El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha comunicado este martes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el magistrado Salvador Alba se encuentra en una situación que califica de “irregular”, al haberse marchado de vacaciones al archipiélago de Maldivas pese a encontrarse de baja médica. Una vez confrontada “la solvencia de la información” publicada por Canarias Ahora el domingo, el alto tribunal canario se ha dirigido al órgano de gobierno de los jueces para que valore la procedencia de abrir un nuevo expediente al polémico magistrado, que está acusado de cinco presuntos delitos en la operación maquinada contra su compañera Victoria Rosell y sobre el que pesa una propuesta de expulsión de la carrera judicial que está paralizada hasta que se sustancie el proceso penal.
Según han informado a este periódico fuentes oficiales del TSJC, junto a esta comunicación se ha remitido una copia del último parte de baja de Alba, de treinta días de duración, que fue presentado por el juez el 3 de julio. El Poder Judicial ha pedido información complementaria por correo electrónico.
A preguntas de este periódico, las mismas fuentes han confirmado que el magistrado “no ha comunicado nada” sobre sus vacaciones de nueve días en las Maldivas (del 9 al 17 de julio, ambos inclusive) al TSJC ni ha presentado la autorización médica que se requiere para poder viajar estando de baja.
El magistrado permanece de baja por enfermedad desde hace casi dos meses. El médico Sergio Hernández, que está acusado de falsificar la historia clínica de su ex mujer en pleno proceso de divorcio para añadirle un diagnóstico falso y que se enfrenta, por ello, a una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel, firmó la baja pocos días después de que la magistrada Margarita Varona dictara el auto de apertura de juicio oral contra Alba, que ya ha cambiado de facultativo.
A pesar de que la apertura de juicio contra un juez lleva aparejada su suspensión hasta que que se dicte una sentencia firme, en cualquiera de los dos sentidos (absolución o condena), el CGPJ aún no ha concluido el trámite que, con toda probabilidad, apartará temporalmente a Alba de la judicatura. Fuentes oficiales del órgano de gobierno de los jueces han informado este martes de que la expulsión provisional del magistrado tampoco ha sido incluida en el orden del día de la reunión del Consejo Permanente, por lo que deberá esperar, al menos, una semana más. Todavía no ha concluido el plazo de diez días hábiles que se le ha dado a Alba para que formule las alegaciones que considere pertinentes, ya que el Poder Judicial no pudo notificárselo formalmente hasta el viernes 29 de junio, un mes y medio después de recibir el auto de apertura de juicio oral.
Mientras tanto, la sentencia del caso Faycán, de la que Alba es ponente, sigue bloqueada. El juicio quedó visto para sentencia el 2 de marzo. La sala, que completan Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, había fijado para el 18 de mayo la deliberación y el fallo de una causa que juzga una trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde gobernado por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) entre 2003 y 2005. Sin embargo, la baja de Alba obligó a suspender el acto y ha empantanado la resolución de una causa que, además, corre el riesgo de nulidad si el juez es suspendido y recibe el alta antes de que sea deliberada. La única opción, como ya ha informado este periódico, es que los otros dos magistrados soliciten autorización al Poder Judicial para resolver sin el presidente del tribunal y evitar así la repetición de un juicio en el que 21 de los 28 acusados han reconocido los hechos a cambio de una sustancial rebaja de penas.
Denuncia contra Rosell
Se da la circunstancia de que Salvador Alba denunció a su compañera de profesión Victoria Rosell ante el CGPJ por haber participado en un acto en Córdoba cuando estaba de baja por enfermedad. La magistrada intervino el 25 de noviembre del año pasado en unas jornadas de fin de semana organizadas por el Instituto 25 de mayo y el grupo parlamentario Unidos Podemos sobre la reforma del Estado, la Justicia y la corrupción. Una actuación que, en opinión del juez, era constitutiva de una falta disciplinaria “muy grave” que merecía la imposición de una sanción por parte del Poder Judicial.
El promotor de la Acción Disciplinaria archivó esa denuncia del juez, la sexta que había presentado contra Rosell, al concluir que su intervención tuvo naturaleza académica, que no se encuadraba en ninguno de los supuestos de prohibición previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que la baja de la magistrada le impedía el desempeño de sus funciones, pero no participar en actos de ese tipo.