A la hora de afrontar el crecimiento imparable de las cifras turísticas y la llamada turistificación de algunas zonas, destinos como Baleares y Barcelona optaron en un momento dado por “parar y pensar” cómo afrontar la situación y, tras ello, hacer “políticas valientes”, como establecer moratorias o límites. Es la experiencia que compartieron David Bondia, del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Barcelona, y Iago Negeruela, exconsejero de Turismo de Baleares, en el I Foro Internacional de debate Presente y Futuro del Turismo en Canarias. Junto a ellos conversó José María Romero, investigador del proyecto EMCROTUR de la Universidad de Málaga, quien, como experto en efectos del turismo masivo y sostenibilidad, alertó de que el bum del turismo “es una nueva pandemia”, con efectos “mucho peores de lo que imaginamos”.
Bondia comenzó explicando la función del Síndic: “No estamos ni para alabar ni para maldecir al turismo. Lo que hacemos es garantizar el derecho a la ciudad y los derechos humanos de proximidad. Cuando nos entra una queja relativa a un ciudadano de Barcelona o a un turista [es decir, tanto por parte de habitantes como de personas en tránsito por la ciudad] que implica a la administración es cuando nos tenemos que pronunciar”.
La característica de Barcelona, detalló Bondia, es que tiene 1,7 millones de residentes, pero cada día hay 2,7 millones de personas en la ciudad, muchos de ellos turistas. La ciudad condal “fue abanderada” del intento de regulación del alquiler vacacional porque en su momento adoptó el PEUAT (Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico). “Es una forma de planificar la ciudad teniendo en cuenta que hay zonas muy tensificadas y densificadas”, relató.
“Se puso un límite a las viviendas vacacionales y que hubiese un reparto más equitativo por la ciudad, para que no todas estuvieran en el centro”. Este PEUAT solo duró hasta 2020 porque el sector turístico y el sector empresarial lo recurrieron en los tribunales y finalmente fue declarado nulo, explicó.
Desde 2022 hay un nuevo plan urbanístico que regula todos los alojamientos turísticos de la ciudad, tanto hoteles, como albergues, hostales y pensiones, residencias de estudiantes reconvertidas en alojamientos turísticos, hogares compartidos (familia alquila habitaciones) y, por supuesto, las viviendas turísticas. Lo hace por zonas, de manera que en la zona 1 no se puede construir más, en la zona 2 se mantiene lo existente, en la zona 3 se puede crecer solo si hay bajas en las zonas 1 y 2, y la zona 4 incorpora unos barrios con características propias. “El diseño intenta buscar un equilibrio entre residentes y turistas”, aclaró.
Además, hizo hincapié en que respecto a las viviendas vacacionales hay que distinguir entre las que tienen licencia y las que no. “En esto Barcelona lo está haciendo muy bien. Hay un equipo de informadores y una web para saber quiénes tienen y quiénes no”. Pese a todo esto, siguen proliferando y muchas, sin licencia.
El objetivo, incidió, es decrecer en el numero de licencias porque este tipo de alojamientos afecta a la convivencia con los vecinos: “Ahí es donde intervenimos”.
Desde el Síndic del Greuges han identificado varios “derechos fundamentales para los residentes que se han visto alterados por la mala gestión del turismo”. Es decir, el turismo masivo atenta contra los derechos de los residentes. Se trata del derecho a una convivencia pacífica, el derecho al espacio público, el derecho a la vivienda, el derecho al descanso, el derecho a la movilidad, o el derecho a la seguridad.
Respecto a las protestas en Canarias por el 20A, Bondia señaló que la gente cuando se moviliza sabe por qué lo hace, en referencia a quienes han afirmado que eran tantas las peticiones en aquellas protestas que no se sabía qué se reclamaba: “Movilizarse es un aspecto positivo porque genera reacciones y nos ayuda a actuar”. Por ello, como propuesta para mejorar la convivencia turismo-residente, expuso que “hay que poner a los cuidando en el centro, y dejar de hablar de turismofobia y hablar de ciudadofilia, amor a la ciudad. Las personas son el centro de todo”.
“Parar y pensar”
En Baleares la tasa turística, o el impuesto turístico, lleva implantado ocho años y cuando hubo un cambio en el Govern no se derogó. “Eso demuestra que ha funcionado. Se han recaudado más de 800 millones con ese impuesto, que se han dedicado a numerosas cuestiones, como construir vivienda o mejorar espacios”. Por ello, añadió Iago Negueruela, hay que hacer “políticas valientes”, pese a las fuertes críticas que se reciben al principio. “También pasó con la moratoria turística”, relató, que fue duramente criticada por el sector y por la oposición de entonces en el Govern.
