Un fiscal del Supremo: “La Fiscalía de Las Palmas ha dado una imagen de politización lamentable”
El fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada considera que existen motivos para destituir al fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, tras la “sentencia tan tremenda” del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que concluyó que el Ministerio Público vulneró los derechos de Victoria Rosell al abrir unas diligencias preprocesales contra la jueza en excedencia por una presunta infracción disciplinaria e informar a la opinión pública de estas actuaciones a través de una nota de prensa publicada el día que arrancaba la campaña para las elecciones generales, a las que concurría la ahora diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas.
En una entrevista en la cadena Cope, el también portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que ya ha pedido la dimisión de García Panasco, sostiene que actuaciones como la del fiscal jefe de Las Palmas “no ayudan en nada a la institución, porque dan una imagen de politización espantosa”. Viada, que ya se pronunció en similares términos en su blog Justicia Imparcial pocos días después de que se conociera la investigación, ha insistido en que su posición en este caso “no significa ninguna identificación ideológica con nadie”. “Como asociación, lo de los partidos políticos no nos afecta, lo que queremos es despolitizar la Justicia”, ha afirmado.
Viada ha recordado las palabras de la fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, que en una reciente entrevista en el diario ABC remarcaba que la Justicia debe “extremar la prudencia” para no incidir en periodo electoral. Cabe recordar que el TSJC sentenció que la Fiscalía de Las Palmas había vulnerado el derecho fundamental de Rosell a un proceso debido, con todas las garantías, y también el de sufragio pasivo, sin interferencias por parte de instituciones del Estado y en condiciones de igualdad, cuando investigó a la jueza en plena campaña electoral sin tener competencia para ello. El tribunal no accedió, sin embargo, a la pretensión de Rosell sobre la vulneración de su derecho al honor por no quedar acreditado que fuera ese órgano el que filtró a la prensa sus propias actuaciones.
“Nosotros, como fiscales de a pie, creemos que estas cosas no pueden ocurrir. Si ocurren, hay que decir que este señor se ha equivocado y pedir que lo cambien. La mayor parte de los fiscales no somos jefes, no pasa nada por no serlo, no es que se gane mucho más. Se le destituye y al cabo de un tiempo la vida sigue”, ha manifestado Viada en la entrevista radiofónica. El fiscal del Supremo ha insistido en la necesidad de transmitir la imagen de que “los errores se pagan, de que hay que responder por ellos”.
Las diligencias preprocesales contra Rosell se iniciaron pocas semanas después de que la jueza en excedencia anunciara su entrada en política. Tras recibir un sobre “anónimo” el 22 de noviembre, Guillermo García Panasco ordenó a la fiscala de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, investigar si Rosell retrasó intencionadamente el procedimiento de fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la UD Las Palmas, a sabiendas de que su pareja, director de Canarias Ahora, estaba negociando un acuerdo para alquilarle una frecuencia de radio en FM por 300.000 euros.
Tras incoar las diligencias, el Ministerio Público llamó a declarar a testigos y recabó información bancaria sobre operaciones entre las empresas que habían suscrito el contrato. El 11 de diciembre, el mismo día en el que el TSJC emitía un auto ordenando paralizar las actuaciones de manera cautelar, la Fiscalía remitió sus pesquisas al Consejo General del Poder Judicial, que en febrero archivó la denuncia contra Rosell al entender que la acusación del Ministerio Público carecía de datos que permitieran sostener un interés indirecto de la magistrada en la causa contra Ramírez.
Vicente Garrido, fiscal superior de Canarias, redujo esta misma semana la investigación a Rosell a una mera “verificación” e insistió en que el Ministerio Público estudia recurrir la sentencia del TSJC.
