Hasta el más fiel devoto del ex ministro José Manuel Soria es consciente, aunque mire para otro lado, de que el que fuera todopoderoso líder del PP en Canarias no se pierde una para estar en todos los fregaos donde haya conchabos. Y a finales de 2015, ante las elecciones generales de diciembre a las que concurría por primera vez Podemos y la magistrada Vicky Rosell, no había mayor conchabo que anular como fuera a su principal rival política en la provincia de Las Palmas.
El interés directo de José Manuel Soria en entrampar a su contrincante (aquel PP todopoderoso estuvo cerca de perder las elecciones en la provincia a manos de la magistrada de Podemos) por medio de los negocios jurídicos que tuviera la pareja de Vicky Rosell, el director de este periódico, Carlos Sosa, con el empresario Miguel Ángel Ramírez, investigado por la magistrada, es más que evidente y fue la ocasión perfecta. Tanto, que el abogado que comparten Soria y Alba se jactaba de ello en los cenáculos de Madrid. Iban a matar dos pájaros de un tiro: a la rival política y al director del medio que ha denunciado durante dos décadas las componendas de quien lo fuera todo en Canarias. Hasta que tuvo que dimitir por su paraíso fiscal.
A lo largo de las tres sesiones de testificales del juicio al juez Alba ha vuelto a demostrarse que mientras la magistrada investigaba al empresario, este no tenía grandes tratos comerciales con su pareja. Los hubo, sí, antes del inicio de la investigación judicial en 2014, hasta 2009 como corroboró la fiscal Evangelina Ríos, y fue en todo caso con los antiguos propietarios de la cabecera Canarias Ahora. Y a partir de entonces solo se ha mantenido el servicio de limpieza de las oficinas, a cambio de publicidad. Pero todo sirvió en 2016 para que Soria se querellará contra la jueza, con informes fabricados ex profeso, presuntamente, por el juez acusado, Salvador Alba, valiéndose de lo que en su despacho le contaba el empresario, Miguel Ángel Ramírez, y que le ha llevado hasta este juicio por cinco delitos.
El tribunal no ha querido que se interrogue a José Manuel Soria a pesar de que es una figura clave en toda esta trama. El señor X que se beneficiaba, presuntamente, de la celada que se tendía a Rosell y Sosa, por la necesidad de Ramírez de congraciarse con el juez Alba, sustituto de Rosell en su juzgado y por tanto heredero de la investigación al empresario. Las grabaciones publicadas desde 2016 están ahí, y la declaración ya en sede judicial, lo deja claro: el juez buscaba información ajena a la causa contra Ramírez para desacreditar a la jueza y a su pareja. Así lo han hecho constar en estos tres días intensos tanto Sosa como Rosell, señalando a Soria como el muñidor de la trama que forzó la dimisión de Rosell, en 2016, como diputada, aunque después se archivara la querella que le había presentado el entonces ministro de Industria.
Porque ya para entonces, en marzo de 2016, el origen de la investigación y querella a la magistrada y diputada de Podemos, la cesión días después de abandonar su juzgado de una frecuencia de radio propiedad de su pareja a una productora de la Unión Deportiva Las Palmas, club de fútbol presidido por Miguel Ángel Ramírez, no servía para los propósitos de quienes querían acabar con Sosa y Rosell. De ahí que los informes del juez Alba sobre nuevas supuestas relaciones contractuales entre el empresario y el periodista valieran para mantener investigada a la diputada.
No hay más preguntas, señoría. La tercera jornada del juicio al juez Alba, acusado de cinco delitos por conspirar contra la diputada, prometía emociones fuertes por el enigmático testimonio, admitido a última hora en las cuestiones previas, de Héctor de Armas, la ex mano derecha de Miguel Ángel Ramírez. Y lejos de soltar una bomba que convirtiera al juez acusado en víctima de alguna trama contra su libertad y su carrera, el testigo lo fundió todo en un petardo mojado.
El juez Alba quemó este miércoles su penúltima bala [ante el esperpento vivido en la sala, ya cualquiera se espera que se guarde otra más desesperada] convirtiendo a un testigo que iba a ser de la acusación en muñeco del pimpampúm de la defensa; puesto en evidencia patética sobre todo por el fiscal, Vicente Garrido, ante la serie de incongruencias que el exsocio de Ramírez, enfrentado a muerte con él, vino a declarar: que la grabación al juez respondía a un presunto chantaje, “un seguro de vida”, para librarse ambos de la causa de fraude fiscal en la que están investigados. Y que esa grabación está manipulada porque él escuchó otros cosas que no figuran.
Héctor De Armas no aportó ninguna prueba de lo que sostiene, sólo su palabra que fue cuestionada reiteradamente por el fiscal y acusaciones. Admitió, eso sí, estar en una situación personal extrema, tanto física como económicamente, y justificó que haya querido ahora contar las maneras de Ramírez, después de doce años como mano derecha del empresario, por “un acto de conciencia” sobrevenido hace tres meses. Esos mismos meses en los que siendo testigo propuesto por las acusaciones ya había entablado contacto con Alba por medio del locutor que lo entrevista dos veces por semana en una radio, Juan Santana, como el mismo De Armas admitió.
Es más, cuando De Armas dijo que ha escuchado pasajes de la grabación a Alba que no figuran en el audio completo entregado a la Justicia, con el fin de desacreditar esa prueba, no supo explicar de manera creíble cómo recordaba esos pasajes borrados y no otros ya públicos y notorios. “Solo lo escuché una vez”, en 2016, dijo. Y tampoco llegó a explicar bien el contenido de unos presuntos whatssap que se habrían cruzado De Armas y Sosa, comentando la causa contra él y Ramírez…aunque hizo constar que fueron “comentarios esporádicos, y de criterio propio” de Sosa, que no ha reconocido que esos whatssap sean suyos porque no los conserva.
Si algún día se analizara con criterio, rigor y honestidad para la Historia, y no para alimentar una leyenda negra novelada, estas dos primeras décadas del siglo XXI en Canarias, alguien debería detenerse ante lo sucedido la mañana de este miércoles 3 de julio en la carpetovetusta sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia de estas islas, bajo la Torre de la Audiencia de San Agustín. Barrio de Vegueta…
Porque después de un testimonio que pretendía ser demoledor a favor el juez acusado y que quedó diluido en una serie de aseveraciones contradictorias y casi ridículas, el remate final lo vino a poner el presidente de esa misma Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, cuando en una testifical fugaz para decir que “claro” que vio al empresario entrar en el despacho de su compañero Alba, como es público porque él mismo aparece en la grabación, describió la catadura moral del juez acusado:
“La relación con Alba era de compañeros [de la Sección Sexta], hasta que nos traicionó [a Moya y al también magistrado Carlos Vielba] grabándonos. A partir de ahí fue meramente profesional, a la hora de las deliberaciones, y desde que su mujer [Teresa Lorenzo, secretaria del juzgado de violencia de género] me insultó, las relaciones han sido cero”, aclaró al tribunal el presidente de la Audiencia.