El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el PP, con el apoyo de los grupos minoritarios AHI y ASG, afirmó tras las históricas manifestaciones del 20 de abril en contra de un modelo de desarrollo en las Islas basado en el turismo de masas que escucharía las reclamaciones que se gritaron simultáneamente en las ocho islas del archipiélago (y más allá): más protección en los entornos naturales de las islas e incluso una ley de residencia para controlar el desmedido aumento de la población en los últimos años, pasando también por una tasa turística que costee los gastos que conlleva recibir a más de 16 millones de visitantes cada año, como la gestión de los residuos sólidos, la generación de energía o la depuración de aguas, así como la vigilancia y protección de los parajes naturales del archipiélago. Y lo más importante, una moratoria a la construcción de nuevos hoteles y a las viviendas vacacionales. En resumidas cuentas: que se pusieran límites a la llegada masiva de turistas y se cambiase el modelo actual por uno más respetuoso no solo con la naturaleza isleña, sino con los residentes y sus espacios.
Pero cuando acaban de cumplirse cinco meses desde aquellas protestas del 20A, el debate sobre el modelo turístico, para alivio de las administraciones públicas canarias, ha desaparecido de los titulares y tertulias, enterrado bajo una nueva emergencia, la migratoria. La atención a 6.000 niños que por distintas circunstancias (muchas veces, por la muerte de quien les acompañaba) han llegado a las islas sin ningún adulto que se haga cargo de ellos se ha convertido en el caballo de batalla de este Gobierno canario y del PP nacional con el Gobierno central, hasta el punto de que el asunto migratorio es ya una de las cuestiones que más preocupa a los ciudadanos, según el CIS.
Y así, con el debate político canario centrado desde antes del verano en la cuestión migratoria, pasan casi desapercibidas declaraciones como las hechas este miércoles por la consejera de Turismo del Gobierno canario: ni habrá moratoria al alquiler vacacional ni habrá tasa turística. Los argumentos de Jessica de León (PP) para cerrar la puerta, una vez más, a estas dos reivindicaciones son que ya regularán este tipo de alojamientos los ayuntamientos y que no se quiere “saquear” a los canarios, respectivamente; unas palabras que cinco meses atrás habrían provocado una ola de reacciones pero que hoy quedan sepultadas en la batalla política que el Ejecutivo de Clavijo mantiene con el Estado por la atención a los menores migrantes.
Desde que la ciudadanía se echó a la calle a pedir límites a la industria turística y políticas que protejan a los habitantes de Canarias y a las islas en sí nada ha cambiado en el Archipiélago: el Gobierno regional ha dado licencias para construir nuevos hoteles en varias islas, se han reactivado las obras en Cuna del Alma tras conceder el Ayuntamiento de Adeje (PSOE) licencia de obras, se ha retomado también el polémico Circuito del Motor en Tenerife, y también el hotel de La Tejita sigue adelante. Además, cada mes se superan las cifras de llegadas de turistas respecto a hace un año, mientras se dispara el gasto de los visitantes y la industria sube los precios, impulsando en verano el IPC.
Al mismo tiempo, Canarias ha renovado el dudoso honor de tener los segundos sueldos más bajos del país, mientras la hostelería, en el conjunto del país, acapara las remuneraciones más bajas.
La resaca del 20A
El Gobierno canario aseguró que había escuchado al 20A y que incluso estaba cumpliendo con sus reivindicaciones. Pero solo cuatro días después de las manifestaciones los cuatro grupos que sustentan al Gobierno canario (CC, PP, AHI y ASG) rechazaron en el Parlamento una moción del grupo Nueva Canarias-Bloque Canarias (NC-BC) que incluía siete medidas para controlar el crecimiento turístico y que recogía muchas de las reivindicaciones del 20A. Solo una de las propuestas salió adelante (instar al Gobierno a cobrar por entrar en determinados espacios naturales de Canarias), y el resto, entre ellas la moratoria y la tasa turística, fueron rechazadas.
Cinco meses después se está preparando una la Ley de Alquiler Vacacional, pero esta ha recibido ya más de 3.000 alegaciones e incluso la Fundación César Manrique considera que el texto merece una enmienda a la totalidad. Entre otras cuestiones, expertos consultados por este periódico consideran que lejos de reducir el número de viviendas vacacionales, abre la puerta a que se multipliquen, reduce los requisitos para constituirlas y no dedica ningún esfuerzo a controlar que se cumple la legalidad.
Un mes después del 20A, la oposición al Gobierno ya le afeaba el no haber adoptado “ni una sola medida” en los cuatro consejos de Gobierno celebrados desde las manifestaciones que respondieran a esas reivindicaciones, y sí una para aumentar en casi mil las camas hoteleras en Fuerteventura. “Ni una sola medida, la política de antes y de ahora es la misma, no varía nada, anuncio tras anuncio”, denunció entonces Sebastián Franquis.
Eran días en los que el debate parlamentario estaba muy focalizado en cuestionar y tratar de mejorar el modelo de desarrollo de Canarias.
Este viernes se celebra el Día Mundial del Turismo y las Islas van camino este 2024 de pulverizar todos sus registros históricos de llegadas e ingresos. Mientras, el turismo masivo sigue pasando factura a la convivencia con los residentes, como en la localidad costera tinerfeña de Bocacangrejo, que intenta atraer a menos visitantes, o en el sur de Tenerife, donde residentes son acosados para dejar sus viviendas de alquiler para que estas entren en el negocio turístico. Pero el foco político está en otra parte.