La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo evaluará este jueves los recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el que se condenó al juez Salvador Alba a una pena de seis años y medio de prisión por confabular contra la también juez y exdiputada de Unidas Podemos Victoria Rosell.
Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, está previsto que los jueces se reúnan en vista pública a las 10.30 horas para escuchar a las partes defender los argumentos recogidos en los recursos presentados.
La sentencia recurrida apreció delitos de prevaricación judicial en concurso de cohecho (por lo que se condenó al exjuez Alba a tres años de prisión) y falsedad en documento público (por lo que fue condenado a otros tres años y medio). Por su parte, le eximió de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de revelación de secretos.
En el marco de la resolución, Alba también fue condenado a 18 años de inhabilitación especial para el cargo público de juez o magistrado, “con pérdida definitiva del cargo que ostenta y los honores”. A pesar de ello, el reglamento de los jueces le permite cobrar 1.800 euros al mes pese a estar suspendido. En la sentencia también se acordó el pago de 60.000 euros a Rosell en concepto de daños morales.
Instrucciones para perjudicar a Rosell
Alba fue acusado de dar instrucciones al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para perjudicar a la entonces también diputada de Podemos Victoria Rosell, a quien había sustituido en funciones. También se le acusó de iniciar en 2015 un procedimiento en su contra.
Según la sentencia, el exjuez “a cambio” prometió a Ramírez una “declaración de nulidad de las actuaciones” en su contra e “incluso pronunciarse sobre el fondo del asunto”, algo que podría haber favorecido a los intereses del empresario, “impidiendo posteriores actuaciones de la Agencia Tributaria”.
Dichas conversaciones fueron grabadas por Ramírez y se hicieron públicas, dando inicio posterior a la investigación por la que finalmente se le condenó.
Información para impulsar la querella de Soria ante el Supremo
Esa información servía para “incrementar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por José Manuel Soria [entonces, aún ministro de Industria, Energía y Turismo] en el procedimiento penal promovido” contra Rosell que estaba pendiente de admisión a trámite.
El tribunal canario concluyó que tras lo ocurrido, y por su “repercusión pública”, Rosell sufrió “un relevante perjuicio a su consideración personal, profesional y social”. Entre otras cosas, “renunció a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, perdiendo su consideración como diputada”.
A consecuencia de todos estos hechos, el TSJC también consideró probado que Rosell sufrió “un trastorno mixto ansioso-depresivo reactivo, de moderada intensidad, precisando tratamiento psicofarmacológico por tiempo prolongado”.