la “enemistad manifiesta” que mantiene con García-Panasco y con la instructora de las diligencias, Evangelina Ríos, que resume como “mala relación, pública y notoria, personal, profesional y social”. El primer caso deriva del momento en que siendo magistrada del Juzgado de Instrucción 8 de la capital grancanaria imputó a la esposa del Fiscal Jefe, Lourdes Quesada -actual directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias– por delitos relacionados con los escándalos en los concursos públicos de los servicios de ambulancias y hemodiálisis.
Por su parte, la “enemistad manifiesta” con Ríos culminó con una queja disciplinaria que no llegó a la incoación de un expediente y que el Consejo General del Poder Judicial archivó en fase informativa y poniendo en duda la actuación de la propia fiscal para evitar un presunto retraso en las diligencias que se siguen contra Ramírez.
Información de la Fiscalía
Según señala Rosell, García-Panasco le manifestó que, pese a su “enemistad manifiesta”, él mismo ordenó la apertura de las diligencias cuando el Ministerio Público recibió un documento de procedencia anónima que dio origen a la investigación.
La jueza califica como “sorprendente” la “cantidad de vulneraciones de la normativa vigente” que se han dado en su caso, en referencia a que, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, el periódico de tirada nacional El Mundo publicó en portada el inicio de las investigaciones preprocesales y, a partir de este punto, también lo hicieron diversos medios de comunicacion.
“Resulta patente que determinadas informaciones publicadas en diversos medios, solo podrían haberse conocido si es la propia Fiscalía la que facilita la información, entiendo que estos hechos constituirían vulneración de las obligaciones que competen a los fiscales”, apostilla.
Uso indebido del Ministerio Público
Las informaciones publicadas en los medios de comunicación referentes a que Ríos habría recurrido a la policía judicial para llamar a declarar de forma “urgente” como testigos a varios ciudadanos ante la Fiscalía además de, al parecer, librar diversos oficios a entidades bancarias con el fin de acceder a los datos económicos “de personas que ni siquiera serían objeto de dicha investigación”, supone para Rosell el “acceso a datos reservados de carácter personal realizados sin tener ningún tipo de cobertura legal por ejercerse fuera del ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere”. Una actuación que sería, a su juicio, “absolutamente desproporcionada a la naturaleza de las diligencias en trámite”.
En este punto, hace hincapié en que el comunicado oficial hecho público por la Fiscalía habla de investigación disciplinaria, que por otro lado da el nombre de “diligencias preprocesales penal nº 83/2015” a los oficios y citaciones para prestar declaración. De esta forma, afirma que se han comunicado “de foma tendenciosa y perjudicial a terceros, incluida la policía judicial, como si de una investigación penal se tratase”.
A juicio de la candidata de Podemos, la apertura de las diligencias sin competencia del Ministerio Fiscal, al que atribuye el haber solicitado información que vulnera derechos de terceros, utilizado a la policía judicial y citado a testigos en el marco de un procedimiento penal, al tiempo que se le niega el acceso a informacióny no se escucha su versión de los hechos, “y todo ello en periodo electoral, me coloca en una posición en la que se me vulnera mi derecho a ejercer el derecho al sufragio pasivo en igualdad de condiciones”.
“Flagrante vulneración de derechos”
En su escrito, pide que le den traslado completo del expediente para poder conocer las actuaciones realizadas y “el grado de afectación que con ellas se hubiera podido ocasionar a mis derechos; a fin de valorar el ejercicio de otro tipo de acciones legítimas, al no poder en este momento siquiera discernir si lo filtrado y publicado en medios de comunicación coincide exactamente con el contenido del expediente”.
Debido a la “enemistad manifiesta” que le profesan ambos fiscales, solicita su cese inmediato en las diligencias “por ser obligada su abstención”.
“Todo ello a fin de evitar el mantenimiento de una situación de flagrante vulneración de derechos fundamentales y de indeseable intervención de la Fiscalía Provincial en la campaña electoral, mediante la incoación y trámite de diligencias ‘preprocesales disciplinarias’ manifiestamente carentes de fundamento y con visos de ilegalidad, a sabiendas o mediando ignorancia inexcusable, así como de su filtración a medios de comunicación con los consiguientes perjuicios de difícil reparación”, concluye.