La Sala III del Tribunal Supremo ha decidido desestimar una demanda por daños y perjuicios de 133,9 millones de euros contra el Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Según el documento judicial, se desestima la reclamación patrimonial planteada por la sociedad Oliva Oceánidas, S.L. contra las tres instituciones derivados de la declaración de nulidad de normas de planeamiento que impidió el establecimiento en la zona de Costa del Faro de un complejo turístico con seis hoteles.
Para la Sala Contencioso-Administrativo del Supremo falta la prueba de “ostensible” del “nexo causal entre el perjuicio que se reclama y la actuación de las tres administraciones”.
“Presupuesto esencial sin el que no cabe pronunciamiento indemnizatorio” y “procede la desestimación del recurso”, apunta la sentencia.
Para los jueces, las obras en cuestión “se iniciaron careciendo del imprescindible soporte urbanístico habilitante para el desarrollo de un Plan de Urbanización que nunca tuvo eficacia, y, en consecuencia, afectado desde el 15 de enero de 2001 por la suspensión de su aprobación definitiva”.
Por ello, “la declaración de nulidad de las NN.SS, aprobadas definitivamente el 23 de mayo de 2000 (y que no fueron publicadas hasta el 29 de diciembre), nunca pudo ser la causa de la inutilidad de la inversión acometida en la medida que fue la actora quien decidió ejecutar el Proyecto, sin cobertura urbanística habilitante, defendiendo lo indefendible en los numerosos frentes judiciales que se abrieron desde 1990”.