La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la absolución del exjefe de Costas de la Demarcación de Canarias José María Hernández de León de los delitos de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial por las obras de regeneración de la Playa de Tauro, en el municipio grancanario de Mogán.
La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. Esta última sentencia condenó al exjefe de Costas a tres años de prisión y al pago de una multa de 3.600 euros por un delito de falsedad en documento oficial y a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia, ponencia del magistrado Javier Hernández, indica que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pese a afirmar que aceptaba los hechos probados declarados en la sentencia de instancia, mutó esencialmente la base fáctica de la declaración de condena contenida en la sentencia recurrida.
La absolución, por tanto, explica la Sala, “no se basó en una simple reevaluación normativa de aquellos sino en la atipicidad de los nuevos hechos que declaró probados, aun mediante una técnica de producción irregular, en la sentencia dictada”.
Añade que ello conduce a la desestimación de los motivos formulados por el Ministerio Fiscal, ya que “la denuncia por infracción de ley carece de toda consistencia a la luz de los nuevos hechos que se declaran probados. Ambos motivos ponen el acento en el error normativo en el que incurre el Tribunal Superior, pero utilizan como marco fáctico de referencia, el fijado por el tribunal provincial, no el del tribunal de apelación. Y estos, en efecto, descartan tipicidad”.
Las obras en cuestión, de 2017, sirvieron al grupo turístico Anfi Tauro para cubrir con 70.000 toneladas de arena lo que hasta entonces era una playa de callaos, en la primer obra de este tipo que la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente autorizaba en el litoral de Gran Canaria en los últimos 25 años.
Este procedimiento penal fue iniciado a instancias del propio Ministerio de Medio Ambiente, que destituyó a Hernández de León y le denunció ante la Fiscalía tras descubrir que había autorizado el inicio de las obras a pesar de que el ingeniero de la Demarcación le había advertido expresamente de la existencia de graves irregularidades que impedían dar ese permiso al grupo Anfi.
Entre ellas figuraba el hecho de que este grupo turístico no había cumplido con su obligación de donar los 3.683 metros cuadrados de suelo (motivo por el que resultó ganadora su oferta en lugar de otras), sino que había aportado al expediente otra finca mayor que los incluía, pero de la que no era el único propietario.
El Ministerio Público sostuvo en su acusación que Hernández de León eludió “de forma grosera, por palmaria”, sus obligaciones como jefe de Costas de Canarias, no cumplió con su deber de velar por el respeto de la legalidad, infringió “órdenes concretas” de sus superiores y luego “falseó la realidad” al redactar las actas y planos del expediente diciendo que se habían solventado las irregularidades cuando, en realidad, estas persistían.