“Si se habla de gestionar y se quiere que venga más gente hay que tenerlo en cuenta para las carreteras, por ejemplo. Así que decidimos que no hubiese más plazas turísticas” mientras se gestionaba lo demás. Es decir, en Baleares se optó por “parar y pensar; no parar para pensar mientras todo crece”, alertó. “Ni la tasa ni la moratoria han tenido consecuencias negativas para el sector”, aclaró.
Además, Negueruela detalló que cuando dirigía la Consejería de Turismo de Baleares intervinieron “fuerte” para mejorar los salarios en el sector, y también para obligar a cambiar las camas de los hoteles por unas elevables, como pedían las camareras de piso. Así la perspectiva social sobre el turismo “se integra mejor”, explicó: “Eso es también mejorar el mensaje, ver qué se exige, y no solo pensar en que se comunica mal, sino que a lo mejor no se da lo que la sociedad reclama”, argumentó, en relación tanto a las protestas del 20A como a quienes en la industria turística consideran que la percepción de la sociedad respecto al turismo es negativa porque no se han comunicado bien los logros.
Negueruela añadió que hay otro debate, además del turístico: el crecimiento poblacional. “Si hay segunda vivienda, viviendas vacacionales y hoteles, los trabajadores del sector no encontrarán vivienda. No podemos seguir con una turistificación que afecta a todo y que somete a mucha presión a los ciudadanos en las ciudades”, insistió.
El exconsejero de turismo incidió en que otro de los límites impuestos en Palma fue a los cruceros: “Solo tres al día aunque hay capacidad para ocho”.
Negueruela continuó explicando que el debate ahora en Baleares es qué reducción de plazas tiene que hacer el archipiélago, ya que cada vez la temporada turística dura más por el calor, e incluso compite con Canarias en algunos meses del año. Por ello, animó a tomar “decisiones valientes” respecto a la viviendas vacacionales.
“El turismo seguirá creciendo porque se ha convertido en un bien de primera necesidad en algunos países”, dijo. Por eso “el debate real es que hay que limitar y reducir. La sociedad lo está pidiendo. Lo que la gente reclamaba (tanto en el 20A como en Baleares recientemente) era principalmente la vivienda, con limitación a los alquileres. En definitiva, expuso, hay que garantizar derechos básicos, que el turismo aporte más y que las administraciones gestionen mejor.
“Una nueva pandemia”
José María Romero expuso la situación en Málaga y afirmó que es “especial” porque está muy atrasada en cuanto a regulación. “Ahora solo se busca incrementar el número de visitantes, con proyectos de rascacielos por la ciudad y mercantilización, incluso de los museos. También hay una gran proliferación de viviendas turísticas. De 2016 al 2023 han aumentado en más de un 2.000% en el centro de Málaga, o sea, que en el centro hay mas plazas turísticas que residenciales”.
La consecuencia, continuó, es que se ha perdido población en el centro histórico. “Esa turistificación crea un exceso enorme en los precios del alquiler, pero también molestias en los espacios públicos y en la vida diaria de los habitantes. Las viviendas vacacionales se están extendiendo por todo el litoral, con una perdida del 14% en las zonas costeras”, relató.
Y añadió que incluso él, pese a ser investigador en la materia, se quedó “sorprendido” cuando comprobó las cifras reales de viviendas vacacionales. “No somos conscientes de lo que está pasando”, alertó. “Es una nueva pandemia, la situación es tremendamente grave y afecta a muchos sectores, no solo a los residentes”.
Romero expuso que en Málaga, “por desgracia, no se está haciendo mucho contra la turistificación de la ciudad”. Las consecuencias, insistió, “serán tremendamente graves. Nos cuesta entender la velocidad de lo que está ocurriendo”.
Por ello, animó a pensar qué futuro se quiere. En esta línea, afirmó que uno de los escenarios es el colapso; otro es “el decrecimiento ordenado”.
Tanto a él como a su grupo de expertos en la Universidad malagueña les pareció que “el 20A fue un punto de inflexión” y tras él ya “ha habido protestas también en Baleares y ahora las habrá en Málaga”. Por ello, insistió: “Hay que replantearse las cosas de otra manera, no esperar al colapso”.