Canarias dio el pistoletazo de salida a las protestas ciudadanas por todo el país contra el turismo de masas el pasado 20 de abril. A las manifestaciones en las ocho islas, a las que acudieron unas 200.000 personas (según los convocantes), siguieron otras similares en Baleares, Catalunya, Andalucía o Cantabria. Medios nacionales e internacionales se hicieron eco del malestar social que habían provocado no solo el turismo masivo, sino también un modelo de desarrollo que antepone las necesidades de ese sector a la calidad de vida de los residentes. Pero pese a que la ciudadanía de Canarias tomó la delantera en las reivindicaciones, su Gobierno aún no ha adoptado ninguna medida para equilibrar la balanza entre turismo y ciudadanía y es Baleares (el otro archipiélago español con grandes cifras turísticas) quien lleva la delantera en cuanto a políticas para proteger a los habitantes frente a una industria que no deja de crecer: tiene una tasa turística desde hace una década, fue la primera región en obligar a los hoteles a incorporar camas elevables, limitó el número de cruceros diarios en el puerto de Palma (Eivissa lo está valorando), se ha prohibido el alquiler vacacional en Palma, se va a limitar el número de visitas turísticas a la ciudad y ahora se estudia limitar el número de vehículos de alquiler en Mallorca (Formentera ya lo hace y Eivissa lo está tramitando), entre otras medidas.
El Gobierno de Canarias, muy señalado durante las protestas de abril, decidió entonces formar cinco mesas de expertos y darles seis meses para que elaboraran una batería de medidas a adoptar en pos de un futuro más sostenible para las islas y abordar el llamado Reto Demográfico.
Dichas mesas, tachadas de “opacas” por las organizaciones convocantes de las protestas, estaban formadas por representantes de los ayuntamientos y cabildos insulares, el Gobierno canario y un centenar de expertos que el propio Ejecutivo consideró oportuno invitar, pero no se contó con ninguna organización de las decenas de colectivos ciudadanos y medioambientales que organizaron el 20-A en el archipiélago.
El resultado de las deliberaciones se dio a conocer la semana pasada en un documento titulado 51 medidas para la Canarias del futuro. Afrontar el reto demográfico y el desarrollo sostenible, un texto que vio la luz coincidiendo con una nueva convocatoria de protestas contra el modelo de desarrollo en las Islas.
Al documento se le pueden hacer aportaciones mientras siga abierto el proceso participativo online.
Sin embargo, el texto que salió de las mesas de expertos no incluye ninguna de las principales reivindicaciones del 20A, como son una moratoria turística, es decir, que no se establezca ni una sola plaza turística más en las Islas, ni la ecotasa. Además, entre las 51 medidas, tal y como ha criticado el presidente de Nueva Canarias-BC, Román Rodríguez, en un artículo de opinión difundido este sábado, hay “demasiadas generalizaciones” y ninguna propuesta “que aborde la raíz del problema: el crecimiento poblacional, el modelo de desarrollo y la permanente desigualdad y pobreza”.
Entre las 51 medidas se insta a crear mesas, observatorios y estudios, pero no se pone ningún límite al turismo y a la llegada de nuevos residentes, tal y como reclamó la ciudadanía en abril.
El Gobierno canario de CC-PP ha dejado claro en diversas ocasiones, y con variados argumentos, que está en contra de la implantación de una tasa turística. Uno de los motivos esgrimidos por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, fue que no se quería “saquear a los canarios” con un nuevo impuesto. Lo dijo unas semanas antes de anunciar un nuevo gravamen: el céntimo forestal, que ya ha sido rechazado por varios cabildos.
Baleares sí pone límites
Mientras tanto, en el otro archipiélago español (también muy turístico), Baleares, sí existe una tasa turística desde hace una década. Y no solo eso, sino que las administraciones baleares, ya sean regionales o insulares, han ido avanzando en los últimos años, bajo distintos signos políticos, en pos de ir limitando la industria turística para proteger no solo el entorno, sino el bienestar de los residentes.
