Después de la pandemia, Baleares lo tiene claro: “No se puede crecer más”, ha defendido este martes la presidenta del gobierno regional, Francina Armengol, en referencia a la ley que espera sacar adelante el ejecutivo autonómico para frenar la creación de nuevas plazas turísticas en los próximos cuatro años.
El gobierno balear acordó hace unos meses la suspensión de la adquisición de plazas turísticas hasta 2026 en las islas de Mallorca, Ibiza, Formentera y Menorca, tanto de establecimientos alojativos como de viviendas de comercialización turística, un total de 18.718. La norma quedó encuadrada dentro de un decreto de medidas “urgentes” para la sostenibilidad y la circularidad del turismo en el archipiélago.
“La reciente legislación manifiesta la necesidad de llevar a cabo una transición ecológica de la economía y la transformación de los grandes sectores económicos del país”, apunta el texto. “Ponemos las fórmulas para tener un turismo de calidad”, ha remachado Armengol.
La disposición trae consigo una pregunta pertinente: ¿por qué Canarias no hace lo mismo? Especialmente cuando la consejera de Turismo del Gobierno de la comunidad, Yaiza Castilla, ha reiterado la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible, al igual que pretende hacer Baleares. Según los expertos consultados, la clave está en que el punto de partida de ambas autonomías no es similar.
“Baleares está haciendo un plan integral y coherente donde la moratoria tiene una cabida lógica. Ellos quieren reducir el número de turistas y pernoctaciones, pero no el ingreso y desde luego no el bienestar de la actividad”, aporta Matías González Hernández, doctor en Bienestar Sostenible, Innovación Ambiental y Valoración del Paisaje en el Turismo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
“Si tú les dices a los visitantes”, continúa González, “que están en un destino comprometido con el medioambiente, de recuperación de áreas protegidas, de mejora del sistema, depuración de aguas o tratamiento de los residuos, estás prestigiando el lugar. Digamos que Canarias va un paso por detrás en este sentido”.
El Ejecutivo de Armengol también adopta esta decisión, indica Noemí Padrón Fumero, miembro de la Cátedra de Turismo Cajacanarias-Ashotel y profesora de la Universidad de La Laguna, por la enorme presión turística que sufre entre los meses de abril y octubre, la temporada alta.
Baleares pasó de registrar 183.719 pernoctaciones turísticas en enero de 2019 a 10,8 millones en agosto de ese mismo año. Canarias, por su parte, siempre se mantuvo por encima de los cinco millones (salvo el mes de mayo) y solo en julio y agosto superó los seis. La estacionalidad en el archipiélago del Mediterráneo es mucho mayor.
“Si tenemos tanta demanda, lo que podemos hacer es aprovechar y no incrementar la oferta”, razona Fumero, “y de alguna forma dirigir esos recursos o esas inversiones disponibles hacia actividades turísticas o hacia la mejora del destino, lo que ayuda a su revalorización”. En Baleares, el aluvión de viajeros en verano es tal que a la población residente se le hace imposible encontrar piso.
“Falta vivienda para los trabajadores que vienen cada año. Con el boom del alquiler vacacional, casi toda la vivienda que los propietarios dedicaban antes a alquilar a los trabajadores ahora es arrendada por turistas”, dijo a elDiario.es el secretario de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Baleares, José García Relucio.
Para Fumero, Baleares ve en el crecimiento turístico una “amenaza” para otras infraestructuras locales. En Canarias, por otro lado, estamos aún “en la [dirección] contraria”. La Consejería de Turismo del Gobierno autonómico ha asegurado a este periódico que no está encima de la mesa una moratoria semejante, a pesar de haber fuerzas dentro del ejecutivo que la hayan reclamado durante la pandemia. Otras organizaciones civiles también la han solicitado recientemente justificando que “los intereses de inversores no pueden priorizarse sobre las necesidades sociales y económicas del Archipiélago”.
El Gobierno balear, por su parte, ha afirmado que durante los cuatro años que dure la norma evaluará toda la planta hotelera y determinará qué asentamientos pueden seguir en pie y cuáles no. En todo caso, esto “tiene que suponer una reducción del número de plazas”, añade el decreto.
La patronal turística no ha visto con malos ojos la suspensión de creación de plazas. De hecho, algunos empresarios la han recibido con los brazos abiertos. Fumero sostiene que lo hacen porque saben que la competencia se va a esfumar durante un tiempo y esto podría tener efectos sobre “la rentabilidad, la innovación y las expectativas que puedan poner en marcha nuevas estrategias que agraven los problemas que se quieren afrontar”, señaló la experta en un artículo difundido en El País tras publicar el estudio The economics and implications of moratoria on tourism accommodation development as a rejuvenation tool in mature tourism destinations.
Dos modelos parecidos y una oportunidad perdida
A priori, Canarias y Baleares cuentan con modelos casi idénticos. El turismo es el principal impulso financiero de ambas autonomías y durante la crisis sanitaria se ha podido observar cómo los indicadores económicos de las dos dibujaban curvas similares, ya sea de caída o recuperación, con el paso de los meses.
Pero en el propio nicho en el que los dos archipiélagos andan inmersos, existen grandes diferencias. Las pone de relieve un estudio publicado en la revista Current issues in Tourism, donde los investigadores destacan que hay “una fuerte brecha económica entre las dos regiones”.
Los resultados de la investigación muestran que Baleares es percibido como un destino más lujoso y que, en líneas generales, oferta un producto más diversificado que Canarias. “Estas cifras subrayan la importancia de centrarse en actividades turística de mayor valor añadido, lo que significa invertir en la calidad y la innovación de los servicios, mejorando las infraestructuras y preservando atributos naturales de las islas”, concluye el artículo.
En este sentido profundiza Antonio Garzón Beckmann, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Passau, Alemania, y especializado en turismo. “Tenemos lo que hemos trabajado. Aquí en el sur [de Gran Canaria], en Playa del Inglés, durante estos dos años se podría haber aprovechado para hacer muchas reclamaciones de calidad, como impulsar los centros comerciales obsoletos. Pero no se ha hecho nada”.
Matías González teme que se haya desperdiciado una oportunidad. “Esto no es sostenible a largo plazo y si cuando lleguen los recortes nosotros no hemos capitalizado la economía canaria, no hemos capitalizado la gobernanza, ¿a quién le vamos a pedir dinero? Ya no habrá a quién pedir. Y entonces ahí sí que lo tendremos complicado. Así que la tarea es hercúlea”, concluye.