El Gobierno de CC-PP descarta, de nuevo, una tasa turística porque “repercutiría en los residentes”

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León (PP), ha descartado, una vez más y con los mismos argumentos ya utilizados anteriormente y ya superados en otras regiones turísticas, la implantación de un impuesto o tasa turística en las Islas, como ya aplican numerosos destinos por todo el mundo, porque “repercutiría en los residentes” del archipiélago y señaló que el Ejecutivo regional “no” quiere subir los impuestos a la clase media trabajadora de las islas. Cabe recordar que hace apenas un mes este mismo Gobierno canario creó un nuevo impuesto, el llamado céntimo forestal.

De León ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario que con el impuesto turístico “no es posible exceptuar a los residentes en Canarias”. En este sentido, incidió en que el Gobierno de Canarias “ha sido claro y no” quiere subir los impuestos a la clase media trabajadora del archipiélago y “mucho menos por que haga turismo” en las islas.

La consejera regional de Turismo apuntó que, además, “hay distintas sentencias del Constitucional que así lo avalan” e “intentos de esta comunidad autónoma de sancionar” a los residentes en Canarias a través de “distintos tributos que pretendían impulsar esta comunidad autónoma donde el Constitucional fue claro y dijo que los canarios también tenían que pagar ese impuesto turístico”.

Agregó que en todas las mesas que se ha tenido sobre el reto demográfico y fiscalidad (las llamadas mesas de expertos creadas por el Gobierno tras el 20A) “ninguno” de esos expertos propuso esa medida como una acción que tuviese que impulsarse en Canarias y en el trámite de participación. Cabe señalar que esas mesas tampoco recogieron en sus conclusiones ninguna política que suponga poner límites al turismo, tal y como pedían las masivas protestas ciudadanas del 20A y del 20O. De hecho, tanto el PSOE como el movimiento ciudadano nacido tras el 20A, Canarias Palante, han criticado a las mesas de expertos y sus 51 conclusiones por no haber “escuchado” a la sociedad, por haber sido “opacas” y ser, en definitiva, una “farsa” porque no hubo en ellas “ninguna representación de la ciudadanía ni de los colectivos sociales y ecologistas de las islas”. Y mientras que el Gobierno solo reunió 60 propuestas ciudadanas, el colectivo social y ecologista tras el 20A logró más de 2.000, siendo las principales la imposición de una tasa turística y una moratoria a la construcción de nuevas camas hoteleras.

Jessica de León consideró que se puede “avanzar mucho” en ecotasas impuestas y que “reviertan directamente” en los espacios naturales protegidos, así como en los entornos, si bien consideró que impulsar ese impuesto turístico a las estancias en Canarias, que “pagarán, sin ninguna duda, los canarios”, implicaría “subir los impuestos a los canarios, además perjudicando precisamente a las islas no capitalinas” y a “las Islas Verdes, cuyo principal mercado emisor son los canarios”. Es decir, rechaza que un canario pague una tasa por quedarse en un hotel mientras defiende que ese mismo canario pague por visitar un paisaje natural en su propia isla.

Añadió que este impuesto “no sería finalista, que es otra de las cuestiones que defendía Nueva Canarias y el Partido Socialista”, ya que dijo que como en otras comunidades autónomas “esto va a una bolsa común que nada tenía que ver con lo que inspiró esa ley, con el reflejo en lo que se ha ido ejecutando”. Cabe señalar que el impuesto se dedicaría a lo que decidiese el Gobierno de turno, con lo que aunque no sea finalista, sí puede destinarse a costear, por ejemplo, la gestión de residuos generados en zonas turísticas, mantenimiento de zonas protegidas, carreteras, depuración de aguas, etcétera, como ya ocurre en otros territorios, como Baleares.