El magistrado Salvador Alba ha reconocido por primera vez que todas las frases que se le atribuyen de la grabación de la conversación que mantuvo con el empresario Miguel Ángel Ramírez en su despacho el 16 de marzo de 2016 salieron de su boca. En ese audio se le escucha conspirar para perjudicar la carrera política y profesional de Victoria Rosell, a quien sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuando la magistrada pidió la excedencia voluntaria para presentarse a las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015 como cabeza de lista de Podemos por la provincia de Las Palmas.
Un mes antes de que se hiciera pública la grabación, Alba negó que tuviera animadversión hacia Rosell. Sin embargo, en el audio se le escucha referirse a su compañera de profesión como “cabrona” o “hija de puta”. Este viernes el juez ha afirmado que esos insultos fueron proferidos por el empresario y que él solo le siguió la corriente.
Alba ha declarado este viernes por segunda vez ante Margarita Varona, instructora de la causa que se sigue en su contra en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la presunta comisión de seis delitos en relación a esa reunión y la posterior declaración del empresario, pactada en ese encuentro. El juez está imputado por cohecho, prevaricación, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios, delito contra la Administración de Justicia y revelación de secretos.
A pesar de que la última pericial de la Guardia Civil confirma que el audio encontrado en la papelera del dispositivo de grabación utilizado por Ramírez es auténtico y no contiene cortes ni inserciones, Alba sigue manteniendo que ha sido manipulado y que se le han añadido frases que no pronunció ese, sino otros días.
Según fuentes conocedoras del interrogatorio de este viernes, el juez imputado ha asegurado que la grabación es producto de tres conversaciones distintas y que contiene extractos de la reunión del 16 de marzo, de la propia declaración pactada que el empresario prestó el día 23 de marzo y de un supuesto encuentro que también habría sido grabado por Ramírez y el abogado Sergio Armaro en la puerta del despacho del juez inmediatamente después de la comparecencia de ese día.
La declaración del 23 de marzo versó única y exclusivamente sobre los contratos firmados entre sociedades administradas por Ramírez y empresas vinculadas al periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell. Alba ha afirmado este viernes que quería profundizar en esas relaciones comerciales, anteriores a la apertura de la investigación por delitos fiscales contra el presidente de Seguridad Integral Canaria, porque “estaba estudiando” un posible delito de blanqueo de capitales, aunque ha reconocido que las cantidades eran “ridículas” y que no informó de su objetivo a la fiscala Evangelina Ríos.
También admitió que solicitó una copia de la declaración de Ramírez del día 23 de marzo nada más acabar para poder revisarla, pero ha negado que se la diese al periodista especializado en tribunales del periódico La Provincia, Manuel Reyes. El presidente de Seguridad Integral Canaria relató en su declaración en el TSJC del pasado mes de diciembre que cuando salió de esa comparecencia vio a Alba pedir la copia y al periodista esperar fuera. La Provincia publicó el 3 de abril la declaración íntegra de Ramírez. Unos días antes, el periodista Fernando Lázaro había firmado una amplia reseña en el diario El Mundo sobre esas relaciones comerciales entre el empresario y la pareja de Rosell.
A esos dos periódicos también se les había filtrado a principios de diciembre de 2015, en plena campaña electoral, la información de la apertura de una investigación preprocesal a Rosell por parte de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Aunque en la grabación que recientemente ha sido autentificada por la Guardia Civil Alba reconoce haber comido con Fernando Lázaro en el restaurante El Pelotari de Madrid en la víspera de la publicación en El Mundo (2 de diciembre), este viernes ha afirmado que esos días estaba en una competición de judo y que solo ha compartido mesa con el periodista en el marco de algún curso y junto a más personas. Sin embargo, en una declaración el 30 de noviembre afirmó que “al día siguiente” iría a un curso al Consejo General del Poder Judicial y le pagarían dietas.
El 15 de diciembre, unos días después de la primera publicación, el mismo periodista de El Mundo se hacía eco de un informe redactado por el juez Alba que exponía, entre las presuntas irregularidades que a su juicio había cometido Rosell en la instrucción de la causa por delito fiscal contra Ramírez, la retención, durante 21 meses, de un pen-drive con información “relevante” para el procedimiento. Al ser preguntado por el contenido del mismo, el juez respondió que creía que era importante porque tenía nóminas de trabajadores. Una interpretación que choca con la manifestada por la fiscala Evangelina Ríos, que un su comparecencia como testigo en esta causa dijo no recordar bien qué información contenía ese pen-drive, por lo que concluyó que “no debía ser importante”.
En el interrogatorio de este viernes, a Alba también se le ha preguntado por sus relaciones con el exministro José Manuel Soria y con Ramón Francisco Arnau de la Nuez, un condenado por estafa y homicidio con el que se intercambió correos los pasados 29 y 30 de marzo interesándose por un supuesto dossier con información comprometedora para Rosell.
El juez imputado ha reconocido que mantuvo varios encuentros con Soria para intentar obtener el apoyo del PP (el exministro era entonces presidente del partido en las Islas) para ser vocal del CGPJ. En medio de la comparecencia, el abogado de Alba, Nicolás González-Cuéllar, preguntó a la instructora por qué razón permanecía imputado el juez por un delito de cohecho cuando no existía ningún indicio de que hubiera cobrado una cantidad de dinero por su actuación. Margarita Varona le recordó al letrado que los beneficios también pueden adoptar la forma de prebendas.
Con respecto al intercambio de mensajes con Arnau de la Nuez, Alba mostró signos de nerviosismo y responsabilizó a su mujer, la letrada de la Administración de la Justicia (antes llamada secretaria judicial) Teresa Lorenzo, de haber mantenido esos contactos.
En el interrogatorio de este viernes, Alba ha contestado a todas las preguntas formuladas por la jueza instructora, Margarita Varona; por el fiscal, Vicente Garrido; por su abogado, Nicolás González-Cuéllar; por el de Miguel Ángel Ramírez, Lino Chaparro; y por los letrados de la acusación particular, ejercida por Antonio Marrero en representación de Victoria Rosell, y de la acción popular: Sandra Rodríguez (Podemos) y Luis Val (Carlos Sosa).