El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha recibido este jueves del Supremo las diligencias abiertas contra la magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell a raíz de la querella que presentó contra ella el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
El Supremo ya había decidido previamente admitir a trámite esa querella, por observar indicios la posible comisión de delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación judicial y cohecho en los hechos que Soria atribuía a Rosell.
Sin embargo, el Alto Tribunal perdió su competencia sobre el caso el 3 de mayo, con la disolución de las Cortes Generales, y decidió remitírselo al TSJC, ya que Rosell ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial su reincorporación a los juzgados.
José Manuel Soria acusa a Rosell de haber retrasado, de manera interesada y maliciosa, la instrucción de la causa penal por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social que se seguía en su Juzgado (Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria) contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, por supuestas irregularidades en los pagos a los empleados de la compañía Seguridad Integral Canaria.
El exministro sostiene que Rosell no se apartó de la causa a pesar de tener intereses personales en ella a través de los negocios periodísticos de su pareja, Carlos Sosa, que había hecho tratos comerciales con Miguel Ángel Ramírez.
Soria, a quien representa en este caso el exfiscal general del Estado Eligio Hernández, no solo considera que Rosell incumplió su obligación de abstenerse, sino que retrasó la causa y no adoptó determinadas decisiones que podían ser perjudiciales para Ramírez, presuntamente, por el interés que tenía su pareja en el asunto.
Esa acusación de retraso de la causa contra Ramírez ya ha sido analizada en dos ocasiones -y archivada en ambas- por el Consejo General del Poder Judicial, a raíz de sendas quejas de la Fiscalía.
Sin embargo, el caso dio un giro en el propio Supremo cuando el sustituto de Rosell en el juzgado, Salvador Alba, proporcionó a la Sala de lo Penal un informe sobre el estado de la causa y una declaración de Ramírez en la que este reconocía haber financiado durante años negocios periodísticos dirigidos por Carlos Sosa.
Se da la circunstancia de que también el propio Salvador Alba podría ser investigado por el TSJC por este asunto, después de que Ramírez aportara, tras su marcha del juzgado, una grabación de una reunión previa con él en la que, presuntamente, le orienta de cómo tiene que declarar para perjudicar a Victoria Rosell, a cambio de buscar motivos para una nulidad del procedimiento por fraude.
Ayer mismo, la Fiscalía de Las Palmas recomendó que ese asunto se traslade a la Sala de lo Penal del TSJC, porque observa indicios en esa grabación de que Salvador Alba podría haber cometido un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.
La recepción formal de la querella de Soria por parte del TSJC pone en marcha los trámites para que este pueda pronunciarse sobre su contenido. Victoria Rosell ya ha anunciado que no se presentará de nuevo a las elecciones de junio si la querella no es archivada (el plazo para inscribir candidaturas se cierra este lunes).