Una de las últimas medidas consiste en establecer un límite a los vehículos de alquiler y a los que llegan por barco desde la Península en temporada alta. Esta iniciativa ya ha sido aprobada en Formentera y desde junio se está tramitando para Eivissa. Ahora, esta misma semana, el Consell de Mallorca (similar a un cabildo insular) anunció que también presentará una proposición de ley al Parlament dirigida a regular la entrada de vehículos en la isla, establecer un número máximo de coches de alquiler que puedan acceder y crear una tasa disuasoria para los coches que no tributen en Baleares en los meses de temporada alta.
Así lo ha anunció el miércoles el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, del PP, en una rueda de prensa en la que dio a conocer el Estudio de Carga de la Red Viaria de Mallorca. Ese documento revela que en 2023 entraron por los puertos de Mallorca 379.000 vehículos, una cifra equivalente al 40% de los automóviles que tienen los residentes de la isla. En la isla la tasa de vehículos es de 900 coches por cada 1.000 habitantes, la más alta de España, y esa cifra aumenta durante el verano, cuando la población llega a duplicarse. Cabe señalar que La Palma tiene una tasa similar.
El objetivo del Consell es frenar los problemas de saturación en las carreteras de la isla, que sufren aglomeraciones y atascos, principalmente durante los meses de julio y agosto.
Esta es solo la última de una larga lista de iniciativas aprobadas en el archipiélago mediterráneo alineadas con la limitación y control de la actividad turística, especialmente de aquella que altera la convivencia con los residentes. Los pasos, además, se están dando cada vez con mayor premura. De hecho, el pasado mes de septiembre la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), anunció que habrá medidas contra la masificación turística antes de que comience la próxima temporada turística y admitió que algunas decisiones requieren “premura” y que es “imprescindible” que algunas iniciativas se pongan en marcha antes de la próxima temporada “sabiendo de la prisa de la ciudadanía”.
Canarias, a otro ritmo
En Canarias, donde empezaron las protestas, el ritmo es otro y no está previsto que cambie nada a corto plazo. De hecho, como denunciaron las organizaciones convocantes de las protestas, si se ha pisado el acelerador no es para controlar al turismo, sino para todo lo contrario, que el sector siga creciendo. “Ninguna de las reivindicaciones de las manifestaciones de hace medio año han sido atendidas ni parece que el Ejecutivo regional empuje para avanzar por esa vía, sino que, al contrario, los políticos han pisado el acelerador de la destrucción tras el 20 de abril”, afirmaron días antes de volver a protestar el pasado 20 de octubre.
En Canarias también se dan situaciones similares a los atascos de Mallorca, con problemas de movilidad debido al elevado número de vehículos, sobre todo en la isla de Tenerife, la más poblada, la que más turistas recibe y la que más vehículos presenta (casi 800.000 coches para 950.000 habitantes, una de las ratios más elevadas de Europa, según datos de 2023). Un ejemplo de ello se da en las carreteras de Anaga, donde los atascos provocados por las guaguas turísticas y los coches de alquiler, más los residentes, son recurrentes pese a ser un Parque Rural Protegido. Con datos de 2023 publicados por el Instituto Canario de Estadística, en el Archipiélago hay 1,9 millones de vehículos para una población de 2,2 millones de habitantes, es decir, 821 coches por cada 1.000 habitantes.
Sin embargo, las 51 medidas de los expertos tampoco concretan ninguna solución a esta problemática ni establecen ningún límite, por ejemplo, a los vehículos de alquiler, que son casi 100.000 en todo el archipiélago.
Mientras tanto, los visitantes siguen llegando a Canarias a razón de más de un millón al mes y con unas previsiones que indican que en este 2024 se batirá de nuevo el récord de llegadas, con 18 millones de visitantes. También sigue aumentando el crecimiento poblacional, y por ahora tampoco hay en el horizonte cercano ninguna política para frenarlo.